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Viernes, 28 de octubre de 2016

VIOLENCIAS

¿Tiempo de revancha?

Cuando todavía estaba húmeda la ropa que se empapó en la movilización que siguió al Paro Nacional de Mujeres, cuando la emoción todavía alteraba los sentidos, la respuesta machista se sintió como un grito de bestia herida. El intento de desarticular la única fiscalía especializada en femicidios y la caída repentina –y empujada por el Opus Dei– del protocolo de interrupción legal del embarazo en la provincia de Buenos Aires se sumaron a las peores noticias: al menos cinco femicidios, perpetrados con una saña que se pretende ejemplificadora.
¿Tiempo de revancha?

 Por Roxana Sandá y Silvia Fernández Pardo

Cuando apenas pasaron diez días del histórico Paro Nacional de Mujeres, la convocatoria masiva que trascendió fronteras para abrazarse en un potente reclamo latinoamericano por Lucía Pérez, porque “Vivas Nos Queremos” y por todos los derechos sociales, económicos y laborales que faltan incorporar, un embate dramático volvió a recaer sobre todas en una mezcla perversa de femicidios y políticas antiderechos. No sería inteligente hablar de casualidades cuando esto ocurre tras la represión en la marcha final del Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, y en tanto la misma intencionalidad feroz quedó cristalizada después del 19-O, a partir de la movilización agitada por el colectivo NiUnaMenos que interpeló a los poderes establecidos y a un sistema patriarcal para establecer nuevas construcciones feministas de autonomía. Aún no es nítida la trama contra la que deben pensarse estrategias políticas de empoderamiento que la neutralicen, pero sin duda envuelve en un mismo lodo la vejación y muerte de Lucía, las violaciones a otras dos jóvenes en Mar del Plata y la intentona macrista para eliminar la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UNEM). Confluyeron en estos días la marcha atrás de María Eugenia Vidal en la implementación del Protocolo ILE en provincia de Buenos Aires –en armonía con Julio Conte Grand, funcionario de su gabinete ligado al Opus Dei, y desautorizando a la ministra de Salud Zulma Ortiz– junto con las negativas judiciales sistemáticas para caratular como femicidios crímenes de mujeres que acreditan sobradamente esa figura. Y el triple femicidio de Mendoza, que se suma a las 14 muertes de mujeres en manos de sus parejas, ex parejas, padres y/o hermanos ocurridas en esa provincia, repudiadas en marchas multitudinarias en reclamo de un cese de las violencias a las que el estado provincial les responde con el posible nombramiento de un juez misógino en la Corte Suprema. Del 1º de enero al 17 de octubre de este año se registraron en la Argentina 226 femicidios, femicidios vinculados y travesticidios. Durante este mes una mujer murió cada 26 horas por violencia machista.

EL HORROR MULTIPLICADO

Daniel Zalazar intentó suicidarse el martes en la celda de la comisaría 7ª de Godoy Cruz, donde permanece detenido. En la previa, el taekwondista había asesinado puñaladas a su ex pareja, Claudia Lorena Arias, de 30 años, y a una tía de la joven, Susana Ortiz, de 45 años. A la abuela Vicenta Díaz, de 90 años, prefirió degollarla en la cama. Antes de abandonar la casa de las mujeres ubicada en el Barrio Trapiche, de Godoy Cruz, atacó a su hija, una beba de 10 meses, y a otro hijo de Claudia, de 11 años, presuntamente a cortes de cuchillo y de una botella rota. Al cierre de esta edición, ambos luchaban por sus vidas en el hospital pediátrico Humberto Notti. Un tercer hijo de Claudia, de 8 años, fue testigo clave de los hechos y quien dio aviso para que detuvieran a Zalazar. Pudo escapar del femicida que lo buscó hasta el cansancio para matarlo, porque logró esconderse con su perro Coco en el baúl del auto de su tía.

