Las multas por 10,2 millones de pesos que el Gobierno le impuso a Aguas Argentinas por sus múltiples incumplimientos en la prestación del servicio quedarán en suspenso desde hoy. A las 11 de la mañana, Roberto Lavagna y Julio De Vido recibirán en la Casa Rosada al presidente de la concesionaria, Yves Thibault de Silguy, para cumplir con la firma del Acta Acuerdo que establece las bases para la renegociación del contrato. El artículo 21 de ese entendimiento suspende la aplicación de las multas hasta tanto se complete el proceso. A pesar de ello, la empresa mantiene el juicio contra el Estado argentino por la devaluación que inició ante un tribunal internacional. Otros puntos del acuerdo son el congelamiento de las tarifas hasta fin de año y un plan de obras por 242,8 millones de pesos durante todo 2004.
El secretario de Relaciones Exteriores de Francia, Renaud Muselier, asistirá al acto, en una demostración del interés del gobierno de su país por la suerte de la empresa. Aguas Argentinas está controlada por la francesa Suez. Lavagna almorzó ayer con los principales ejecutivos de la compañía, incluido De Silguy, quien viajó especialmente para la firma del Acta Acuerdo. El ministro de Economía intervino activamente en favor del convenio, que durante largos meses estuvo cerca de irse a pique. El año pasado, pero sobre todo a comienzos de éste, el Gobierno amagó con anular la concesión. En lugar de eso, finalmente prefirió frenar las sanciones y sentarse a armar un nuevo contrato.
Fuentes que conocen la situación de cerca señalaron a Página/12 que Lavagna le pidió a Kirchner adoptar la vía negociadora para asegurar la continuidad del voto favorable a Argentina del representante francés en el directorio del FMI. El canciller Rafael Bielsa habría opinado en el mismo sentido.
A diferencia de otras privatizadas, con Aguas Argentinas hizo falta una instancia previa a la renegociación del contrato. La intención central del Gobierno era forzar a la compañía a suspender el juicio que tramita en Washington ante el Ciadi, un tribunal internacional al que adhirió Argentina en los ‘90, aceptando su competencia para arbitrar en diferendos entre el Estado y los prestadores privados de servicios públicos. Fue una más de las concesiones de Carlos Menem. Aguas Argentinas, al igual que la mayoría de las privatizadas, recurrió allí tras la devaluación y pesificación de las tarifas, que las empresas interpretan como una violación de los contratos.
El problema de Aguas era que ofrecía muchos flancos débiles, debido a sus repetidos incumplimientos en la explotación del servicio. El Gobierno tenía elementos suficientes para rescindir el contrato. En lugar de avanzar por ese camino, el Ejecutivo decidió negociar la suspensión del juicio a cambio de la continuidad de la concesión. El objetivo era mostrarlo como un caso testigo. Pero la empresa se puso firme y, sobre todo, consiguió el decisivo respaldo del gobierno francés.
En definitiva, el Acta Acuerdo establece que la compañía suspende la discusión de fondo en el Ciadi –si hubo o no incumplimiento de contrato por la pesificación de las tarifas–, pero continúa con los otros trámites procesales. En los hechos esto es un triunfo para la concesionaria, ya que el tema de fondo se discutirá, de cualquier modo, recién el año que viene. Así lo había fijado el Ciadi desde un principio.
En once años de concesión, Aguas Argentinas acumuló multas por 32,2 millones de pesos. De ese total, 10,2 millones fueron impuestos durante la gestión de Kirchner. Con Eduardo Duhalde como presidente, la empresa había sido sancionada por sólo 626 mil pesos. Sin embargo, la compañía no pagó la mayor parte de esas multas, pues consiguió bloquearlas apelando ante la Justicia. Ahora, el Acta Acuerdo determina la suspensión del cobro hasta que se renegocie el contrato. Todo parece encaminado a repetir la experiencia de la década pasada, cuando las privatizadas no pagaban lasmultas y después arreglaban todo en permanentes renegociaciones de los contratos.
Otro punto del Acta Acuerdo es que el Gobierno seguirá pagando los intereses de un crédito que Aguas Argentinas tomó del BID y que dejó de cubrir desde que cayó en default, en 2002. Desde entonces, el Estado está desembolsando dinero al organismo internacional debido a que el crédito tenía el respaldo argentino. La empresa tendrá que devolver la plata adelantada. El Acta no especifica los montos. Aguas compensará una parte de esa deuda con lo que, a su vez, el Estado le debe por falta de pago de distintos organismos públicos. Este monto sería muy inferior al del compromiso de la compañía.
El Acta también dispone que la empresa y el Gobierno conformarán un Comité de Acción para encarar obras de saneamiento cloacal en Berazategui, tal como lo dispuso un fallo judicial. Aguas, de todos modos, apeló esa medida ante la Corte Suprema.