Las últimas reivindicaciones laborales han mostrado una mayor actividad gremial que busca una recomposición de ingresos y una recalificación de las categorías. En diálogo con Cash, el sociólogo Julio Godio explica los factores, las características y las consecuencias del actual aumento de los reclamos en el mercado de trabajo y los impactos en las propias centrales sindicales.
¿Qué factores inciden en el actual incremento de los reclamos salariales?
–El gobierno de Kirchner ha mostrado capacidades y necesidades para mejorar los niveles de ingresos. La economía va a crecer alrededor del 8 por ciento anual, hay superávit primario y voluntad del Gobierno de ampliar el mercado interno y mejorar los niveles de ocupación y de ingreso. Frente a esta convergencia, los trabajadores se sienten más seguros para entrar en la escena y recomponer sus salarios. Se puso en movimiento un doble proceso: los trabajadores exigen una recomposición salarial y el Gobierno está atendiendo esos reclamos vía decretos.
¿Por qué vía decreto?
–La negociación colectiva es la mejor herramienta para los trabajadores, no sólo para discutir las remuneraciones sino las condiciones de trabajo. Además, mide el grado real de relaciones laborales de un país. Como tenemos un capitalismo enfermo, el sector empresario y el Estado trataron de eludir la negociación colectiva y eligieron el camino del decreto.
¿Cómo caracterizaría las últimas movilizaciones sindicales?
–Este proceso está signado por movilizaciones desde las bases sindicales. Dado que las centrales sindicales –principalmente la CGT– fueron muy cautelosas después de los sucesos de diciembre de 2001 y se cuidaron de no colocar al movimiento sindical como actor principal en una escena de grandes dificultades para salir del default.
¿Qué dinámica se dio en las últimas reivindicaciones entre las bases y las cúpulas sindicales?
–En algunos gremios hubo cierto grado de resistencia a los dirigentes sindicales tradicionales. Se dio en el de la alimentación y desde hace tiempo entre los subterráneos, donde el cuerpo de delegados se mantiene dentro de UTA pero tiene un comportamiento político independiente de la dirección. En el sector público, algunas huelgas no son canalizadas por los sindicatos oficiales. Pero lo dominante es que las presiones se viabilizan dentro de los sindicatos y son impulsadas por los dirigentes tradicionales. La estabilidad política de los dirigentes sindicales es mucho mayor que la de los partidos. Y sería una ilusión pensar que se van a producir mutaciones bruscas.
¿Cree que es necesaria esa mutación?
–Toda organización necesita mutar. Los sindicatos no son la excepción.
¿Qué efectos puede generar al interior del movimiento sindical la distancia entre las bases y las direcciones tradicionales?
–Los sectores sindicales opuestos a los dirigentes tradicionales pertenecen a partidos de izquierda con baja representatividad entre los trabajadores y en la propia sociedad. Esos grupos están muy lejos de tener capacidad para producir desplazamientos. Lo que sí podría ocurrir y preocupa al Gobierno es que se den fenómenos parecidos a los de los subterráneos o los telefónicos, donde aparecen fuerzas sindicales opuestas a las mayorías de los sindicatos. Creo que las direcciones sindicales argentinas están tratando de ponerse a la cabeza del movimiento reivindicativo con vistas a mejorar sus capacidades de representación y negociación con el gobierno nacional y con los empresarios.
¿Cómo define el mercado de trabajo con los últimos datos del Indec?
–En la Argentina hay tres mercados de trabajo. A partir de fines de los ‘70, se retrocedió a favor del capital rentístico y se llevó a la sociedad salarial a ser acotada a una parte. Paralelamente apareció un sector enorme de desocupados que son potencialmente incorporables al trabajo y un importante sector de trabajadores precarios. El tercer mercado estácompuesto por trabajadores informales y un importante sector de pequeños microemprendimientos y economías familiares de muy baja productividad.
¿El último aumento anunciado por el Gobierno es suficiente?
–El problema es que es una medida orientada a mejorar los salarios que abarca a sólo 3,5 millones de trabajadores. Es previsible que haya más reclamos, incluso entre los sectores formales, porque los salarios medios –entre 500 y 600 pesos– están muy lejos de la canasta básica –de 1500 pesos–. El Gobierno sabe que tendrá que enfrentar variadas situaciones conflictivas. Además una medida orientada a resolver los problemas de empleo globales no depende de las remuneraciones sino de las políticas macroeconómicas destinadas a crear nuevas empresas o mejorar las existentes. Este es un gran desafío que tiene la Argentina.