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Viernes, 23 de agosto de 2013

VIOLENCIAS

Portación de género

La ley de identidad de género argentina –sancionada en mayo del año pasado– está a la vanguardia mundial en la protección y reconocimiento de las personas trans. Sin embargo, su ámbito de aplicación parece agotarse ahí donde empiezan los límites de cualquier penal. Sin distinguir jurisdicciones, la población trans padece los niveles más altos de violencia sexual, falta de atención a la salud y de reconocimiento de su identidad.

 Por Roxana Sandá

El juicio oral y público que se sustancia hoy en esta ciudad contra una detenida trans vuelve a desnudar una situación largamente denunciada por agrupaciones sociales y organismos de derechos humanos, sobre la discriminación y el maltrato sistemático policial, judicial y penitenciario contra personas del universo LGBTT privadas de su libertad. Yhajaira Falcón habría sido detenida en forma arbitraria por policías de la comisaría 18ª, golpeada con salvajismo e imputada de robo con armas por ese mismo personal policial como único testigo del hecho. Sin embargo, la Fiscalía de Instrucción mantuvo la calificación, el juez a cargo rechazó dos excarcelaciones y mantiene presa a Yhajaira hace tres meses en el Penal de Ezeiza, en el mismo módulo donde surgieron denuncias por torturas y relatos de abandono institucional contra las presas travestis y trans. Por las condiciones de agravamiento de su detención, Yhajaira presentó un hábeas corpus que obtuvo respuesta favorable del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora.

Travesti, afrodescendiente, militante social y migrante, así se autodefine y reclama ser llamada por su nombre, derecho que le fue negado por la defensora oficial Silvia Mussi Odriozola en su primer acto de defensa en juicio. Esa negativa le valió a Odriozola el apartamiento del caso por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, que dispuso en la Resolución Nº 483/13 la instrucción a defensoras y defensores públicos en el modo de implementar la Ley 26.743 de Identidad de Género, con la obligación de hacerla respetar por jueces y fiscales, presentando las recusaciones y recursos legales para hacer valer en juicio esos derechos. Pero las irregularidades siguieron pegoteadas al transcurso del proceso en el Penal de Ezeiza, donde Yhajaira fue sancionada por la médica que atendió las lesiones de los golpes recibidos en el arresto: permaneció una semana confinada en la celda tras exigir que la llamaran por su nombre y ser atendida como persona trans.

A partir de un hábeas corpus presentado en la Justicia Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora, el juez a cargo afirmó que “la violación de la Ley de Identidad de Género por parte del Servicio Penitenciario Federal agrava las condiciones de detención de las travestis y las trans, y establece que el SPF modifique registros, trato y prácticas a fin de garantizar el ejercicio de derechos de las presas travestis y trans, su identidad, salud y la comunicación con organismos de defensa y promoción de derechos humanos”, detalla en un comunicado el Equipo de Igualdad de Oportunidades y Género de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) en solidaridad con Yhajaira, que continuaba detenida en el Módulo VI del Complejo Penitenciario I de Ezeiza hasta su juicio oral y público, en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 presidido por Luis Mario García, Ana Dieta de Herrero y Fernando Ramón Ramírez.

El director del Complejo I, Martiniano González, es el mismo jerárquico penitenciario que según denuncias de la población carcelaria ante la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) se define como “homofóbico”. Cada vez que González se refirió a personas de identidad autopercibida, habría manifestado que “no los puede ver, y que no le reclamen ningún trato especial”. La ausencia de un tratamiento por lo menos humano incluye deficiencias en la alimentación, falta de suministro de medicamentos a personas con VIH, impedimento para tratamientos hormonales, discriminación en razón del género, acceso limitado a la educación, aplicación de torturas, falta de calefacción, infraestructura precaria y peligrosa para la salud. La semana pasada, funcionarias y funcionarios de la Procuraduría, junto con los fiscales federales Sergio Mola y Adrián García Lois, de Lomas de Zamora, inspeccionaron los pabellones A, B y C del Complejo I para constatar las condiciones de detención. El coordinador del Area de Lugares de Encierro de la Procuvin, Roberto Cipriano García, reveló que algunxs detenidxs relataron agresiones físicas durante los traslados, acompañadas por gritos discriminatorios e intimidantes del tipo “puto de mierda, bancátela. Te gusta sacar hábeas, ahora bancátela y ni se te ocurra denunciar”. Por lo general, los traslados encierran un objetivo “de bronca entre nosotras, para que luego vengan los de requisa a pegar y maltratar, como siempre”. Los episodios siempre concluyen igual: toda la población LGBTT “engomadx”: encerradxs y sancionadxs, pero sin ningún documento firmado que corrobore las medidas.

Promulgada en mayo de 2012, la Ley 26.743 contempla que las personas deben recibir trato de acuerdo con “su vivencia interna e individual, corresponda o no con el sexo asignado al nacer”. Normativa de avanzada, padece el karma de un sistema con amargos resabios patriarcales, machistas y transfóbicos, donde la arbitrariedad y violencia de los arrestos, y el nivel de bajísimo respeto a su implementación, son moneda corriente en ámbitos judiciales, policiales y penitenciarios. Colectivas militantes de organizaciones públicas y sociales como Putos Peronistas, Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto y el Colectivo para la Diversidad, entre otras, vienen denunciando golpes, humillaciones, labrado de actas contravencionales sistemáticas y arbitrarias, y causas policiales armadas, luego convalidadas en actuaciones judiciales sucesivas contra personas trans y travestis. En ese ton ni son premeditado se debaten sus derechos y las violaciones a que son sometidas. “La ampliación de derechos no llega a las cárceles”, afirma Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense. “Las personas que hayan optado por una identidad de género que difiera de su condición biológica y se encuentren detenidas, deben ser albergadas según el género adoptado o autopercibido que informen. Por lo tanto, corresponde al servicio penitenciario disponer el alojamiento de las personas trans en los pabellones correspondientes a su identidad de género, instando las medidas de protección adecuadas.”

Tanto en las cárceles provinciales como en el sistema penitenciario federal, “la población trans es la que padece los niveles más altos de violencia sexual, en muchos casos perpetrada o propiciada por los propios agentes penitenciarios”, concluye Malacalza. “Por ello resulta urgente la definición de políticas públicas que permitan hacer efectiva en las cárceles la ampliación de derechos civiles alcanzados a partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género.”

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