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Domingo, 6 de septiembre de 2015

DISTRIBUCIóN E INCLUSIóN

Extender los límites

La Argentina es uno de los países de la región que tienen menos desigualdad, mejores indicadores sociales y aún mucho por transformar. El postulado de las tres T: tierra, techo y trabajo.

 Por Roxana Mazzola *

¿Cuál es la desigualdad soportable? ¿Habremos tocado techos de inclusión? ¿Qué propuestas hay? Más allá de las adhesiones a la Asignación Universal por Hijo, que desde algunos sectores son cosméticas para lograr apoyo electoral, hay que enfatizar que medidas son un punto de inicio y no de llegada para modificar las injusticias sociales aún presentes.

La reducción de la desigualdad de estos años en la Argentina debiera constituirse en una tendencia y no en un hecho puntual, como señalara en una nota previa sobre “La desigualdad en la Argentina y el mundo”. En medio de disputas políticas y distributivas esto se dirime. Hay opciones distintas sobre a quién le toca qué, quién lo pagará y cómo se financiará. En la historia se puede observar cómo las agendas de propuestas de izquierda, centro y derecha –o si se quiere hablemos de peronismo, radicalismo, PRO– se actualizan, según el momento y conquistas vigentes en cada sociedad. Es decir, seguramente cada vertiente política en la puja por la distribución tendrá propuestas distintas para la Argentina de los ‘50, de los ‘90, en el 2003 o en el 2015.

¿Hacia qué agenda distributiva vamos? ¿Qué agenda apoyaremos con nuestro voto? ¿Cuál nos moviliza a trascendernos? ¿Con cuál estaremos mejor?

Por un lado, están las propuestas relacionadas a “mantener lo logrado y mejorar su gestión”. Hasta seguramente incluyan la adhesión a la idea del llamado “piso de protección social” en su versión mínima. Nadie objeta que las mejoras en gestión son necesarias. Es más, son un aspecto fundamental del accionar del Estado pero no hay que olvidar que este accionar va en función de un horizonte de justicia distributiva particular, en el marco de un proyecto político, con sus coaliciones de poder que sostienen. La idea de garantizar pisos de protección social podría ser ese horizonte. Actualmente cuenta con un amplio consenso por parte de organismos internacionales y en algunos ámbitos académicos. Esta propuesta se ha consolidado a la luz de los cambios y crisis económicas internacionales que han tenido lugar en el sistema global. También se fue erigiendo en base a la evidencia, al ver la agenda de algunas políticas con resultados positivos, que promovieron los países de América latina en los últimos años.

Garantizar pisos mínimos de protección social es desarrollar políticas para incidir en las vulnerabilidades que afectan a todos y ponen en riesgo la gobernabilidad. Comprende planes sociales que lleguen a todos los sectores de la población, seguros médicos, ingresos diferenciales para garrafa y servicios, otros para asistir a cursos de formación laboral.

Muchos dirán que adhieren con esta idea. Claro, hace una década atrás era la agenda que nuestro país tenía que tener y sostener. También es la agenda vigente aún para muchos países de América latina. Pero recordemos que Argentina es uno de los países de la región latinoamericana que tiene menos desigualdad, mejores indicadores sociales y aún mucho por transformar. ¿Esto es suficiente para la Argentina actual? ¿Qué otras opciones hay si quisiéramos ir más allá y no sólo mantener-mejorar un poco lo logrado y su gestión?

Otras propuestas apuntan a “cambios más profundos y globales ante las injusticias económicas, sociales y políticas aún presentes”. Son alternativas que van más allá de los “pisos de protección social” en su sentido mínimo y hasta trascienden esta idea. Apuntan a ampliar los límites de lo posible con un horizonte de “justicia económica más humana”, que claramente involucrará arenas de luchas sociales con pujas distributivas más complejas.

Algunas líneas de esta agenda la remarcó el papa Francisco cuando postula no dejar de luchar por las famosas tres T: tierra, techo y trabajo. Son derechos sagrados y vale la pena luchar por ellos. Destacaba también que hay que poner la economía al servicio de los pueblos: los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Y seguía diciendo: “el nuevo colonialismo adopta diversa fachadas. A veces, es el poder anónimo del ídolo dinero: corporaciones, prestamistas, algunos tratados denominados “de libres comercio” y la imposición de medidas de “austeridad” que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y de los pobres”. Trabajar en una agenda de las tres T implica modificar un sistema excluyente.

Otra propuesta alternativa podemos encontrarla en nuestra historia, en la Constitución de 1949 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y fuera derogada luego del golpe de Estado de 1955. Las principales reformas incluían los derechos del trabajador, la familia, la niñez y la ancianidad, el derecho a la propiedad privada con una función social y el capital al servicio de la economía nacional. Por el artículo 40 se nacionalizaban los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes de energía exceptuando los vegetales. Nacionalizaba también los servicios públicos y prohibía su enajenación o concesión a particulares. No estableció un monopolio rígido estatal sino que prohibió el lucro privado permitiendo sociedades mixtas o cooperativas.

Nuestra institucionalidad no es neutra, como bien remarcamos los politólogos. Expresan reglas de juego y un estado de lo justo. Habría que debatir esta agenda para potenciar el rol del Estado en la distribución de la riqueza acorde a un nuevo orden económico social. Del mismo modo, que en su momento la reforma constitucional de 1949 se vinculaba a los cambios devenidos con la Revolución Industrial y los derechos del trabajador. ¿No debiéramos pensar si no hay que consolidar con la ley de leyes los cambios políticos, económicos y sociales efectuados y por realizar? Porque no pensar si se constitucionalizarían los cambios en los servicios de comunicación audiovisuales, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el voto a los 16 y adicionar nuevas formas de representación política juvenil, los derechos de las mujeres trabajadoras que aún restan consagrar, revisar la ley de coparticipación federal, avanzar en políticas tributarias más claras en la Constitución. También debatir si más bien el agua, el suelo, los árboles, el petróleo, en fin, todos los recursos naturales deben ser dominio inalienable de todos los argentinos, no de las provincias.

Bolivia tiene una nueva Constitución relacionada a la identidad de los pueblos originarios, que limita el latifundio y aprueba distintas formas de propiedad social y comunitaria. Ecuador también tiene una nueva Constitución que fortalece el rol del Estado en la economía estableciendo mecanismos concretos para lograr que los mecanismos de mercado atiendan a objetivos sociales y nacionales.

La agenda de debate sobre los techos de la (des) igualdad tolerable por parte de todos los sectores de la población y en especial sobre los horizontes de justicia social. Esto es parte de la agenda que se dirime y que incidirá en el destino de todos, tanto para los pocos (muy ricos) como para las mayorías (sectores medios y más humildes) de nuestro país. Nadie puede permanecer neutral

* Experta en Políticas Sociales. Magíster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés y licenciada en Ciencias Políticas de la UBA.

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