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Sábado, 19 de septiembre de 2015

Inmobiliaria Rodríguez Larreta, vende

Justo cuando está por vencer la concesión del Design Center, que se alquila a precio vil, el más alto nivel del macrismo quiere vender casi todo el Centro Recoleta, en subasta.

 Por Sergio Kiernan

Calladitos, con bajo perfil, envolviendo el negocio con lenguaje legal, los macristas están preparando una bella donación del patrimonio público. La idea es vender el Centro Cultural Recoleta en “subasta pública”, de modo que el shopping que actualmente alquila, a muy, muy buen precio el grupo IRSA, pase a ser propiedad privada, con escritura y sin molestias. No importa el nivel de catalogación del lugar, no importa su nivel simbólico. Para guardar las apariencias, hila el macrismo, basta dejar el pedacito que da hacia Alvear, el que tiene en la puerta el cartel de Centro Cultural.

La movida arrancó en junio, cuando el mismo Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete y ahora jefe de Gobierno electo, presentó un proyecto ley firmado con su ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera. El texto de seis artículos arranca pidiendo la división en propiedad horizontal del inmueble de la circunscripción 19, sección 11, manzana 40, parcela 1 con frentes sobre Junín, Azcuénaga y Pueyrredón. Este primer artículo es el que divide en dos el conjunto del Centro Cultural, creando una unidad Uno, el shopping con sus cocheras, y otra unidad Dos, el muñón de Centro Cultural que restará.

El segundo artículo va al grano, pidiendo la “desafectación del dominio público” porteño de la unidad Uno, y el tercero completa la idea pidiendo que se declare esta “unidad funcional” como “innecesaria para la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por lo tanto se dispone la enajenación”. El tercer artículo indica que lo que se cobre por la enajenación se destinará a juntar fondos para la comprar y “poner en valor” un predio para el Poder Judicial porteño, de entre 40.000 y 60.000 metros cuadrados en la zona sur de la ciudad. Luego se indica que las escrituras las hará la misma escribanía del gobierno porteño. Hasta aquí, todo cortito y claro, sin mayores vueltas ni detalles. Para eso están los anexos, que muestran la escala de lo que plantean hacer.

El primer anexo es un “despiece”, un dibujo en volumen del conjunto en el que, con colores, se muestra cómo va a terminar el conjunto. La venta va a dejar afuera apenas los edificios de acceso por la entrada de Junín, la del Centro Cultural en sí. Se los puede ver alineados en los patios actuales y es todo lo que se recorre en un paseo cualquier día. Pero quien entre en coche por el subsuelo, entre a la planta baja por la entrada de Azcuénaga y Pueyrredón, o entre por la galería abierta junto a la sede de las Naciones Unidas, ya estará en propiedad privada, la del shopping. Para peor, el proyecto incluye vender hasta el volumen de tres pisos que está a la par de los edificios del Centro Cultural pero tiene acceso sólo desde el shopping. Es donde está el Hard Rock Café y el auditorio, uno de los ámbitos individuales más grandes del lugar.

¿Por qué quieren hacer este desguace/venta? La oportunidad de explicar la lógica de cualquier proyecto de ley es la nota tradicionalmente llamada Considerandos. La de esta ley, que agrega la firma de Mauricio Macri y está dirigida a María Eugenia Vidal, que será candidata a gobernadora bonaerense pero sigue siendo vecina de la capital y preside su Legislatura, se basa únicamente n un argumento y sólo en uno: crear los tribunales al sur. “Entre las principales políticas llevadas a cabo por el Gobierno de la CABA se encuentra la del desarrollo económico y social de la zona sur de la Ciudad. Una de las formas concretas de plasmar dichos objetivos es mediante el traslado de las sedes y oficinas de diversos órganos del Estado a la referida zona sur (...) Para que ellos sea posible, resulta conveniente utilizar formas de financiamiento que no comprometan el presupuesto ni aumenten la carga de los contribuyentes, a partir de nuevas formas de ingresos como es la venta de inmuebles innecesarios”.

El legislador Pablo Bergel presentó este mes un proyecto de ley para bloquear el oficialista y proponer que simplemente se deje caer la concesión del shopping, que todo el edificio revierta al uso público y que vuelva a ser, como en su origen, sede de museos y centro cultural. El tercer artículo del proyecto prohíbe taxativamente cualquier venta o cesión a terceros, y cualquier otro uso para el edificio.

Y Bergel agrega algunos datos interesantes en sus fundamentos. Resulta que lo que era un asilo de ancianos fue transformado en centro cultural en 1980, plena dictadura militar, con diseños de Clorindo Testa, Jacques Bedel y Luis Benedit, un garbo cultural que el macrismo no tiene. El conjunto alojó el Museo de Arte Moderno, el Museo de Artes Plásticas y el tan maltratado Museo del Cine, al que el PRO sigue dejando huérfano. En 1990, pleno menemismo, el conjunto pasó a Centro Cultural y en 1993 se dividió una parte para hacer el shopping, que en 1997 compró en un cincuenta por ciento la firma IRSA.

Desde entonces, el shopping fue un estupendo negocio. El alquiler, resalta Bergel, es de apenas 42.353 pesos, lo que cuesta una oficina en el microcentro y nada por una propiedad que el mismo gobierno porteño estima que cuesta al menos sesenta millones de dólares. Adentró hay 14.592 metros cuadrados de uso comercial, alquilados en un 92 por ciento, más cocheras, circulaciones, terrazas y rampas diversas. El diputado porteño afirma que no es casualidad que este “despropósito” aparezca por la Legislatura cuando falta tan poco para que se venza la concesión del shopping.

Y agrega un alma desconfiada: tampoco es casualidad que el gobierno porteño, a través de su empresa de subtes, insistiera tanto en hacer la estación Recoleta justo al pie del shopping. De hecho, conectada directamente por medio de un túnel. Por frenar ante la justicia esta coronita pagada por los contribuyentes, Basta de Demoler y Sonia Berjman enfrentan una vengativa demanda del gobierno porteño.

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Rafael Yohai
 
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