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El Gobierno retractó de modo parcial e impreciso los aumentos siderales de las tarifas de gas. No fue una decisión unilateral del presidente Mauricio Macri como el veto a la ley de Emergencia Ocupacional sino una respuesta “a lo bombero” ante una seguidilla de protestas callejeras, reclamos de gobernadores e intendentes de todo el espectro partidario y sentencias desfavorables. Algunos fallos frenaron las medidas a nivel provincial (Chubut, Santa Cruz), otros a parte importante del distrito (Mendoza, Tierra del Fuego), otros a una ciudad (Bariloche). Se sumaron casos con validez individual, solo para el reclamante.
Los amparos se basan en dos fundamentos. El primero es la magnitud de la suba, confiscatoria para familias o empresas. Se trata de una cuestión estimable, aunque difícil de controvertir dada la exorbitancia del alza. La segunda objeción es la falta de las audiencias públicas obligatorias. La ilegalidad, flagrante, no se repara por la disminución de la tarifa y justifica que se mantengan los reclamos en Tribunales.
Gobernadores de distintas regiones se reunieron con el ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren y de Interior Rogelio Frigerio. Las crónicas reflejan que éste llevó la voz cantante, diz que para compensar la escasa cintura política y el desprestigio de aquél.
Nada indica que el nuevo tarifario sea soportable para ciudadanos, comercio e industria.
El oficialismo prestamente elogió el repliegue, adornándose de una caprichosa serie de virtudes. “Sabemos escuchar”, “reconocemos los errores”, entre tantas. Aranguren “asumió” haber incurrido en un error producto de la urgencia de la medida, dictada a cinco meses de gestión, que es un tiempito.
Con rebaja y todo, la movida significa una formidable transferencia de ingresos de los usuarios a favor de las prestadoras de servicios públicos. El Estado es socio, en las pérdidas, porque cubre con subsidios (a la oferta, caramba) la reducción. Una excelente nota del periodista Claudio Scaletta publicada en Página/12 disecciona las cifras siderales en danza solo para la Patagonia, el territorio donde, por razones evidentes, se consume proporcionalmente más gas. Los sureños se creen con derecho a no pasparse de frío, dicho con eufemismos.
El senador Federico Pinedo, con gracejo infrecuente para Cambiemos, apuntó que “no- sotros no nombramos un salame” refiriéndose a Aranguren. Sin dejar de agradecerle que se aparte del discurso único del oficialismo se le podría observar que nadie supone que el ministro sea un salame… otras sospechas pesan sobre él. La más nítida es el conflicto de intereses que carga en la mochila el ex CEO y millonario accionista de Shell. Lo zanja chocantemente: siempre decide a favor de su (¿ex?) empresa o mejor del sector al que esta pertenece. Nunca se equivocó en ese aspecto. Es cuestionable políticamente y tiene toda la pinta de ser ilegal.
La transferencia de ingresos impopular renueva la serie comenzada con la devaluación combinada con la poda o disminución de las retenciones, con el aval indisimulado a los despidos privados y el entusiasmo con que prosiguen los de sector público.
La aguja del gasto público se mueve apenas porque los subsidios ahora benefician a las empresas en detrimento de las personas de a pie. Los concesionarios ahorran anuncios de inversiones: ni pizca. Quien calla, otorga. El gobierno, ofertista e ideológico al mango, deja en sus sabias manos las decisiones. Las oportunidades para bicicletear dólares o remesarlos afuera son la especialidad favorita del Banco Central. Con esos incentivos, cuesta imaginar que las divisas se hagan caños, se hunda el capital, se apueste al largo plazo.
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Apretar y ver: El gobierno resuelve, conforme su ideario y eventualmente retrocede ante la protesta. Es una táctica recurrente, lo que puede ser un modo de aludir a una estrategia. No hay metidas de pata sino de otras partes del cuerpo en el de terceros. Si la reacción luce incontenible se dan dos pasos atrás, de los cinco, diez o más que se avanzaron.
