El país|Domingo, 4 de enero de 2004

Por Fernando Cibeira

La Fundación Bicentenario es trucha. Quienes se hicieron conocidos publicando costosas solicitadas en contra de la designación de Eugenio Zaffaroni en la Corte Suprema y ahora renovaron bríos para oponerse a la postulación de Carmen Argibay, no tienen autorización para funcionar. La Inspección General de Justicia le negó la personería porque en su estatuto resultaba evidente que, para ser fundación, a sus integrantes les gustaba demasiado la plata. “De los enunciados estatutarios se desprenden propósitos de lucro en pugna con el tenor de bien público que caracteriza la constitución y existencia de toda fundación”, se explicó en la resolución en la que se rechazó la solicitud.
Ya en el momento de su irrupción en el debate público en octubre pasado, la Fundación Bicentenario fue cuestionada por lo poco claro de su financiamiento. Dado que en solicitada tras solicitada se dedicaban a escarbar en las declaraciones impositivas y patrimoniales que Zaffaroni había hecho a lo largo de su vida, era natural que se exigiera a los miembros de la Bicentenario transparencia en sus cuentas. Pero ellos se limitaron a contestar que los actos de la autodenominada fundación se financiaban con el aporte de sus miembros.
Así se supo que los miembros de la Bicentenario eran mayoritariamente ex integrantes de la UPAU, la organización estudiantil de la Ucedé que tuvo su cuarto de hora a fines de los ‘80. Dos de sus integrantes, Carlos Maslatón y Juan Curutchet, llegaron incluso a presidir el Centro de Estudiantes de Derecho. Por ese entonces integraban la línea que respondía a Adelina de Viola.
Según sus integrantes, la personería de la fundación en la que ahora intentan reciclarse se encontraba en trámite. Lo que nunca contaron fue que se la habían rechazado. Los miembros siguieron firmando sus cartas de lectores en diarios presentándose como presidente o vicepresidente de la Fundación Bicentenario, todos cargos inventados.
El expediente 1.724.649 en el que se caratuló la solicitud comenzó a estudiarse en la Inspección General de Justicia en octubre del 2003. Lo primero que notaron los funcionarios que tuvieron la carpeta en sus manos fue que el estatuto de la pretendida fundación destilaba un tufillo comercial que nada tenía que ver con el desinteresado bien público al que debe aspirar una asociación sin fines de lucro.
Según la resolución, la finalidad de hacer dinero queda bien explícito en el artículo cuarto de la Bicentenario cuando manifiesta su intención de “dar y recibir préstamos en bienes, efectivo y dinero en curso legal o en moneda extranjera”. Más adelante, agrega “lograr servicios y celebrar contratos de asistencia, pudiendo además gestionar ante los gobiernos nacional, provincial o municipales, beneficios para los aportantes de la fundación y de naturaleza impositiva o de cualquier otra índole”.
La pretensión resulta cuanto menos curiosa, ya que justamente los aportes impositivos fueron uno de sus principales puntos de acusación contra Zaffaroni.
La financiera Bi
En la resolución se menciona otra evidente intención comercial de la pretendida fundación –que ya la acercaría a una financiera o casa de cambio– cuando en el artículo 14 de su estatuto prevé “comprar y vender valores, títulos públicos o acciones de cualquier naturaleza”. No hay dudas de que para los jóvenes liberales no hay contradicciones entre sus pretensiones políticas y sus apetencias económicas.
Durante la última campaña presidencial, Curutchet y compañía habían realizado una cena en la que homenajearon a Carlos Menem y prometieron a poner sus ideas a disposición de su gobierno. No contaban con que Menem no se presentaría al ballottage por miedo a la paliza.
Pero, otro de los puntos que resalta el escrito de la Inspección General de Justicia es que no queda en claro la forma en que se financiaron las llamativas solicitadas que la Bicentenario publicó para atacar a Zaffaroni. “La actividad mediática de público conocimiento que ha encarado la Fundación aún con carácter previo a la autorización de funcionamiento destacan por su onerosidad una total falta de correlato con el patrimonio declarado por la entidad”, se lee allí.
El patrimonio declarado por la autodenominada fundación es de 12 mil pesos, fondo que no alcanzaría para pagar ni una de las solicitadas de página completa publicadas en diarios nacionales. Para más, ese mínimo patrimonio ni siquiera había sido depositado al momento del trámite.
Y el colmo. Dado el carácter público que tomó la actividad de la Bicentenario, se presentó en la Inspección un hombre llamado José María Menéndez, presidente de la Fundación del Instituto del Bicentenario, está sí aprobada en 1995. La fundación de Menéndez tiene por objeto “fortalecer las entidades nacionales de América” y, por tanto, no le gustaba nada las actividades de su casi homónima. Solicitó que se prohíba la utilización de la denominación Fundación Bicentenario.
La Inspección hizo lugar al reclamo, por lo que sumó un motivo más para rechazar la personería. No obstante, Curutchet –en sus exposiciones en contra de la Corte Suprema adicta que asegura quiere formar el presidente Néstor Kirchner– se sigue presentando como presidente de la Fundación Bicentenario, un cargo y una figura que sólo existen en su imaginación.

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