La violencia de género creció exponencialmente en Mendoza este año. Según el último informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en julio de 2014 la provincia registraba 6 femicidios. La Ong La Casa del Encuentro marcó una estadística de 9 casos en 2015 y asignándole el octavo lugar entre las regiones con mayores índices femicidas. En lo que va de 2016, ya son 14 las muertes de mujeres por violencia de género. Sólo entre septiembre y octubre ocurrieron 9 femicidios: Norma Nora Pereyra, de 65 años, en el municipio de Maipú, presuntamente asfixiada por su ex; la oficial de policía Florencia Peralta, de 26 años, ahorcada por otro ex que está imputado. En la semana de la primavera a Janet Zapata, de 29 años y madre de una niña de 5 años, la encontraron semienterrada en un basural. Su marido, Damián Minati, está detenido; le había pagado 15.000 pesos a un sicario para que la asesinara. Julieta González, de 21 años, apareció muerta doce horas después que Janet, con un golpe en el cráneo. Estuvo secuestrada durante días en los que fue torturada y molida a golpes. Andrés Di Cesare, un individuo que salía con Julieta, fue detenido por el crimen. Ayelén Arroyo, de 19 años, mamá de una beba de un año, murió a puñaladas y degollada en su casa de Ugarteche el 28 de septiembre. La mató su padre, Roque Arroyo, a quien la adolescente lo había denunciado por abuso sexual y tenía una prohibición de acercamiento. Ahora avanza un Jury de Enjuiciamiento contra el fiscal Fabricio Sidoti, denunciado por el Gobierno porque no imputó a Roque Arroyo y sólo hizo una declaración informativa. “Hay un mal desempeño del fiscal porque no cumplió con la ley. No se protegió a la víctima”, concluyó el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay.

A Deolinda Tropan, de 40 años, su hermano la mató con un destornillador el 19 de octubre en su casa del Barrio La Favorita, pero el Gobierno y la Justicia provincial consideran que sólo se trató de un homicidio simple. Este mes también hallaron en un descampado del Barrio Escorihuela, uno de los más pobres del oeste de la ciudad, a la adolescente Milagros Barazutti: la fiscal a cargo, Claudia Ríos, determinó que la muerte fue por broncoaspiración y que el cuerpo no mostraba signos de haberse defendido de un ataque, pese a que la familia de Milagros sostiene que “estaba toda lastimada” y su hermano le tomó una foto donde puede verse el rostro destrozado. Denuncian que tanto la fiscal como el Gobierno de Mendoza están escondiendo lo que se constituye como un nuevo caso de femicidio en la provincia.

La respuesta institucional fue una catarata de anuncios y medidas aisladas, maquillajes insuficientes para paliar una escalada de violencia contra las mujeres, y el oficialismo se niega a tratar en la Legislatura la Emergencia en Violencia de Género presentada por los bloques del Frente para la Victoria (FpV) y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). El Gobierno optó por aumentar la aplicación de penas y mano dura utilizando la problemática de la violencia de género para caracterizarla dentro de “una situación de inseguridad generalizada”, argumento que se derrama desde la misma Presidencia de la Nación y que nutre peligrosamente la verticalidad de las políticas provinciales. Lo demostró el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, al reivindicar la violencia de las fuerzas de seguridad sobre las manifestantes del ENM en Rosario. “Estamos conformes con el accionar policial”, dijo lapidario. Lo comprueban las mujeres de los barrios de Mar del Plata donde ocurrieron el crimen de Lucía Pérez, que sigue sin ser caratulado como femicidio, y las violaciones múltiples de otras adolescentes. “Nos proponen más policías por manzana, pero nosotras no queremos que nos controlen, pedimos políticas públicas para las mujeres, que nos acompañen y contengan”, lamentó Caro, una de las vecinas del Barrio Parque Palermo que se movilizó por segunda vez esta semana para reclamar por el secuestro y violación entre varios de una adolescente camino a la escuela.

El Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires (OVG) elevó un informe a la fiscal María Isabel Sánchez donde se le pide que considere la necesidad de calificar judicialmente los homicidios contra las mujeres bajo la figura penal del “femicidio”, tal como lo prevé el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal. “El modo en que se llevó a cabo el crimen de Lucía da cuenta del contexto de violencia de género en el que se cometieron los hechos que ameritan ser investigados y sancionados bajo la figura penal de femicidio”, advierte el informe. Hasta hoy, la carátula no fue modificada y Sánchez se tomó licencia por vacaciones. Habrá que esperar a su regreso.

