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Sábado, 9 de noviembre de 2013

Para facilitar los negocios

La Comisión de Planeamiento de la Legislatura dio luz verde a un proyecto del macrismo para blanquear el retiro de adoquines. Confusa y limitada, la ley les evitaría los amparos a las empresas amigas.

 Por Sergio Kiernan

Uno de los fastidios de responder a la asociación licitada de negocios que es el macrismo es la completa desprolijidad de todo lo que hacen y los problemas legales que esto genera. Un partido en el poder que tiene como referentes legislativos a sutiles como Cristian Ritondo o como ministros a contadores como Diego Santilli –ahora, para alegría general, de salida– necesariamente genera una gran cantidad de amparos y juicios, con las consiguientes demoras en cobrar. Alguien debe haber reclamado al PRO que haga más que imprimir un cartel como el que se vio en San Telmo, avisando de que una obra estaba parada “por orden judicial”. Y alguien debe haber pagado una asesoría, con lo que se entiende que este jueves los diputados de la Comisión de Planeamiento hayan tratado, entre otras cosas, una ley que permita arrancar los empedrados porteños.

Las viejas piedras cuadradas, generalmente viejas de un siglo, son una obsesión del macrismo. Será que sólo viajan a Estados Unidos y sólo admiran a Nueva York, de la que copian hasta los carteles colgados de los semáforos, y que habrán notado que en esa ciudad no queda ni un metro de empedrado. Y será que es un excelente negocio levantar miles de cuadras de estas superficies, para luego asfaltarlas. Y será que siguen confundiendo progreso con novedades. Como sea, la cosa es que el actual gobierno porteño no para de enfrentarse a los vecinos que quieren que sus adoquinados sigan en su lugar.

Esto ocurre por tres razones, aunque los funcionarios porteños desprecian la agenda y la consideran una maña de la oposición. La primera es que los empedrados están en calles y, como bajan notablemente la velocidad del tránsito, hacen a la seguridad de los vecinos. Segundo, porque en esta ciudad tan inundable hasta el más negado sabe que los adoquines no impermeabilizan las calles porque el agua se escurre por las juntas. Y tercero, porque no hace falta ser ecologista o economista para aceptar que una infraestructura que duró cien años resultó una buena inversión.

Pero es buen negocio cambiarla por un material que dure mucho, mucho menos, como es el asfalto. El macrismo vive para las empresas constructoras y ve la ciudad como una sucesión de negocios a concesionar, un recurso a explotar, “realizando la carga constructiva”. Por eso este jueves se discutió y aprobó el siniestro proyecto del Ejecutivo para liquidar la ley 65, que protege los empedrados, y hacer legal su levantamiento. Basta de amparos que molesten a los especuladores.

Despojada de su sanata legalista, la ley del macrismo dice que se podrán conservar “hasta” 1800 cuadras de empedrados en toda la ciudad. Esto suena a mucho, hasta que se piensa que Buenos Aires tiene 25.000 cuadras de calles, de las que 16.000 tienen empedrados, aunque sea cubiertos por asfaltados. Esta cifra es un 4000 por ciento mayor que la que acepta el gobierno macrista a través del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, que habla de 3876. Pero cierra más con la de otra entidad porteña, el Plan Acción Buenos Aires, que afirma que al menos 5000 cuadras tienen empedrados (y que irónicamente recomienda preservarlos porque reflejan mucho menos calor que las piedras).

Para profundizar la treta, la ley se niega a crear un listado de cuadras a preservar y les deja la tarea a las Comunas. Que el macrismo, que sigue sin darles el menor poder a las comunas y les niega las tareas y presupuestos que les da la Constitución de la Ciudad, se acuerde súbitamente de las pobres comunas despierta sospechas. Sobre todo si se subraya que el proyecto ni siquiera aparta las cuadras empedradas de las Areas de Protección Histórica y no fija plazos claros.

Todo esto refleja una confusión a designio, unas ganas de crear ambigüedades legales que permitan zafar en tribunales. La mala fe fue tal que los diputados se negaron a escuchar al defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, que pidió la palabra. Después, en privado, se disculparon, pero resultó muy llamativa la velocidad con que le dijeron que no y no y no, aunque es un funcionario público de rango y hay una tradición de escuchar a los miembros de la Defensoría porque representan los intereses de los vecinos.

Como también se aprobó en minoría un proyecto más amplio y cuerdo, que protege a los empedrados en general, será interesante ver quién vota qué en el recinto.

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