El país|Viernes, 18 de octubre de 2002

Por Adriana Meyer

Esta vez las noticias provenientes de Tribunales causaron alegría en el departamento de Núñez. La viuda del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria suspiró aliviada, aunque sabe que aún no puede festejar. El fiscal del juicio Jorge Aguilar pidió que se declarara la inconstitucionalidad de la causa contra Victoria Henao Vallejo y su consecuente sobreseimiento, junto a los demás acusados. Si el Tribunal Oral Federal 6 coincide con esa posición, no se realizará el juicio en el que iba a ser juzgada como parte de una asociación ilícita. Además, Aguilar solicitó en duros términos que el camarista Gabriel Cavallo, que instruyó la causa, fuera investigado por los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad. Henao Vallejo estuvo detenida un año y cinco meses, y recuperó su libertad en abril de 2001 cuando el caso fue elevado a juicio.
El fiscal se expidió sobre un planteo de nulidad realizado por los abogados Ricardo Solomonoff y Jorge Sandro, que representan a la viuda, a su hijo Juan Sebastián Marroquín Santos y a la novia del joven María de los Angeles Sarmiento del Valle. Y coincidió con la defensa en cuestionar el desarrollo de la causa desde su surgimiento.
Todo comenzó el 15 de noviembre de 1999 cuando Chiche Gelblung dijo en su programa de televisión que la viuda de Escobar Gaviria estaba en Argentina. Hacía un mes que el juez Cavallo la estaba investigando porque uno de los subordinados del comisario Jorge Palacios, jefe del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal, había visto por la calle a una mujer parecida a la viuda de Pablo Escobar Gaviria, el líder del cartel de Medellín abatido en 1993. Tras la revelación periodística, Cavallo tuvo que adelantar la detención de la mujer y sus hijos. Según el fiscal Aguilar, de la declaración del policía que identificó a la viuda no surgen “hechos delictivos” pero “el juez dispone, en claro abuso de autoridad, detener a María Isabel Santos Caballero (la nueva identidad que Colombia le otorgó a Henao Vallejo para resguardar su seguridad) nada más por ser viuda de Escobar”.
Cavallo había determinado que la mujer y los hijos de Gaviria, además del contador Juan Carlos Zacarías y otras siete personas conformaban una asociación ilícita tendiente a recuperar el patrimonio del narcotraficante, que Colombia había decomisado. La estrategia era ingresar el dinero en Argentina para hacer diversas inversiones –en su mayoría inmobiliarias– que se habrían traducido en lavado de dinero. La banda se desactivó cuando Henao acusó a Zacarías, a la sazón su ex amante, y al abogado Víctor Stinfale de extorsionarla con dar a conocer su identidad y de pedirle un millón de dólares para devolverle las propiedades. Al poco tiempo tomó estado público su presencia en Argentina. La viuda había ingresado al país en 1996 como “inmigrante con capitales para invertir”, y aunque la SIDE la detectó no la molestó porque sus documentos eran oficiales. Apenas se supo que la viuda estaba en el país, el ex presidente Carlos Menem aseguró que su gobierno la había seguido durante un año y medio para “protegerla”.
Aguilar consideró que “de la mera enunciación de una circunstancia como lo es una camioneta parada en un semáforo, que conducía Santos Caballero, el magistrado saca en conclusión un hecho delictivo, fijando un objeto procesal nada más que por su propia voluntad”. Y concluyó que esto representa “una verdadera arbitrariedad” que implica “una nulidad absoluta” que debería haber impedido el progreso del caso. El fiscal calificó de “historieta” el origen del sumario. “Por la esperanza de ascenso o premios no es ésta la primera vez que se construye un castillo de naipes”, afirmó. Según Aguilar, Cavallo desconoció las garantías constitucionales referidas a la defensa en juicio y a la legalidad deldebido proceso. Y también afirmó que se excedió en su potestad judicial al disponer las detenciones.
Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado habían pedido el sobreseimiento de la viuda cuando consideraron que no había elementos para juzgarla en proceso oral y público. Como se generó una situación de disenso con el juez de la causa, la Cámara Federal los apartó y finalmente fue Carlos Cearras quien produjo la elevación a juicio, aunque destacó que las pruebas eran débiles. Aguilar retomó ese argumento pero fue más allá al señalar que en la causa no quedó demostrado que los fondos mencionados “provengan de operaciones relativas al narcotráfico”.
Enterado de la iniciativa en su contra, Cavallo piensa denunciar al fiscal por incumplimiento de los deberes de funcionario, además de acusarlo ante el Jury de la Procuración. “Si considera que el juez cometió un delito tiene la obligación de denunciarlo él mismo”, razonó ante este diario un allegado al camarista de la sala I de la Cámara Federal porteña. Según esta fuente, los anteriores fiscales que intervinieron en el caso jamás plantearon las nulidades y tampoco es pertinente hacerlo en esta instancia en la que Aguilar debía ofrecer prueba para el juicio. (Por las dudas, Aguilar las presentó “en subsidio”). “Además la defensa de la viuda no pidió nada de esto porque son más serios”, se quejaron en el entorno de Cavallo.
A pesar del hermetismo del Tribunal, en los pasillos de Comodoro Py se comentó que los jueces José Martínez Sobrino, Juan María Torino y María del Carmen Roqueta podrían coincidir con el planteo de Aguilar. Sin embargo, los allegados al camaristas creen que le dirán al fiscal que es un “disparate jurídico” pedir la inconstitucionalidad del proceso y el juicio oral contra la viuda de Escobar, y otros seis acusados entre los que se encuentra el abogado Luis Dobniewsky, se realizará en breve.

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