Imprimir|Regresar a la nota
La secuencia es llamativa. El Poder Ejecutivo anuncia un proyecto de ley de reforma política, que recoge muchas de las propuestas que distintos partidos vienen formulando desde hace décadas. Los nuevos voceros de la oposición, Elisa Carrió y Gerardo Morales, replican que no es urgente, que en su agenda la prioridad la tiene la pobreza. Al día siguiente, CFK decreta una asignación universal de 180 pesos mensuales para niños y adolescentes que no tengan otra y cuyos padres ocupen un puesto de trabajo informal o ninguno. Carrió clama que el gobierno cedió a la agenda social de la oposición y anuncia que cuando se trate en el Congreso la reforma política, dictaminarán que su primer artículo se refiera a la pobreza. También anuncia que luego del 10 de diciembre revocará la ley de medios, reclamará la presidencia y la mayoría de las principales comisiones legislativas, desde las que promoverá iniciativas contrarias a las del gobierno nacional y, en caso de veto, propiciará una consulta popular o varias, porque de acuerdo con la Constitución no pueden ser vetadas. Como sistema de conversación se parece al viejo método Ollendorf de enseñanza de idiomas, con frases cortas y vocabulario usual, pero ordenadas en diálogos del tipo:
–¿Cuánto cuesta el kilo?
–¡Qué calor que hace!
El oficialismo no piensa asistir impasible a lo que considera un despojo y ya ha comenzado a coordinar entre sus bloques en ambas cámaras la línea de defensa, que priorizará aquellas comisiones que garanticen la gobernabilidad, como Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de cada Cámara y las bicamerales de Inteligencia, Anses, DNU, empresas privatizadas, AGN, Legislación Delegada y Defensor del Pueblo. Confía para ello en la inexistencia de interbloques opositores capaces de ir mucho más allá de una conferencia de prensa conjunta, y ni siquiera relaciones armónicas al interior de cada partido. La declaración de guerra de Carrió y Morales deberá pasar la prueba de la realidad en la reunión que esta semana tendrían para tratar el tema Agustín Rossi y Miguel Pichetto con Oscar Aguad y Ernesto Sanz.
Tanto en la discusión de la ley audiovisual como a raíz de las acusaciones de Morales contra la militante social jujeña Milagro Sala, el discurso opositor partió de un supuesto caprichoso: la existencia de “Empresarios K”, dispuestos a quedarse con los medios que se vendan por la desinversión forzada por la ley de medios, y “Piqueteros K”, como la creadora de la organización popular Túpac Amaru. La K ha pasado a ser la letra de la miopía. Ninguno de los mencionados en todas las especulaciones hizo su fortuna a partir del kirchnerismo. Forman parte de la predatoria burguesía argentina, que cortejó a todos los gobernantes. “Los empresarios somos cortesanos del poder”, dijo hace dos décadas el ingenioso Carlos Bulgheroni. Comenzaron con Isabel y López Rega y aceleraron su ascenso con los militares golpistas y sus ministros paquetes. Fueron de la Coordinadora cuando gobernaba Raúl Alfonsín y tallaba Brodersohn; menemistas desde que entendieron que el salariazo venía después de la revolución productiva, y no tuvieron remilgos ni con la Alianza (¿remember Nicolás Gallo y Fernando De Santibáñez?) ni con el Senador Duhalde, quien repitió el esquema del dictador Viola y subió a la Unión Industrial a su gabinete.
–¿Las cenas aquí son siempre iguales? –preguntó una vez Zulema Yoma al personal de la residencia de Olivos.
–Cambia el menú. Cambian los presidentes. Los que nunca cambian son los invitados –fue la respuesta.
Es ingenuo o avieso pretender que esta clase empresarial, responsable del capitalismo de rapiña conocido por aquí, vaya a contribuir a la acumulación de un presunto “proyecto kirchnerista”. Son mucho peor que eso. Carecen de cualquier lealtad y/o ideario político. Gobierne quien gobierne aprovechan cada oportunidad para invertir poco y ganar mucho a expensas del Estado, y su lealtad dura lo que el poder al que se acercan. Quienes se quejan por el avance que temen no son mejores que ellos y esa ha sido una parte no menor del drama argentino. Que deban competir entre sí es una forma de disciplinarlos.
