La norma, sancionada el miércoles último en la Cámara de Diputados, busca "regular el ingreso democrático e igualitario de personal en el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Nación mediante el procedimiento de concurso público", según el primer artículo del capítulo 1 de la ley.

La ley indica también que "sólo se podrá" entrar "como empleado y personal de maestranza y oficios en el cargo de menor jerarquía, y como funcionario en los cargos letrados, mediante el sistema de concursos que se encuentra regulado en la presente ley".

"Excepcionalmente, se podrá ingresar por designación directa en los cargos de relator de Cámara y secretario privado de primera instancia, pero tales agentes no podrán ser promovidos a planta permanente en forma definitiva", según el artículo quinto del capítulo 1 de la norma.

La puesta en vigencia de esta ley se sumó a otras cinco normas ya promulgadas por el Gobierno para avanzar en la reforma judicial. Ese paquete de leyes incluyó la modificación del Consejo de la Magistratura, con la ampliación de su conformación de 13 a 19 miembros y la elección a través del "voto popular" de los nuevos consejeros, que fue objetada en la Justicia por sectores de la oposición, magistrados, abogados y organizaciones no gubernamentales.

El decreto de promulgación de la ley 26.861, publicado hoy en el Boletín Oficial, lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y el ministro de Justicia, Julio Alak.

El resto de las leyes promulgadas por el Ejecutivo estableció la regulación de las medidas cautelares en causas en las que el Estado o sus entes descentralizados son parte, además de la creación de tres nuevas cámaras de casación.

También, la difusión de las resoluciones y acordadas de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales de segunda instancia, además de la publicidad de las declaraciones juradas de magistrados y funcionarios públicos.