La relación de los organismos defensores de los derechos humanos con las Fuerzas Armadas y de Seguridad no ha sido voluntaria sino impuesta por las más terribles circunstancias. Comenzó cuando personal militar, de uniforme o de civil, con su correcta identificación o mediante nombres de encubrimiento, secuestraron en sus casas, en sus lugares de trabajo, en la calle o incluso dentro de unidades castrenses, a miles de jóvenes que nunca reaparecieron con vida.
Varios de estos casos estuvieron en el origen del CELS. Augusto María Conte, detenido-desaparecido mientras cumplía su servicio militar obligatorio, y Mónica Candelaria Mignone, secuestrada en la villa del Bajo Flores donde participaba como catequista en una comunidad eclesiástica de base, eran hijos de dos abogados e intelectuales que habían tenido intensa participación política durante gobiernos militares anteriores. Augusto Conte Mac Donell fue subsecretario del gobierno surgido del golpe de 1955 y Emilio Fermín Mignone secretario del implantado en 1966, ambos en el área educativa. El proceso personal que ambos hicieron, junto con sus compañeras de toda la vida, Laura Jordán de Conte y Angélica Sosa de Mignone, y en compañía de los demás fundadores del CELS víctimas de la misma o similar tragedia (como Carmen Lapacó, Boris Pasik, Alfredo Galleti y José F. Westerkamp) los llevó a un compromiso absoluto y a una reflexión en profundidad que se extendió por el lapso que les quedaba de vida y que fue asumido por quienes los sobrevivimos.
Durante los largos años que duró la dictadura, esa tarea abarcó tanto las gestiones ante quienes detentaban el poder como la denuncia nacional e internacional de sus crímenes y la documentación detallada de cada caso. En el camino quedaron muchas ideas e ilusiones sobre el rol en el sistema político argentino de las Fuerzas Armadas. Augusto Conte hasta se desprendió de su segundo apellido, como símbolo no premeditado pero significativo de alejamiento de una clase social y de una forma de incidencia sobre la realidad política, y del encuentro, en otro modo distinto de militancia, con el conjunto del pueblo argentino agredido por una política demencial.
Durante la investigación de mis últimos libros encontré en diversos archivos las huellas de Augusto y Emilio, sus comunicaciones con organizaciones nacionales e internacionales en las que, al mismo tiempo que denunciaban la barbarie y urgían acciones correctivas, iban profundizando su propio conocimiento del aparato represivo.
La documentación de casos y las causas judiciales, durante la actividad de ambos en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y luego en el CELS, resultó fundamental como apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país en 1979, para establecer qué había ocurrido con cada persona arrancada de su propia vida y quiénes lo habían hecho. Pero además, fueron capaces de reunir las piezas dispersas para llegar a una reconstrucción de la estructura y la lógica del Estado Terrorista, que los años demostraron asombrosamente precisa. La denominación inicial que le dieron, el paralelismo global, ya señalaba la clandestinidad por la que habían optado las estructuras estatales y no admitía la idea de grupos descontrolados que actuaran por propia iniciativa, argucia con la que la dictadura enfrentaba los crecientes reclamos por las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos a la vida, a la integridad física, al debido proceso y a la libertad.
Con el colapso del régimen de facto comenzó una nueva etapa con distintas prioridades. Los materiales de los organismos defensores de los derechos humanos nutrieron a la CONADEP en 1984 y a la Cámara Federal que a partir de abril de 1985 juzgó a las tres primeras juntas militares. El CELS se planteó entonces hacer realidad la consigna que dio título al informe de la CONADEP y para ello se propuso incidir en la transformación de las Fuerzas Armadas y su forma de inserción en el aparato estatal. Por un lado exigió la separación de sus filas de quienes cometieron delitos de lesa humanidad, cuyo castigo procuró en los expedientes judiciales en que los abogados del CELS representaron a las víctimas y sus familiares. Pero al mismo tiempo planteó un cambio imprescindible en la formación de las nuevas promociones de oficiales y suboficiales. Cuando las leyes de impunidad cerraron el camino de la persecución penal, el CELS planteó el derecho de los familiares a conocer la verdad de lo sucedido con cada persona secuestrada. Esos juicios que se generalizaron en distintos lugares del país fueron otra fuente valiosa de información y de conciencia social sobre las aberraciones de entonces y así abrieron paso a la declaración judicial de nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, que el CELS solicitó a la justicia cuando se aproximaba el 25º aniversario del último golpe militar.
Este libro reseña más de dos décadas de impugnaciones al ascenso de secuestradores, torturadores y asesinos, en contradicción con gobernantes elegidos por el voto popular que no se decidían a ejercer la conducción de las instituciones armadas que la Constitución Nacional confiere al poder legalmente constituido. Fue una tarea necesaria pero insuficiente, porque una parte fundamental de los procedimientos represivos fue mantener en el anonimato a sus autores, aun al precio de colocar bajo sospecha a las instituciones militares en su conjunto. Los testimonios de los sobrevivientes y las investigaciones de civiles pero también de militares (como los hermanos Mittelbach y D’Andrea Mohr) permitieron un conocimiento extenso pero incompleto del mapa represivo. Algunos ascendieron por decisión de un liderazgo político que no asumió la tragedia argentina en toda su dimensión y procuró conciliaciones inaceptables. Otros porque consiguieron pasar inadvertidos. Aun así, los grandes debates de opinión pública que varios de esos casos motivaron fueron de gran utilidad para que porciones cada vez mayores de la sociedad asumieran esta problemática que alguna vez fue exclusividad de los afectados directos e incluso dieron lugar al repudio por parte de las nuevas conducciones castrenses.
Esta ampliación del círculo del conocimiento del Estado Terrorista y la abjuración de sus métodos no sucede sin tensiones y conflictos y plantea nuevas interpelaciones. El reclamo indeclinable de castigo a los autores de aquellos crímenes no es excluyente con la propuesta de integración al contexto democrático de quienes hoy integran las Fuerzas Armadas, y que no tienen por qué cargar con el estigma de hechos ocurridos hace más de una generación.
La batalla contra la impunidad y el olvido ha sido ganada por los organismos defensores de los derechos humanos y por el pueblo argentino. Esto es lo que permite enfrentar ahora el desafío de construir unas Fuerzas Armadas para la democracia, que se integren al pueblo al que el Estado Terrorista victimizó.
* Prólogo al libro del CELS
Derechos humanos y control político sobre las Fuerzas Armadas.