El país|Domingo, 10 de agosto de 2003

Por Martín Granovsky

Es difícil colarse en una base. Pero Alfredo Astiz lo logró. Gracias a la ayuda de sus amigos de la Marina está arrestado en una base de la Armada a pesar de que no es militar. Perdió esa condición cuando fue dado de baja del arma.
Astiz dejó de disfrutar su libertad absoluta desde que el juez español Baltasar Garzón ordenó el arresto de 46 represores argentinos por crímenes contra la humanidad.
Debería estar recluido en un lugar con control civil y no militar, pero terminó beneficiado por la Armada que lo protege desde la primera vez que quedó al descubierto su papel en la masacre de la dictadura.
Al Cuervo lo benefició una cadena que aún no tiene nombre apropiado. Puede ser una cadena de confusión tras confusión, de equivocaciones, de picardía, de ignorancia compartida, de mala fe o de todo eso junto.
Cuando el gobierno del presidente Néstor Kirchner suprimió el decreto de Fernando de la Rúa y permitió que la Justicia actuara, el juez Rodolfo Canicoba Corral aceptó el pedido de Garzón siguiendo un mismo criterio en todos los casos. Así fue que el ministro de Defensa José Pampuro ordenó a cada jefe de Estado Mayor que citara a los militares de su arma para comunicarles el arresto. Quedarían detenidos en dependencias propias. Militares al Ejército, aviadores a la Aeronáutica, marinos a la Armada. Algunos ya estaban detenidos en unidades militares, como Jorge “El Tigre” Acosta. Otros, los mayores de 70, aprovechaban la opción favorable de los jueces, que les dejaron pasar en su casa el arresto que ya sufrían por el procesamiento en las causas por robo de bebés, no sujetas a la Obediencia Debida y el Punto Final.
Dos casos eran distintos, el del ex general Carlos Guillermo Suárez Mason y el de Alfredo Astiz, ex capitán de fragata. Suárez Mason había sido exonerado del Ejército cuando a principios de la democracia no se presentó ni siquiera a la farsa del autojuzgamiento montada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Astiz perdió la condición militar en 1998, cuando Carlos Menem lo destituyó.
Cuando Canicoba resolvió cumplir el pedido de Garzón, Suárez Mason ya cumplía arresto en su casa. Astiz, en cambio, estaba libre. Después del arresto, Suárez Mason siguió en su casa. Astiz, que nació en noviembre de 1950, aún no cumplió los 53 y está lejos de los 70 años, pasó de la calle a la base.
Página/12 rastreó ayer cuál es el paradero actual de Astiz pero no halló una respuesta única.
Un vocero de la Armada dijo que la fuerza no está autorizada a hablar del tema. “Tiene que llamar al juez”, deslindó. “Nosotros solo cumplimos órdenes de la Justicia.”
Un funcionario del juzgado dijo que Astiz está en una unidad de la Marina. No detalló en cuál.
Un funcionario del Ministerio de Defensa informó sin dudar que Astiz vive ya en Puerto Belgrano, la base más importante de la Marina, cerca de Bahía Blanca, y la mayor concentración de tropas del arma. Puerto Belgrano es en sí misma una pequeña ciudad conectada con el centro civil de Punta Indio. Fue imposible saber en qué sitio de la base está recluido Astiz y si realmente cumple arresto o recorre Puerto Belgrano recogiendo como un héroe los aplausos de sus antiguos camaradas.
Otro funcionario del Ejecutivo, aunque de menor rango que el anterior, dijo que Astiz no está en Puerto Belgrano sino más cerca de Buenos Aires, en Río Santiago. Allí y en una base de Zárate la Marina concentró la mayor cantidad de buscados por Garzón. Astiz no es cualquier preso ni es cualquier marino. Un miembro del Estado que participó en el proceso de detención contó una escena con Astiz.
–Le expliqué su situación y cuál podía ser futuro, incluida la posibilidad de ser extraditado a otro país, y casi no habló –fue el relato–. No me miraba a los ojos. Contestaba con monosílabos. Y no discutió en ningún momento. Un tipo frío. Muy frío.
Todo fue distinto con Antonio Domingo Bussi.
–Gritaba, discutía, argumentaba, se enojaba.
El interlocutor de Página/12 dijo estar asombrado de cómo los marinos siguen transmitiendo que Astiz es una persona con gran predicamento entre sus pares, en actividad o retirados. “Me dicen que de 100 generales, 10 respetan a Bussi y ninguno a Suárez Mason, pero que a Astiz los marinos lo tratan como si fuera un oficial en actividad o un superior.”
En buena medida, la Armada fue construyendo a Astiz como el símbolo de los mandos medios que formaron las patotas operativas encargadas de secuestrar, torturar, robar y matar.
En la Marina, su presunto predicamento podría deberse a que ese pasado fue presentado internamente como una serie de actos heroicos y obedientes. La Armada nunca dejó solo a su símbolo. Después de la baja, incluso, este diario descubrió que hasta llegó a trabajar en el servicio de inteligencia naval.
Pero otra parte del peso de Astiz es un regalo del poder civil, que emite señales equívocas como un semáforo enloquecido.
El arresto en una dependencia de la Marina es una muestra.
La ley del personal militar que rige desde 1971 dice en su artículo 5: “Estado militar es la situación jurídica que resulta del conjunto de deberes y derechos establecidos por las leyes y reglamentos, para el personal que ocupa un lugar en la jerarquía de las Fuerzas Armadas”.
El artículo 10 establece que el estado militar se pierde por baja.
El artículo 20 incluye ocho causas de baja. Vale la pena leer la sexta: “Para el personal del cuadro permanente y para el personal en situación de retiro (la baja se produce por) destitución como pena principal o accesoria. Además, por ser declarado en rebeldía o por condena emanada de tribunales comunes o federales, a penas equivalentes a las que en el orden militar lleven como accesoria la destitución”.
En enero de 1998, la periodista Gabriela Cerruti publicó en la revista trespuntos una frase de Astiz: “Soy el mejor para matar a un político o a un periodista”. Menem, entonces presidente, dictó un decreto imponiéndole la destitución “por provocar con su actitud inconsulta e irresponsable una situación de gravísima repercusión social y política, que afecta seriamente el prestigio de la Armada y otras instituciones”. Alfredo Bravo, que era diputado nacional, deploró que Menem basara su decisión en que el prestigio de la Armada había sido afectado por dichos de Astiz “cuando en realidad su reivindicación del terrorismo de Estado repugna la conciencia de la humanidad”.
En las formas, desde entonces Astiz perdió su salario, su grado y su obra social. En los hechos, siempre quedó la sospecha de que fuera sostenido por la inteligencia naval con fondos negros. Si esto fuese cierto, su residencia actual en una base con cargo al presupuesto de la Marina sería un blanqueo. Un blanqueo, eso sí, muy VIP.

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