En la Argentina, el umbral de lo mínimo está tan alto que se necesita garantizarlo con compromisos ad hoc. ¿Quién puede oponerse a que los alumnos vayan a la escuela al menos 180 días al año? Nadie. Esa es, obviamente, la cantidad de jornadas que prevé la mayoría de los calendarios escolares del país. En los países desarrollados superan los 200 y con el doble de horas. El tema es que trece gobernadores, cinco vicegobernadores y cinco ministros de Educación –Mendoza envió su adhesión– tuvieron que ser convocados por el Presidente para poner por escrito su acuerdo con ese objetivo elemental. La buena intención es irrefutable, el problema radica en los mecanismos para transformar el deseo en realidad.
El acuerdo supone el respaldo a un proyecto de ley por el cual los gobernadores acepten que se les retengan recursos coparticipables para evitar el atraso en el pago de los sueldos docentes. En los últimos años, ése ha sido el disparador de todos los conflictos gremiales en la educación. Otra vez lo mínimo: aunque en promedio los maestros y profesores arañan los 500 pesos ya ni protestan –como sucede con todos los trabajadores– por utópicas recomposiciones salariales.
Durante el trunco gobierno de la Alianza también se había enviado al Congreso un proyecto de ley para cumplir con ese calendario básico. También se había especulado con retener recursos de coparticipación, pero hubo un primer obstáculo: siete provincias tenían embargados esos fondos por deudas con bancos privados. Por eso se empezó a trabajar con la idea de conseguir un crédito de 600 millones de dólares del Banco Mundial destinado a financiar un Fondo Fiduciario que permitiera adelantar el dinero en caso de que las provincias no pudieran afrontar en tiempo y forma los sueldos. De la Rúa tuvo que renunciar ante su evidente inoperancia y el crédito se hundió en medio del default. Durante la gestión de Graciela Giannettasio, la ministra de Eduardo Duhalde, se aseguró que el crédito ya estaba. Ahora, en el Gobierno explican que ese dinero, triplicado por efecto de la devaluación, se usó con otros fines -recuperar los bonos provinciales, entre ellos– y nada quedó para educación.
El compromiso firmado ayer corre el velo sobre dos temas pendientes para resolver el marasmo educativo: la relación de la Nación con las provincias y las desigualdades a nivelar. Durante el menemismo se descentralizó el sistema, pero las crisis locales no hicieron más que agudizar las desigualdades entre regiones y en el interior de cada territorio. La Nación quiere acudir en compensación pero no tiene recursos y apela a retener los que les corresponden a las propias provincias. El fin es loable pero el mecanismo muy limitado. ¿Qué pasará si una provincia se atrasa mes a mes en los pagos? ¿Qué pasará si son las provincias grandes las que lo hacen? ¿Podrá Economía afrontar esos desembolsos? ¿Qué pasará si los conflictos estallan con los auxiliares docentes, como en Buenos Aires, y se pierden días de clase?
El tiempo dirá si este ejercicio de voluntad política tiene un correlato realizable.
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