futuro

Sábado, 24 de agosto de 2013

CONSECUENCIAS DE LA POLITICA DE DESTRUCCION TECNO-PRODUCTIVA DEL ULTIMO GOBIERNO MILITAR

Represión, liberalización y desindustrialización

IME fue en los ’50 la primera empresa de un país periférico en diseñar y producir localmente automotores; en 1980, a partir de un informe manipulado, fue cerrada para beneficiar a las automotrices transnacionales que apoyaban al gobierno militar.

 Por Facundo Picabea *

A comienzos de la década de 1950 se creó la empresa Industrias Aeronáuticas y Mecánicas de Estado (IAME, luego IME), punto de partida de una estrategia para promover una industria automotriz integrada localmente. IME fue la plataforma tecno-económica para la radicación de empresas extranjeras como Kaiser, Fiat y Mercedes Benz, las primeras del complejo automotor argentino. El control e intervención estatal en la economía promovieron la industrialización a través de un modelo de acumulación redistributivo y proteccionista. Sin embargo, a mediados de la década de 1970, la dictadura militar inició un proceso nacional de desindustrialización y destrucción tecno-productiva.

Los economistas “de facto” justificaron la apertura comercial como una “liberación” de la acción de los agentes económicos que depuraría y actualizaría la estructura tecno-productiva. Lo que ocurrió finalmente fue una transformación del modelo de acumulación a partir de la valorización financiera, desindustrialización y privilegios para el nuevo poder económico.

Desarticulación del modelo industrialista

En 1976, el Estado fue ocupado una vez más en la historia argentina por un gobierno de facto, producto de una coalición cívico-militar. A diferencia de los gobiernos militares que se alternaron en el poder desde 1943, el gobierno conformado el 24 de marzo de 1976 no consideró estratégica la industrialización del país. Por el contrario, el gobierno militar operó como custodio de una fracción dominante que diseñó una política económica monetarista basada en medidas de apertura de los mercados de bienes y de capitales, de reducción arancelaria, especulación financiera, inflación estructural y reducción de incentivos a la producción local, que operaron en contra del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. El gobierno modificó el régimen de promoción y protección a la producción manufacturera local y se produjo una severa caída de la participación de los asalariados en el ingreso, cambios terminales para un modelo de desarrollo tecno-productivo mercado-internista.

La liberalización de la economía promovió el ingreso indiscriminado de productos y tecnología importados más baratos que los nacionales que, en una espiral inflacionaria que quebró la cadena de pagos, desestructuraron la trama industrial construida durante treinta años. La apertura afectó al sector pyme como a empresas grandes de capitales locales, en general especializadas y no integradas en grupos económicos. La salida de la sustitución fue abrupta, lo que impidió a la industria nacional comprender el proceso e intentar diseñar estrategias tecno-productivas para hacerle frente.

La modificación del régimen de promoción industrial fue el principio del quiebre del modelo sustitutivo: se liberaron las importaciones; se eliminaron los subsidios y la protección al sector pyme; se eliminaron las líneas de crédito público; se impuso un modelo financiero que llevó a la quiebra a un gran número de empresas; se redujo el salario real y se eliminó progresivamente empleo industrial bien remunerado. En el caso del sector automotor, se concentró la industria terminal, lo que le dio mayor poder de negociación frente a una industria autopartista pyme en retroceso.

IME, estabilizada y en crecimiento

En 1974 la participación del mercado de utilitarios de IME era similar a la de Ford y Chevrolet y se mantuvo constante hasta 1978, cuando se modificó la política industrial. Como se observa en el gráfico, Chevrolet también fue perjudicada y en 1978 abandonó el país. Por el contrario, en 1980, con el mercado a su disposición, Ford triplicó su producción de utilitarios e inauguró una nueva planta a la que asistió Martínez de Hoz.

En 1979 IME era una empresa estabilizada que preparaba un joint venture con Peugeot y un plan de producción para consolidar a la empresa como la fábrica nacional de vehículos para el trabajo. Sin embargo, en abril de 1980 el gobierno militar consideró que IME era inviable y la cerró. Se nombró una Comisión Liquidadora, que en 1981 elaboró un informe a partir de datos manipulados para justificar la medida irreversible. Un ejemplo de ello fue contemplar como pasivos que justificaban el cierre los enormes costos de las indemnizaciones a trabajadores y proveedores, que eran una consecuencia del mismo.

El cierre de una empresa como paráfrasis del fin de un modelo de desarrollo industrial.

A mediados de la década de 1970, el gobierno de facto estaba enfocado en la consolidación del cambio en el modelo de acumulación. El cierre y liquidación de IME en poco más de dos meses fue una medida intempestiva e injustificable a partir de la posición en el mercado o la situación contable de la empresa, pero completamente lógica de acuerdo con el objetivo del gobierno militar.

En un escenario apoyado en la valorización financiera como eje de la acumulación del bloque dominante, una empresa pública y especializada en la producción automotriz no se adecuaba al modelo diversificado y concentrado impuesto por el gobierno militar. Ello implicó el cierre definitivo de la planta y de lo que quedaba del proyecto metalmecánico de desarrollo local de capacidades económicas y tecnológicas.

El cierre de IME, empresa fundadora de la industria automotriz nacional en la década de 1950, es un ejemplo más de la política económica antiindustrialista de la dictadura cívico-militar que dirigió el proceso de destrucción tecno-productiva más grande de la historia argentina.

* Investigador Conicet/UNQ

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