La sociedad civil argentina es fervorosa para defender sus derechos y está entrenada. Las asociaciones de consumidores, los gremios orgánicamente o sus laburantes “por abajo”, la comunidad universitaria salen al espacio público desde siempre. En este siglo ha sido una constante que se excita a contados meses de la asunción de Macri. Motivos sobran: las agresiones a intereses y el efecto disuasorio. La protesta “garpa” en la Argentina, la actual etapa confirma la regla. Macri y su elenco van tomando nota aunque reinciden, tanteando el terreno.
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Otros tiempos: Las comparaciones son precarias, porque los tiempos son muy distintos. Con la salvedad, vale la pena repensar en el ex presidente Fernando de la Rúa. Se lo pinta de modo frecuente como un irresoluto que no sabía qué hacer. Así contado, es falso. De la Rúa supo qué hacer, conforme a sus parámetros y decidió en consecuencia. Pudo imponer su visión de país durante dos años: impuestazo al comienzo, Blindaje y Megacanje, reducción inconstitucional de las jubilaciones y sueldos de estatales, reforma laboral, corralito, estado de sitio, ataque feroz a los manifestantes en diciembre de 2001. Una coherencia enlaza esas medidas, crecientemente agresivas hasta en lo físico. La solitaria excepción fue la eyección del efímero ministro de Economía Ricardo López Murphy, suscitada cuando una fracción importante del radicalismo defendía a la Universidad pública… altri tempi.
De la Rúa gobernó durante casi dos años sosteniendo y agravando los males de la Convertibilidad y el proyecto neoconservador implantados por el gobierno del ex presidente Carlos Menem. El Congreso le fue dócil, por imperio del bipartidismo amigable, la Banelco y el impulso de su decreciente legitimidad de origen.
Lejos estamos de homologar esa coyuntura con la actual. Aunque la prensa in the dependiente porfíe en contrario, Macri no heredó un país inviable como el de 1999. El desendeudamiento record le facilita recurrir al crédito externo. Las reservas en el Banco Central valen, inclusive los yuanes que motivaron tantos chistes de los economistas de la City. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS) acumula recursos interesantes. Los niveles de ocupación disimulan el impacto social de los despidos. Muchos argentinos, cada cual en niveles muy diversos, tienen un colchoncito de recursos que no los baja a la pobreza y la indigencia por la patente disminución de la pérdida del valor adquisitivo de sus ingresos.
La existencia de convenciones colectivas, rutinas institucionales, ponen coto a la voracidad patronal aunque las “señales” del gobierno engolosinan a las grandes empresas. Varias de las firmantes del compromiso unilateral para no despedir burlan su promesa.
De cualquier manera, la viabilidad económica y social son muy otras que antaño. En ese tablero se juega la partida diaria entre un gobierno que trata de menoscabar derechos y los ciudadanos que resisten.
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Omnibus de dos pisos: La “agenda social” macrista avanza remolona, si se compara con sus acciones pro mercado. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los ministerios nacionales de Desarrollo Social y de Trabajo se aplican a prevenir “un estallido”, articulando con organizaciones sociales, a las que vuelcan atención y plata. La metodología (que merece un abordaje más detallado que estas pocas líneas) es puntillista y paliativa. Transita sobre el surco de acciones del kirchnerismo, aunque desampara a colectivos importantes: las empresas recuperadas o los clubes de barrio son cuentas de ese collar.
La ley ómnibus (de dos pisos y con acoplado, póngale) contiene las más pretensiosas novedades, orientadas a los jubilados. El combo acumula el blanqueo, atisbos de reforma impositiva y previsional. Las leyes macro son capciosas, esconden sorpresas en el matorral de artículos e incisos.
La lectura atenta, responsable y suspicaz de la propuesta macrista es un reto para los legisladores opositores. El pago de juicios con sentencia firme es un imperativo de justicia, que debe saludarse, leyendo la letra chica con cuidado.
La pensión universal para quienes no tengan aportes suficientes (o aportes, tout court) es, en el borde, el reconocimiento del paradigma solidario que instauró el kirchnerismo. Vista con minucia, es menos inclusiva que el sistema actual. Como digresión: habría que poner fin a la parla pseudo compasiva que apoda “abuelos” o “ancianos” o “nuestros viejos” a los jubilados porque no todos lo son… o no quieren serlo.