Este miércoles, representantes del Observatorio de Violencia de Género de Mar del Plata (OVG) se reunieron con el intendente Carlos Arroyo, para quien los vecinos eran más felices en la dictadura y cuya mayor aspiración es convertir el distrito en uno con la mayor cantidad de fuerzas, para exigirle el cumplimiento de la Ordenanza de Emergencia en Violencia por razones de género y diversidad sexual, aprobado en el Concejo Deliberante en junio de este año y que hasta ahora no se implementó en la mayoría de sus puntos ni cuenta con el presupuesto necesario. La segunda reunión que le espera a Arroyo será en los próximos días con la Mesa Local ante el Riesgo y con organizaciones de mujeres que reclaman la implementación de políticas públicas eficaces, la creación de la Comisaría de la Mujer en Batán, que se aumenten las becas de vulnerabilidad, se amplíen los hogares de tránsito, los recursos en capacitación y la elaboración de un plan integral a largo plazo educativo y comunicacional para modificar la estructura social patriarcal.

“Mar del Plata está en peligro de retroceso y las mujeres de los barrios más alejados de la ciudad no tienen herramientas al alcance de la mano”, expresó Alba Salinas, coordinadora del Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, organización pionera en Mar del Plata que integra la OVG. “Notamos con preocupación que los recursos están en riesgo en momentos que se producen mayores niveles de crueldad en los casos de violencia de género. Pero esa violencia también está siendo desnaturalizada por las propias mujeres, que denuncian, y frente a esa presión el Estado queda al desnudo en recursos para afrontar una problemática semejante.”

UN HOMOFOBICO A LA CORTE

El juez José Valerio, de la Cámara Segunda del Crimen, es famoso en Mendoza por sus fallos y declaraciones homofóbicas y misóginas. En 2006, junto con otros dos camaristas justificó el homicidio del periodista Alejo Hunau por homosexual. En el fallo se refirieron a su “licenciosa vida” motivada por su “desviada sexualidad”. Valerio, cercano al gobernador Alfredo Cornejo y principal asesor en la elaboración de un paquete de leyes restrictivas contra el delito, es el hombre que el Ejecutivo propuso en reemplazo del juez Herman Salvini, que se jubila este año, para ocupar su puesto en la Corte Suprema.

“…Hunau ejercitaba su desviada sexualidad, como su costumbre de trabar relación con desconocidos en la vía pública, a quienes en forma poco menos que inmediata llevaba a su casa para tener sexo con ellos. La aparición entre las pertenencias de Hunau de varios ejemplares de la revista La Hiena, publicación evidentemente dirigida a homosexuales, corrobora de alguna manera el dicho de esta mujer (se refiere al testimonio de una amiga de la víctima)”. El párrafo se desprende de los fundamentos de Valerio en la sentencia. Otra de sus perlas data de 2015, cuando firmó la absolución de Mariano Luque, el único sospechoso por las desapariciones en Lavalle de Soledad Olivera y Johana Chacón. Los errores garrafales de los integrantes de la Cámara Segunda en la valoración de las pruebas obligaron a la Corte a declarar la nulidad del fallo.

Sobre Valerio pesan causas por “falsedad ideológica” que le iniciaron Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, y el diputado nacional Leonardo Grosso en otro caso por violencia institucional. Fue denunciado por la abogada Carolina Jacky por violencia de género, al obligar a un doble interrogatorio a una niña víctima de abuso sexual a manos de su progenitor, condenado por ese delito. Las organizaciones de mujeres, el colectivo lgttbi, organismos de derechos humanos y la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional reclamaron al gobernador Alfredo Cornejo que reconsidere la designación. El miércoles próximo comenzarán las audiencias públicas en la Legislatura de Mendoza para definir el futuro de Valerio. El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, es uno de sus principales impugnadores.

En las últimas horas se conformó la Mesa de NiUnaMenos en Mendoza, conformada por todas las expresiones políticas y sociales. Se decidió dar lucha para erradicar la violencia machista, iniciar acciones para exigir planes integrales de prevención y erradicación de la violencia de género, pedir mayor presupuesto para las áreas de género, y políticas públicas que contengan a las mujeres y a los colectivos de diversidad sexual. Pero el primer reclamo que desde esta Mesa clamarán todxs es por el de “No a Valerio”.

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Imagen: Juana Ghersa
 
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