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Sábado, 27 de junio de 2009

Resoluciones para esta ciudad

La defensora del Pueblo porteño tomó, en lo que va del mes, dos resoluciones muy importantes para el patrimonio. Alicia Pierini recibió un pedido de Basta de Demoler para que defienda los escalones de la entrada de la Recoleta destruidos a martillazos por las huestes de esos dos arquitectos tan brillantes, Sábato y Ortemberg. Habiendo arruinado el proyecto de 1881 que le encargó Torcuato de Alvear a Juan Antonio Buschiazzo, los dos cómplices se dedicaron a enviar memos y solicitudes de instrucciones para ver cómo intervenir en algo que ya estaba roto a martillazos. La defensora vio el caso y el 17 resolvió que la ciudad tiene que retrotraer lo actuado y restaurar lo destruido. En concreto, sacar la absurda rampa que construyeron bajo las columnas de la entrada y construir otra en algún otro acceso, e intimar a los contratistas para que repongan y restauren lo destruido. El plazo vence el 17 de julio.

Lo que lleva a dos curiosidades del caso Recoleta. Uno es que el proyecto original preveía levantar las veredas existentes y el asfalto existente para construir nuevas veredas y repavimentar con adoquines. Pero se terminó construyendo sobre la vereda y adoquinando sobre el asfalto actual, lo que causó la elevación general de niveles y la destrucción de los escalones de Carrar. Esto es muy, muy llamativo porque la obra se cotizó con el proyecto original pero se hizo de la otra manera, que es más barata. ¿Habrán descontado los contratistas la diferencia? ¿O fue un obsequio de los contribuyentes porteños?

Y la segunda curiosidad es el rumor escuchado en pasillos del Ejecutivo sobre ciertos funcionarios que andan averiguando cuánto cuesta el mármol de Carrara, de cinco centímetros de grosor. La respuesta es: mucho.

La segunda resolución surge de una denuncia de Enrique Aurelli y busca proteger a los comerciantes y frentistas de la maltratada calle Defensa, entre Independencia y Chile. Ahí fue donde el obcecado ministro Daniel Chaín puso de nuevo los adoquines cuando los vecinos le forzaron la mano y lo obligaron a abandonar su proyecto de semipeatonalización. Como para vengarse, Chaín ni avisó: los comerciantes, que son muchos, se enteraron con los martillos neumáticos sonando. La obra se demoró semanas y semanas, llevando a la quiebra a algunos comercios. El pedido original se reforzó con otro con 507 firmas de vecinos, y la defensora Pierini resolvió ordenarle al gobierno porteño que haga lo que tendría que haber hecho originalmente: hablar con los vecinos y tomar medidas básicas, como evitar que les corten el gas por las obras.

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