La sustentabilidad del sistema jubilatorio es un problema en la aldea global. Se encoge la masa de trabajadores aportantes, crece la expectativa de vida y las demandas de los jubilados. Viven más y se creen con derecho a la salud, el ocio y una vida decorosa. Las soluciones son siempre transitorias y van en pos de nuevos desafíos.
Desfinanciar el FGS es, verosímilmente, una aspiración de máxima del oficialismo que cumpliría así con una exigencia de las corporaciones empresarias.
Dos diputados, del ala más transigente o filo macrista, fueron titulares de la Anses: el renovador Sergio Massa y el peronista itinerante Diego Bossio. Deberían estar a la altura de lo que predicaron e hicieron ayer no más. Habrá que ver.
La oposición férrea, el Frente para la Victoria (FpV) y la izquierda, denuncian con argumentos sólidos que se busca desfinanciar al sistema para abrir paso a una reprivatización. El debate es candente y el macrismo carece de credenciales previas para legitimarse.
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Blanco que te quiero opaco: El blanqueo impositivo siempre fue repudiable éticamente, en el pasado y ahora. Grosso modo, valen los mismos reproches a los dictados por otros gobiernos (el kirchnerismo incluido). Premian a los evasores con riesgo de extender la generosidad a los lavadores: los dos conjuntos están separados por líneas borrosas a menudo.
Media un castigo implícito a los buenos pagadores de impuestos. En general no se subraya que los más damnificados son los más humildes que pagan IVA sobre la mayoría de sus consumos y su patrimonio. La reducción establecida recientemente es un paliativo, bienvenido e incompleto en razón de su tope, un techo bajo.
Un blanqueo es distinto a (y peor que) una moratoria, que viene con el paquete para que nadie se queje. La promesa de suprimir el Impuesto a los Bienes Personales, progresivo por naturaleza, es otra confesión de parte del macrismo.
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Eficacia y cohesión: La aceleración es regla en la coyuntura doméstica y mundial. Esto asumido, no hay registro de movilizaciones tan intensas al comienzo de ningún gobierno surgido por el voto desde 1983. Saúl Ubaldini encabezó una marcha contra el del presidente Raúl Alfonsín como réplica a la “ley Mucci” que intentó cambiar el sistema de Asociaciones Profesionales, a poco de llegar a la Casa Rosada. El líder radical perdió la partida, por el canto de una uña. Las célebres trece huelgas de “Saúl contra Raúl” principiaron a fines de septiembre de 1984, esto es a nueve meses de la llegada de Alfonsín.
La cabal oposición a Macri se congrega en defensa de intereses tangibles, que “la gente” cree tener derecho a ejercer. Lo cree porque los ejerce, he ahí la parte del razonamiento que se le escapó al economista Javier González Fraga. Las protestas defienden las conquistas, así fueran parciales o imperfectas. O derechos tan primitivos como el de trabajar o tener calefacción en invierno.
Las fuerzas políticas de oposición, incluyendo al kirchnerismo, lucen menos potentes. Pueden acompañar las protestas pero no encabezarlas porque son plurales y no partidistas. La ventaja para el macrismo puede ser aparente: entre quienes los cuestionan poniendo el cuerpo hay votantes de Cambiemos de hace menos de siete meses.
A seis meses de mandato ningún presidente legal y legítimo tenía una oposición armadita: ni Alfonsín, ni Carlos Menem, ni Fernando de la Rúa, ni Néstor Kirchner ni Cristina Fernández. Los tiempos electorales influyen para fortalecer al oficialismo y debilitar al perdedor.
Las oposiciones reales existentes captan que el macrismo no es receptivo a las razones ni cambia sus rumbos por “el diálogo”. La pulseada es el medio eficaz para interpelar a un gobierno que solo re(cal)cula si lee que la correlación de fuerzas le es adversa.
El frío invernal se adelantó por esas cosas del clima. De la reactivación en junio ya no se habla.
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