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Viernes, 11 de noviembre de 2016

A LA VISTA

Que el mundo escuche

Es la primera vez en la historia que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU recibe un informe que alerta específicamente sobre las condiciones de vida de las personas trans. Este paso fue una iniciativa argentina. El informe surgió a partir de reuniones que el Centro de Estudios Legales y Sociales mantuvo con veinte organizaciones. Claudia Vázquez Haro, presidenta de Otrans, fue elegida para viajar a Ginebra y presentarlo ante el mundo.

 Por Matías Máximo

Evelyn Valiente apareció lacerada en un pozo cloacal de Misiones, unos días después que Vicky Castro fuera encontrada muerta en su casa de Córdoba, a solo unas semanas de que Zoe Quispe recibiera 36 puñaladas en Jujuy. En Tucumán los policías que violaron a Celeste quedaron libres y en La Plata las razias en la llamada zona roja son prácticamente algo diario, haciendo repaso solo del último mes. El Comité de las Naciones Unidas sobre la “Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (Cedaw), debatió por primera vez sobre estas y otras denuncias, que fueron presentadas a través de un “Informe sobre los derechos humanos de las personas travestis y trans”. Lo percibido en el encuentro que se realizó hace una semana en Ginebra fue que esta presentación no será la última, ya que muchas de las preguntas quedaron sin responder por la comitiva que representó al Estado argentino.

“El Informe sobre los derechos humanos de las personas travestis y trans lo hicimos entre unas 20 organizaciones que fuimos convocadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), donde discutimos ejes de nuestros problemas cotidianos como ser las detenciones arbitrarias y el maltrato policial, la falta de oportunidades de trabajo, de acceso a la salud y la vulneración de tantas otras cuestiones por el solo hecho de tener la identidad que tenemos. Tuvimos reuniones durante casi tres meses para llegar al escrito final, donde intentamos que todas nos sintiéramos representadas”, dijo a SOY Claudia Vázquez Haro, de Otrans.

De las personas que participaron en las reuniones en el CELS, Vázquez Haro fue elegida por votación para llevar el informe a Ginebra, donde también se reclamó por la legalización aborto y la liberación de Milagro Sala: “Si bien otros años se había incluido dentro de documentos alguna denuncia sobre el hostigamiento particular que sufrimos, es la primera vez en la historia de CEDAW que un escrito íntegramente dedicado a nosotras se escucha y debate. Cuando me tocó hablar frente a las comitivas de todos los países, delante de tantas personas que estaban prestando atención para trasmitirlo después en sus ámbitos de trabajo, una sensación me recorrió el cuerpo: otra vez la Argentina está haciendo historia”.

Deudas de la democracia

El primer día, el grupo Cedaw de 23 expertxs en derechos humanos de todo el mundo se reunió para analizar las denuncias y tomar nota. Después, la comitiva enviada por el Estado argentino, encabezada por Fabiana Tuñez (directora del Consejo Nacional de las Mujeres), tuvo que responder las preguntas que le hicieron los países miembro. “El Estado reconoció que no cumple las reglas internacionales de tratamiento de personas detenidas, como las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok. También dijeron que adoptaron medidas para garantizar la protección de las mujeres transexuales detenidas y que el recurso de la tobillera electrónica se está utilizando como alternativa a la detención”, informaron desde el CELS. Una omisión de la comitiva fue que solo respondieron con cifras del Servicio Penitenciario Federal y sin dar ninguna información acerca de las provincias, sobre las que no hay datos públicos de cantidad de mujeres y travestis encarceladas.

El Comité Cedaw pidió al Estado información sobre travesticidios y crímenes de odio contra la comunidad LGBT, preguntó sobre las sanciones a los responsables y el apoyo a las víctimas, intentó saber qué programas hay para su inclusión laboral y para la población trans encarcelada. También se puso acento en que la mayoría de las personas T privadas de la libertad son migrantes y que la mayoría están presas por delitos vinculados a drogas: “Respecto de los travesticidios y crímenes de odio, el Estado contestó que lleva un registro en la Secretaría de Derechos Humanos. Del resto de las preguntas, solo informaron sobre la población encarcelada en el Servicio Penitenciario Federal”. Ahora la expectativa es que desde el actual gobierno argentino, tan adepto a escuchar las sugerencias de empresas multinacionales, se preste atención a los pedidos que otros países sugieren en materia de derechos humanos.

El informe completo presentado al Cedaw puede leerse online tbinternet.ohchr.org

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