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Después de rechazarle un primer borrador, el kirchnerismo está esperando que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, le envíe un segundo proyecto de la Ley de Emergencia Económica. En la conferencia de prensa de ayer, Scioli afirmó que recién enviará la iniciativa a la Legislatura provincial una vez que tenga asegurado un consenso mínimo para su aprobación, algo que por ahora parece difícil. “No va a pasar nada con ajuste y medidas neoliberales. Tiene que ser una ley de emergencia que le permita pagar en tiempo y forma los aguinaldos”, insistieron ayer fuentes del kirchnerismo bonaerense, sin el cual el Ejecutivo no tiene posibilidades de aprobar la iniciativa. Otros bloques de la oposición como el FAP o la UCR desconocían anoche el borrador de la ley aunque marcaron una línea similar: “No vamos a avalar nada que signifique un ajuste para los trabajadores, ni desprenderse de los bienes del Estado. Esas son deformaciones que tiene Scioli de su nacimiento político de la mano de Menem”, lanzó Juan Carlos Juárez, del FAP. El más proclive fue Francisco de Narváez, quien anticipó que sus seis diputados podrían acompañar la medida.
Poco después de definir la necesidad de declarar la emergencia económica en la provincia, el equipo de trabajo de Scioli redactó un proyecto y se lo acercó al vicegobernador Gabriel Mariotto. Recordando sus años de profesor en la Universidad de Lomas de Zamora, el ex titular del Comfer le bochó el texto y le marcó algunos puntos que no serían aprobados.
El mismo Mariotto fijó ayer la posición del kirchnerismo: aseguró que “vamos a trabajar desde el Senado provincial para conducir el pago de los aguinaldos” y para que “no se especule con los activos de la provincia”. También señaló que “no podemos no pagar los aguinaldos” y que “buscaremos alternativas racionales para solucionar la urgencia”.
El Frente para la Victoria bonaerense cuenta con un bloque de 43 diputados sobre 92 que tiene la Cámara, mientras en el Senado tiene 28 sobre 46. Sin embargo, ahí conviven kirchneristas y sciolistas, en proporciones dispares. En los últimos tiempos las diferencias entre ambos sectores se fueron profundizando hasta alcanzar el distanciamiento actual. “Scioli maneja muy bien el tema de victimizarse, pero el problema es la gestión”, evaluaron en el kirchnerismo tras las palabras del gobernador en la Casa de Gobierno en La Plata. Respecto de las alternativas para enfrentar la crisis, dejaron la pelota del lado del gobernador, que deberá volver a presentar otra propuesta.
Para tratar la ley de emergencia sobre tablas la próxima semana el sciolismo necesita dos tercios de los votos, para lo cual tendría que convencer a unos 20 diputados opositores. En el Senado, el bloque del FpV tiene mejores números, pero tampoco tiene muchas esperanzas si no consigue unificar posturas hacia dentro de su propia bancada.
“El problema de la provincia no es económico sino político. Los problemas estructurales, la distribución equitativa de la coparticipación y la mala gestión del gobierno lo venimos denunciando hace años”, sentenció la diputada nacional Margarita Stolbizer y ex candidata a gobernadora del FAP. Stolbizer criticó la actitud de Scioli y la presidenta Cristina Fernández, que tiene de “rehenes” a los bonaerenses. La líder del GEN adelantó que convocará de urgencia a un cónclave del FAP bonaerense integrado por legisladores nacionales por Buenos Aires, intendentes, los 10 diputados y 3 senadores provinciales y los miembros de la mesa provincial, con los que fijarán una posición respecto de la crisis provincial.
El titular de la UCR bonaerense, Miguel Bazze, anticipó que sólo empezarán a analizar la emergencia económica “en la medida en que tengamos la garantía de que sirva para pagar los sueldos y los aguinaldos y que beneficie al conjunto de los bonaerenses, especialmente a los motores de la economía, como la pequeña y mediana empresa”.
Los legisladores de la Coalición Cívica-ARI reprocharon al gobernador que “privilegia al gobierno nacional y a su imagen por sobre la de los bonaerenses” y aseguraron: “Si la provincia reclamara lo que le corresponde de coparticipación, la actualización del Fondo del Conurbano y estatizara la industria del juego, sumaría ingresos genuinos superiores a los 30.000 millones de pesos, lo que le aseguraría capacidad para abonar los salarios en tiempo y forma”, remataron.
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