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Medicamentos, historia y dilemas

 Por Claudio Capuano *

Días atrás, un grupo de ONG presentó ante la Secretaría de Comercio un listado de 34 laboratorios privados que aumentaron entre un 15 y 50 por ciento los valores de cinco mil productos medicinales entre el 20 de enero y el 1º de febrero. En tal denuncia afirman que “estos montos de aumento exceden totalmente la incidencia que tiene en sus costos el reciente movimiento en los precios del dólar”, y piden que se retrotraigan los precios al 31 de diciembre de 2013.

Allá por el año 1946, el gobierno de Juan Perón debió afrontar un grave conflicto: un aumento desmesurado en los precios de los medicamentos, que los ponía fuera del alcance de las clases humildes. Esta compleja situación llevó a que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud Pública dirigida por Ramón Carrillo, tomara la iniciativa y mediante el decreto Nº 23.394/46 creara Emesta, Empresa Medicinal del Estado. Al poco tiempo de creada, la Emesta lanzó al mercado farmacéutico 100 productos en farmacias de todo el país, y de esta manera la población accedía a medicamentos de buena calidad a bajo costo (entre un 50 y 75 por ciento más baratos que los similares de otros laboratorios), imprimiéndoles una política de universalidad y ubicando a los medicamentos como bien social.

Si bien los procesos históricos son singulares, irrepetibles y con contextos históricos y sociales específicos de cada época, entre estos dos ejemplos existen determinadas similitudes que permiten trazar el comportamiento de este sector empresarial a través de sus cámaras (Cilfa, Coperala, Caeme), con una misma línea estructural: la de imponer la política de medicamentos sobre el Estado.

Este sector en los últimos 40 años se consolidó como un oligo-monopolio de características horizontal y vertical. Horizontal porque, de la totalidad de los laboratorios privados, sólo unos pocos se quedan con la mayoría de las ventas. En números: de los casi 300 laboratorios de especialidades medicinales privados asociados a las tres cámaras empresarias, sólo 25 se quedan con el 75 por ciento de la facturación en las ventas. Vertical, porque una sola distribuidora controla y maneja más del 60 por ciento de la distribución total en el país. Es decir, que maneja la producción y la distribución, decidiendo sobre el Estado el acceso a los medicamentos de la gran mayoría de la población.

El 29 de junio de 2011 se sancionó la ley 26.688 de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas (PPMV), y es preciso recordar que declara de “interés nacional la investigación y la producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales”. De existir la decisión política de implementar esta estratégica ley, nuestro país cuenta con 39 laboratorios públicos nacionales, provinciales, municipales y universitarios con profesionales altamente capacitados, que producen medicamentos básicos esenciales (MBE) confiables, de alta calidad y bajo costo. A partir de esto, la PPMV podría:

  • Garantizar la posibilidad de acceso gratuito de MBE a la población que asiste al sector público de salud.

  • Definir qué medicamentos con alto impacto epidemiológico son necesarios producir.

  • Implementar un vademecum de atención médica primaria provisto por PPMV.

  • Constituir la PPMV como testigo de precios.

  • Garantizar la calidad del medicamento para toda la población, sin discriminar el poder adquisitivo.

  • Promover la investigación, desarrollo y producción de medicamentos huérfanos (Chagas, un ejemplo).

En fin, la PPMV es una herramienta estratégica en la construcción de políticas públicas soberanas y en la constitución del medicamento como bien social. He aquí dos situaciones históricas y un mismo dilema: la salud entendida como mercancía en manos de los oligopolios; o la salud como bien social en manos del Estado, donde la población adquiere derechos garantizados mediante políticas públicas, alcanzando así la soberanía en salud. Ese es un verdadero dilema.

* Coordinador Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina, UBA.

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