Jue 13.07.2006

EL PAíS  › DURO DEBATE EN EL SENADO POR EL PROYECTO DE REDISTRIBUCION DE PARTIDAS

Como perro y gato por los superpoderes

El oficialismo en el Senado se aprestaba anoche a dar media sanción al proyecto de atribuciones especiales, o superpoderes, para el jefe de Gabinete. La voz cantante del proyecto la llevó Cristina Fernández de Kirchner, quien tuvo varios cruces con la oposición. El radicalismo anticipó que irá a la Justicia para impugnar la iniciativa.

› Por Eduardo Tagliaferro

El ruido y el debate político se impusieron al estudio del proyecto por el que el Gobierno pretende modificar la Ley de Administración Financiera. La ley ya es conocida como la de los “superpoderes”, pero el oficialismo la prefiere denominar “de atribuciones especiales”. “Para que no digan que no escuchamos a nadie, aceptaremos que la reasignación de partidas no pueda ser afectada a gastos reservados para la SIDE”, destacó la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Al cierre de esta edición, el kirchnerismo se aprestaba a obtener la media sanción de la norma. El argumento de la primera dama apuntó contra la oposición, contra los medios de comunicación y contra quienes definieron a la ley como la suma del poder público, comparando el comportamiento del Gobierno con posiciones dictatoriales. El jefe de la bancada radical, Ernesto Sanz, adelantó que recurrirán a la Justicia para invalidar la ley. La ausencia del radical independiente Rodolfo Terragno no dejó de resultar inexplicable, habiendo sido uno de los principales críticos del proyecto.

El oficialismo no mostró dudas. Para que quedaran en la versión taquigráfica y en la transmisión televisiva, el chaqueño Jorge Capitanich las redujo a títulos. Insistió con que los superpoderes, o atribuciones especiales, “no son facultades delegadas. No representan la suma del poder público. No es cierto que se afecte la democracia plural. No es cierto que haya cambios sistémicos. No es cierto que habrá asignación a gastos reservados. No es cierto que se afecte el carácter republicano”. No dijo más y en verdad no hacía falta. Ya había quedado claro.

La sesión recién comenzaba. Antes de Capitanich, presidente de la Comisión de Presupuesto, el único que había hecho uso de la palabra había sido el titular de la bancada mayoritaria, Miguel Angel Piche-tto. Lo había hecho para reclamar el cierre de la lista de oradores antes de que comenzara el debate, algo novedoso tratándose de plenarios políticos, pero repetido en las cámaras legislativas, más en el Senado, donde los números le sonríen al kirchnerismo.

La senadora Cristina Fernández se sintió obligada de comenzar explicando que no había esquivado el reglamento en la anterior sesión –donde defendió el proyecto de reglamentación de los decretos– al hablar por durante más de tres horas, en dos tandas. Recordó que en un acuerdo de Labor Parlamentaria se había establecido que los miembros informantes y jefes de bloque no tendrían límites en sus exposiciones. Lo hizo volviendo a criticar a los periodistas parlamentarios algo que, por los minutos que le dedica en sus discursos, parece obsesionarla.

Al igual que la semana pasada, a la primera dama se la pudo ver rodeada de carpetas, artículos periodísticos y materiales de archivo. En las casi dos horas que empleó esta vez para exponer la posición del oficialismo, Fernández de Kirchner puso el acento en mostrar que la iniciativa no afecta la división de poderes ni representa un retroceso institucional.

También se detuvo en el debate que el proyecto había tenido en la comisión de Presupuesto. De esa versión taquigráfica, destacó las palabras del radical jujeño Gerardo Morales respecto a la división de poderes. Señaló que la división de poderes “no sólo en Argentina, sino en Occidente, se basa en el derecho de propiedad”. Se remontó a los movimientos que en Inglaterra dieron origen a la Carta Magna. “Yo sé que el señor Morales es contador y tal vez por ello no escuchó hablar de Juan Sin Tierra.” La mención apuntaba a que “la división de poderes no estaba para que los legisladores pudieran ser autónomos sino para que defendieran la vida y los bienes de los ciudadanos”. Aquí subrayó que “en nuestro ordenamiento se defiende más la propiedad privada que la vida de los ciudadanos”.

Recordó su oposición a la derogación de la Ley de Subversión Económica y en como ésta fue reflejada por los medios. Contrastó algunas de esas crónicas con las del estallido que produjo la caída de Fernando de la Rúa. “Aquí hubo 50 muertos”, dijo al hablar de las 32 personas que fallecieron por la represión policial en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Otro de los ejes de argumentación utilizados por la senadora fue el de diferenciar los superpoderes que se le concedieron al ex ministro Domingo Cavallo en el gobierno de la Alianza, de las atribuciones que ahora reclama el Gobierno. Siempre recurriendo a la lectura de los diarios, señaló que en dos ocasiones Eduardo Duhalde modificó por decreto de necesidad y urgencia la Ley de Administración Financiera y ello “no apareció en ninguna crónica periodística”. “Todo esto porque queremos modificar un artículo de los 137 artículos que tiene esta ley”, resaltó la primera dama. La senadora también discrepó con la interpretación que los senadores radicales hicieron de la reforma constitucional del ’94. Dijo que lejos de querer atenuar el presidencialismo, el objetivo de esa Constituyente, era “repartir el poder: garantizar la reelección y el tercer senador”.

El guante tirado por Fernández de Kirchner lo recogió Morales, quien junto al titular del bloque radical, siguieron atentamente desde sus bancas el discurso de la senadora. Morales refutó los dichos del Jefe de Gabinete sobre que la reasignación de partidas afectaría a 15 mil millones de pesos. Entre subestimaciones de créditos y aplicaciones financieras calculó que la cifra superaba los 100 mil millones. Refutó la interpretación de la historia reciente que hizo Fernández de Kirchner y recordó un proyecto firmado por ella cuando era diputada provincial en Santa Cruz, en el ’92, en el que exhortaba la pronta privatización de YPF.

El socialista Rubén Giustiniani diferenció el impacto de esos poderes en el presupuesto nacional del que maneja la Municipalidad de Rosario. “Si fuera contadora, la senadora tal vez no se hubiera equivocado y no hubiera dicho que el presupuesto de Rosario es de 500 millones de dólares. Son pesos y no es lo mismo”, dijo antes de adelantar su negativa a la iniciativa.

El radical Sanz se mostró enfático en el rechazo. “Quieren hacer uso, abuso y ostentación del poder”, lanzó, luego de enumerar las muchas posibilidades que le abría la modificación que ayer votó el oficialismo. “Se manejan con semejante discrecionalidad y todavía van por más”, bramó.

El debate continuaba cuando la medianoche nublaba a los senadores. Restaba la votación. Algo que no auguraba muchas sorpresas.

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