En las denuncias contra las organizaciones sociales un ingrediente tanto o más importante que el rechazo al kirchnerismo es el desprecio. Con un cartel de buen diseño a sus espaldas que decía “Liberar a los pobres, la mejor reforma política”, Carrió dijo que Kirchner quería tener a los niños como esclavos para que sus padres lo votaran en una presunta interna abierta. Según la expulsada integrante de la APDH se trata de un proyecto de Héctor Recalde, que pone el control en manos de Hugo Moyano. Es un dato fantasioso aun en la escala Carrió. Según los borradores del abogado de la CGT para acceder a la asignación el padre o la madre debían blanquear su empleo precario. El diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano objetó esa condición, aduciendo que no era justo exponer a represalias al trabajador informal. Recalde incluyó entonces dos alternativas que aseguraran al denunciante protección especial contra despido. La de máxima le concedía además el pago retroactivo de un año, lo que implicaría un premio de 2160 pesos en caso de un hijo único, hasta 10.800 para el tope admitido de cinco. El decreto obliga a probar la identidad de padres e hijos, el vínculo, el cumplimiento de las obligaciones escolares y sanitarias, pero no la índole de la relación laboral. Aunque no pueda reprimir su malhumor, utilice conceptos estereotipados y datos imprecisos, Carrió tiene la virtud de plantear cuestiones de fondo. Hace ya ocho años el sociólogo Javier Auyero publicó una investigación imprescindible sobre el tema, “La política de los pobres”. El subtítulo es: “Las prácticas clientelistas del peronismo” y está dedicado a su padre, Carlos Auyero, quien “amaba hacer otro tipo de política”. Auyero prefiere referirse a “mediación política personalizada” en vez de clientelismo y advierte contra la visión de los políticos progresistas y del periodismo, cuyas “imágenes y narrativas simplificadoras oscurecen más que clarifican nuestra comprensión de las prácticas y representaciones de los grupos populares”, porque las interpretan “como si fueran un espectáculo”, con lo cual pierden “lo fundamental de su lógica”. Al culminar su investigación concluye que “la imagen de un electorado extenso y cautivo es empíricamente incorrecta”. La red clientelar, dice el investigador, es una forma legítima de resolver problemas, con independencia de quién sea el mediador, y una porción decisiva de las presuntas víctimas no se sienten esclavos sino amigos de los mediadores, no manipulados sino atendidos por ellos. En su trabajo en una villa del primer cordón bonaerense detectó la disposición a cambiar de lealtad entre distintos mediadores, pero siempre dentro del Partido Justicialista, lo cual se origina en su historia y le da “impresionante durabilidad”, que Auyero imagina aún vigente dentro de tres generaciones.
Cuando escribió esto, Milagro Sala recién comenzaba su trabajo en los barrios más pobres de Jujuy; el presidente era Fernando de la Rúa y Kirchner el desconocido gobernador de una provincia con pocos pobres. Auyero no elogia el clientelismo, pero trata de comprenderlo con respeto por la dignidad de las personas que se sirven de esa intervención política. No es un frío toma y daca ni se produce en el vacío. Por el contrario, surge en condiciones de “desempleo y subempleo y retirada del Estado en su faceta de bienestar social”. Es imposible no identificar en esa descripción los años del menemismo, la Alianza y su caída estrepitosa, y es equívoco no ver cuánto se ha hecho desde 2003 para revertir esa situación. Pero al mismo tiempo es indudable que no alcanzó. CFK advirtió que tampoco la nueva asignación bastará para terminar con la pobreza. No mencionó otra palabra más temible: la indigencia, que sí disminuirá en forma sensible con esta cuantiosa transferencia de recursos. Los considerandos del decreto insisten en que la mejor política social es el trabajo, que junto con la educación, la salud, la infraestructura, la vivienda y los servicios básicos permitirían avanzar sobre el núcleo más duro de la pobreza. Pero eso es, precisamente, lo que no ocurrió en estos años, porque el empleo mal remunerado no inmuniza contra la pobreza y la oligopolización de la economía permite a las empresas líderes incrementar sus utilidades por medio del aumento de precios que corroe el salario. La nueva asignación es un saludable reconocimiento de la necesaria complementación de enfoques. Imprescindible pero aun insuficiente, porque una vez más es de imaginar que la inflación roerá la asignación para llevar la mayor parte a los oligopolios que controlan la producción y comercialización de artículos de primera necesidad.
