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Domingo, 26 de mayo de 2002

EL BAúL DE MANUEL

Avivados / A volar

 Por Manuel Fernández López

Avivados

Yo vivía en Paternal y tenía mis hijos en un colegio privado. La morosidad en las cuotas hizo al colegio imponer el pago con tarjeta de crédito, emitida por el banco X. Para tener la tarjeta, debía tenerse cuenta de ahorro, y si además se abría cuenta corriente el banco daba participación en sorteos. Me mudé en el 2000 a la provincia, y desde entonces no libré un solo cheque. El 20 de diciembre debía pagar mi tarjeta: había guerra civil, estado de sitio, turbas contra bancos, sin garantías de integridad física y de hecho 33 muertos, renuncia del Presidente y luego detención del secretario de Seguridad y el jefe de la Policía. Como cualquier persona prudente, no salí de mi casa. Se decretó feriado bancario que, con fines de semana y Navidad y Año Nuevo, duró hasta el 3 de enero, fecha en que pagué la cuota de la tarjeta. El banco ignoró el feriado y consideró mora en el pago de la cuota, y fijó un interés punitorio de $400. Como lo advertí luego de un tiempo, no pude reclamar. Luego me pesifican a 1,40 una cuenta de ahorro por $1000: el dólar estaba en $3, con lo que el Banco se quedó con $1600 de mis depósitos. Luego me informan que mi cuenta corriente estaba excedida en $160 y corrían intereses punitorios, a $5 por día: sin informarme, el banco me había otorgado un “acuerdo” de $700 para cubrir el déficit que generaba el mantenimiento de la cuenta. Ni el gerente ni el contador supieron explicarme nada: en un sistema informatizado, debía yo esperar una semana para que rastreasen el origen de la deuda de $860, surgida de la nada. Aburrido, me decido a cerrar la cuenta y abonar los $860: ello no era posible teniendo vigente tarjeta de crédito, y al cerrar debía abonar la renovación de la misma, que estaba bonificada por haber entrado en un “paquete” de cuentas. Entonces deposité $500 (más que los $160 exigidos) creyendo que eso dejaba todo bien. A los días me llaman pidiendo depositar más, pues el banco, sin avisar, me había retirado el “acuerdo”, y por cada día me cargaban $5. A todo esto, de entrada me inhabilitó la tarjeta de crédito y todos los pagos realizados por débito automático fueron rechazados, inclusive la cuota del colegio, a cuyo pago debo las tarjetas y las cuentas bancarias. No gané un solo sorteo, perdí la tarjeta y el banco me sacó dos sueldos: $400 + $1600 + $860 = $2860, sin omitir nunca pagar la tarjeta, sin librar un solo cheque y habiéndole aportado depósitos en dólares.

A volar

Los habitantes extranjeros de un suelo al que se incorporaron con el único o principal fin de extraer ganancias, naturalmente consideran a sus circunstanciales coterráneos, no como fines, sino como medios para su afán de lucro, y apenas las ganancias se vuelvan negativas serán los primeros en emprender una rauda retirada. Son ejemplos del dicho popular “pájaro que comió, voló”. Es racional que intenten hacer su pérdida lo menor posible e intenten sacar del país tanto como puedan, sin reconocer deuda alguna hacia aquellos que les acogieron anteriormente. La Revolución de Mayo tardó tres meses en ver tal posibilidad, y el 30 de agosto el secretario Mariano Moreno escribió: “Es susceptible que muchos europeos, cuya estirpe es la que en todas estas provincias obtienen los gruesos caudales, no adaptándoles el sistema, traten de emigrar llevándoselos al mismo tiempo, o remitiéndolos por otros conductos que los pongan a salvo, vendiendo asimismo sus fincas y establecimientos, lo que causaría una grande merma a la circulación del Estado este grande cúmulo de exportaciones poderosas”. Y mandó levantar “un estado de todos los caudales, fincas, raíces y demás establecimientos, con especificación particular de los de cada uno”. También que, por el “término de quince a veinte años, ningunos establecimientos, fincas, haciendas de campo, u otra clase de raíces puedan ser enajenadas, esto es, vendidas a ninguno, cuando no concurra la circunstancia evidente y comprobada que se deshace de alguna parte de sus bienes o del todo por una absoluta necesidad que le comprometa, pues en tal caso el que comprase dichos bienes sin el conocimiento del gobierno y se verificase la emigración de aquel que vendió y exportación de sus valores, aunque sea pasado cualquier término, les serán decomisados, para los fondos nacionales, los mismos establecimientos, o sus justos valores”. Acaso usted piense que fue éste un antecedente de la Ley de Subversión Económica, que pena a quienes por acciones fraudulentas dañan al bien común. En modo alguno. Fue más bien un antecedente del manejo mafioso de los asuntos públicos, ya que el “Plan de las operaciones que el gobierno provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata debe poner en práctica para consolidar la grande obra de nuestra Libertad e Independencia”, no se aplicó, y su autor fue envenenado y su cuerpo arrojado al mar.

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