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Días atrás, un grupo de ONG presentó ante la Secretaría de Comercio un listado de 34 laboratorios privados que aumentaron entre un 15 y 50 por ciento los valores de cinco mil productos medicinales entre el 20 de enero y el 1º de febrero. En tal denuncia afirman que “estos montos de aumento exceden totalmente la incidencia que tiene en sus costos el reciente movimiento en los precios del dólar”, y piden que se retrotraigan los precios al 31 de diciembre de 2013.
Allá por el año 1946, el gobierno de Juan Perón debió afrontar un grave conflicto: un aumento desmesurado en los precios de los medicamentos, que los ponía fuera del alcance de las clases humildes. Esta compleja situación llevó a que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud Pública dirigida por Ramón Carrillo, tomara la iniciativa y mediante el decreto Nº 23.394/46 creara Emesta, Empresa Medicinal del Estado. Al poco tiempo de creada, la Emesta lanzó al mercado farmacéutico 100 productos en farmacias de todo el país, y de esta manera la población accedía a medicamentos de buena calidad a bajo costo (entre un 50 y 75 por ciento más baratos que los similares de otros laboratorios), imprimiéndoles una política de universalidad y ubicando a los medicamentos como bien social.
Si bien los procesos históricos son singulares, irrepetibles y con contextos históricos y sociales específicos de cada época, entre estos dos ejemplos existen determinadas similitudes que permiten trazar el comportamiento de este sector empresarial a través de sus cámaras (Cilfa, Coperala, Caeme), con una misma línea estructural: la de imponer la política de medicamentos sobre el Estado.
Este sector en los últimos 40 años se consolidó como un oligo-monopolio de características horizontal y vertical. Horizontal porque, de la totalidad de los laboratorios privados, sólo unos pocos se quedan con la mayoría de las ventas. En números: de los casi 300 laboratorios de especialidades medicinales privados asociados a las tres cámaras empresarias, sólo 25 se quedan con el 75 por ciento de la facturación en las ventas. Vertical, porque una sola distribuidora controla y maneja más del 60 por ciento de la distribución total en el país. Es decir, que maneja la producción y la distribución, decidiendo sobre el Estado el acceso a los medicamentos de la gran mayoría de la población.
El 29 de junio de 2011 se sancionó la ley 26.688 de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas (PPMV), y es preciso recordar que declara de “interés nacional la investigación y la producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales”. De existir la decisión política de implementar esta estratégica ley, nuestro país cuenta con 39 laboratorios públicos nacionales, provinciales, municipales y universitarios con profesionales altamente capacitados, que producen medicamentos básicos esenciales (MBE) confiables, de alta calidad y bajo costo. A partir de esto, la PPMV podría:
Garantizar la posibilidad de acceso gratuito de MBE a la población que asiste al sector público de salud.
Definir qué medicamentos con alto impacto epidemiológico son necesarios producir.
Implementar un vademecum de atención médica primaria provisto por PPMV.
Constituir la PPMV como testigo de precios.
Garantizar la calidad del medicamento para toda la población, sin discriminar el poder adquisitivo.
Promover la investigación, desarrollo y producción de medicamentos huérfanos (Chagas, un ejemplo).
En fin, la PPMV es una herramienta estratégica en la construcción de políticas públicas soberanas y en la constitución del medicamento como bien social. He aquí dos situaciones históricas y un mismo dilema: la salud entendida como mercancía en manos de los oligopolios; o la salud como bien social en manos del Estado, donde la población adquiere derechos garantizados mediante políticas públicas, alcanzando así la soberanía en salud. Ese es un verdadero dilema.
* Coordinador Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina, UBA.
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