En torno del tema de la pobreza, la Iglesia Católica ha recuperado el anhelado protagonismo político. Hace un mes, cuando en el gobierno se analizaban las distintas posibilidades, el titular de la Anses, Diego Bossio, propuso consultar con el cardenal Jorge Bergoglio, lo cual fue rechazado por el ministro de Economía Amado Boudou. El responsable político del Episcopado, Jorge Casaretto, recibió a Fernando Solanas y Claudio Lozano y todos sonrieron complacidos por sus coincidencias. Hace ocho años, en cambio, cuando Lozano integraba el Frente Nacional contra la Pobreza, el Episcopado católico se negó a permitir que una sola de las 20.598 mesas ubicadas en 535 localidades del país se colocara en cualquier iglesia. La conducción del Frenapo visitó la sede donada a la Conferencia Episcopal por el ex general Jorge Videla. Además de la respuesta negativa, un obispo le recordó parternalmente al líder de la CTA, Víctor De Gennaro, que había sido su monaguillo. Lozano dijo que el financiamiento era regresivo, por provenir de la Anses, tema que no pareció preocupar a la Iglesia. Se comprende, porque la propuesta en la que ahora coincidieron fue elaborada por el laico de cabecera de Casaretto, el poderoso empresario sojero Eduardo Serantes, quien apoyó la resistencia sectorial en contra de las retenciones y con ellas de la progresividad que reclama el diputado de Proyecto Sur.
La asignación se focaliza en los chicos pero la crítica al financiamiento por parte de la Anses es universal. La fuente preferida de recursos para la mayoría de los objetores es la renta financiera que, según dejó entender Carrió en su conferencia de prensa, sería suficiente. Es decir que rendiría unos mil millones de pesos al mes. En cambio el ministerio de Economía sostiene que esa alternativa fue descartada porque sólo brindaría quinientos millones al año, ya que sólo se cobraría a las personas físicas, dado que las empresas nunca fueron exentas. Esta asimetría se presta a maniobras para evitar el tributo. Entre las alícuotas bajas para las personas en el impuesto a las ganancias y la desgravación de las ganancias de capital la imposición a las personas más ricas termina siendo muy baja, sin contar las lagunas e inadecuaciones legislativas que facilitan la elusión, por ejemplo mediante los fideicomisos radicados en el exterior, que no pagan bienes personales ni ganancias. El 5 de julio, Jorge Fontevecchia entrevistó a uno de los mayores expertos en estos ardides, Francisco De Narváez, quien dijo que su patrimonio personal era del orden de los 83 millones de pesos. Fontevecchia le preguntó cómo era posible, si declaró haber recibido 160 millones de dólares por su parte de Casa Tía. De Narváez explicó que “las personas físicas cobraron una parte y las personas jurídicas otra”, que sus tenencias accionarias están registradas a valor de compra y no de mercado, que posee sociedades anónimas con un capital mínimo de doce mil pesos pero cuyos bienes representan “muchísimo más” y “25 o 30 compañías que tienen en sí mismas valores mucho mayores al que está declarado”. El renovador de la política bonaerense concluyó que eso no era “ni bueno ni malo” y que cada uno, “dentro del marco de la ley, puede estructurar su patrimonio de formas diferentes”. Es difícil encontrar mejor alegato a favor de una reforma impositiva que obture esta hemorragia. Es posible que tanto el cálculo de Carrió como el de Amado Boudou sean sesgados, en sentido inverso. Ese impuesto a las ganancias de capital, eliminado por el menemismo en 1990, rendiría unas cinco veces menos de lo que piensa la diputada y unas cinco veces más de lo que calcula el ministro. En la decisión de no apelar a ese recurso se presiente la influencia del ex presidente del Banco Central Mario Blejer, quien también habría opinado a favor de la designación del ex vocero de Roberto Lavagna, Armando Torres, como representante en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. En cualquier caso, la zona liberada para los inversores financieros fue recibida con alivio por los asistentes al coloquio de IDEA en Mar del Plata. Es probable, aunque nadie lo haya dicho en el gobierno, que se haya preferido eludir nuevas rispideces con el sector financiero en el momento del regreso al mercado voluntario de capitales, con el levantamiento de la ley cerrojo.
La semana pasada, durante un coloquio franco-argentino organizado por el Cefid-Ar en el Banco Nación, el tributarista Jorge Gaggero consideró indispensable la reapertura del canje cerrado en 2005, para que los vencimientos de capital de la deuda externa puedan pagarse a partir de 2011 con nuevas emisiones de bonos, como hacen todos los países. Pero marcó algunas condiciones para esa evaluación positiva: que no se convaliden altas tasas, ni se permita el ingreso masivo de capital de corto plazo que aprecie el tipo de cambio y afecte la competitividad externa (como ya ocurrió con la tablita de Videla-Martínez de Hoz y la convertibilidad de Menem-Cavallo-De la Rúa) y sobre todo “siempre y cuando se cumpla con el compromiso estratégico asumido por Néstor Kirchner de asegurar, a mediano y largo plazo, la reducción sistemática de la deuda externa neta (medida en términos del Producto Interno Bruto). Este parece ser el plan del gobierno, pero no el del establishment financiero. Antes de prestar el escenario de IDEA para que el ex senador Eduardo Duhalde anunciara que su retiro de la política era una broma como la de los depósitos en dólares y el patrón de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati definiera al gobierno como “el enemigo”, el organizador del coloquio de Mar del Plata, Alberto Schuster le dijo al diario La Nación que primero había que “mejorar la política” y si eso se arreglaba “vamos a tener que cobrar entrada porque van a querer venir todos”. Schuster es presidente de la filial argentina de la multinacional KPMG.. Gaggero se preguntó si la entrada a la que se refirió Schuster era un apropiado sistema de tributación al ingreso de dinero caliente para desalentar la especulación de corto plazo, como el que se aplica en la Argentina y desde hace unos días de modo más débil y vergonzante en Brasil, o “los honorarios de los que vive su empresa en todo el mundo, asesorando a los evasores e introductores de capitales en todos los temas relevantes, incluyendo el uso de paraísos fiscales para mejor encubrir y abaratar estas operaciones a costa de los Estados nacionales y el pobrerío universal”. En 2006 KPMG fue denunciada en el Senado de los Estados Unidos como un operador central en el sistema aceitado de actores y complicidades que explican también la erosión del fisco y la capacidad de regulación financiera de aquel país.
Luego del canje, el Ministerio de Economía aspira a colocar dos emisiones de bonos, cada uno a tasa menor que el anterior. Hacia marzo calcula haber ingresado por esas operaciones unos 6000 millones de dólares, que se aplicarían a obras públicas. Esto liberaría una suma equivalente, para no detener el gasto social. Con la economía de nuevo en crecimiento en el primer trimestre del año próximo, sin un deterioro significativo de la mano de obra gracias a los distintos programas de sostenimiento del empleo que dispuso CFK y aplicó el ministro de trabajo Carlos Tomada, y con el ingreso a la niñez en vías de aplicación, el gobierno contempla con optimismo el panorama en un año preelectoral. La necesidad de la reforma política es inobjetable y encararla cuando faltan dos años para los próximos comicios parece razonable. Hay en la Argentina 33 partidos nacionales, de los cuales sólo siete cumplen con los requisitos de la ley vigente. En 2007 compitieron 14 fórmulas presidenciales, pero apenas cinco llegaron al 3 por ciento de los votos. La extensión de las campañas, el uso y abuso de las encuestas, de la publicidad oficial y de la privada, los miniemprendimientos partidarios de alquiler, las listas colectoras y en espejo, las candidaturas testimoniales, las divisiones y reagrupamientos de cada partido, la dificultad de distinguir qué está dentro o fuera de cada uno, la falta de cualquier referencia programática han llegado a un extremo que aturde. Pero el necesario reordenamiento no requiere cristalizar lo existente y entorpecer el surgimiento de fuerzas nuevas. Un estudio comparativo realizado por los equipos de trabajo de Martín Sabbatella indica que en la provincia de Buenos Aires conseguir y mantener la personería nacional de distrito requeriría 60.000 afiliaciones y en la Ciudad Autónoma 12.500, contra las 4000 actuales en cada distrito. Ninguna de esas metas es inalcanzable para su Encuentro por la Democracia y la Equidad, pero sería muy difícil de alcanzar para un partido nuevo. De todos modos, esta ley no tiene la urgencia de las últimas que se trataron antes del recambio legislativo ni dará lugar a similar polarización. Ya hay contactos entre los distintos partidos para buscar procedimientos aceptables para todos. La impresión predominante sobre el proyecto es que tiende a la reconstrucción del bipartidismo, con el socialismo como emergente y fiel de la balanza, y que condiciona a los disidentes justicialistas y radicales que especulan con espejos, colectoras y confusiones. Menos claro es que garantice un recorrido plácido para el candidato presidencial del gobierno que, en este momento, parecería ser Kirchner. La idea de Eduardo Duhalde de que es posible batir a Kirchner dentro de la interna justicialista, no encuentra ninguna contraindicación en la letra de la ley propuesta, una vez descontado el matiz humorístico de su propia postulación. Pese a las denuncias constantes sobre clientelismo, un candidato tan opaco como De Narváez pudo vencer en junio a ese personaje todopoderoso del relato mediático que es Kirchner. Si fuera cierto que el quiebre de su vínculo con la sociedad es irreparable, ¿que cláusula de la ley de internas abiertas impediría que el propio De Narváez u otro desconocido repitieran el batacazo? ¿O tal vez no están tan seguros de su propio dictamen?
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.