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Más allá de sus deseos personales para Brasil, Mauricio Macri dispone de análisis producidos por sus propios funcionarios que no descartan ninguna variante. Ni la vuelta de Dilma Rousseff.
“En Brasil todavía faltan pronunciamientos del Superior Tribunal de Justicia y el voto plenario del Senado”, dice uno de esos exámenes sobre escenarios posibles. “Puede ser salir pato o gallareta”, indica una de las frases que circula dentro del Gobierno. La tradición criolla supone que el pato es la mejor carne. La gallareta es peor. ¿Cuál es el pato para el Presidente? ¿Un gobierno débil e ilegítimo como el de Michel Temer o un gobierno débil pero legítimo como el de Rousseff? “Pato o gallareta” tiene otra acepción: que, salga lo que salga, inevitablemente habrá que lidiar con el resultado.
Tal como informó Página/12, uno de los sacudones de la semana en Brasil se produjo luego de que el senador Romario distinguiera entre dos votos. Uno, el que abrió camino al impeachment de Dilma en el Senado. En ese voto el ex jugador se pronunció en favor de investigar a Dilma. El otro voto será el que resuelva el apartamiento definitivo de la presidenta suspendida. Romario aclaró que aún no decidió qué hará. En su página de Facebook el senador fue más transparente que otros colegas. Escribió que no solo se discute si Dilma cometió un delito en el manejo de las cuentas públicas sino la evaluación del “conjunto de la obra”, es decir de la gestión, lo que equivale a un reconocimiento de que el debate sobre el delito es una simple excusa. También desafió a Temer a practicar cambios y criticó la desaparición de los ministerios de la Mujer, de la Igualdad Racial y de Derechos Humanos.
Para separar a Dilma la mayoría conservadora no puede perder ninguno de los tres votos que marcaron la diferencia en favor del impeachment el 12 de mayo. Precisa dos tercios.
Por lo que pudo determinar Página/12, el embajador en Brasil Carlos Magariños observa la situación pero no se mete ni hostiliza al PT. Tampoco desde la Cancillería recibió instrucciones de subir el perfil. El Gobierno se ampara en un argumento complejo. Sostiene que antes de la suspensión de Dilma consultó a Itamaraty y que la propia diplomacia brasileña respondió que el proceso contra la presidenta era legal. Ninguna respuesta, naturalmente, exime al Gobierno argentino de las responsabilidades sobre una evaluación que le pertenece a él y solo a él. Esa evaluación arranca del modo en que se conteste a una pregunta: ¿es verosímil que Dilma haya cometido el famoso delito de responsabilidad en sus instrucciones al Tesoro para garantizar pagos destinados a planes sociales? Al recibir velozmente al nuevo canciller José Serra y habilitarle una reunión con Macri, la Casa Rosada actuó como si diera por verosímil el delito. Funcionarios del Gobierno arguyen que Serra, como siempre Serra, quería más. “Pedía ser recibido de hecho como candidato a presidente y no solo como canciller”, dijeron a este diario. Lo cierto es que, aun sin satisfacer todos los deseos de Serra, el Gobierno se distanció de posiciones abiertamente críticas como las de Ecuador, Bolivia o El Salvador, lo cual era previsible por el origen ideológico de cada presidente, pero también se apuró en comparación con la cautela de Uruguay y Chile. “No podemos debilitar el vínculo con Brasil”, sigue siendo aún hoy la explicación oficial.
Para Macri la debilidad de Brasil es una oportunidad de mayor protagonismo pero a su vez un problema para la economía argentina y una dificultad para encarar con eficacia el mayor problema actual de Sudamérica: la crisis en Venezuela.
El miércoles la Argentina aprovechó que preside el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para impulsar una resolución de consenso que solo tuvo una reserva paraguaya. Hasta los Estados Unidos y la propia Venezuela firmaron el texto, que puede leerse completo haciendo click en
A pesar de que Macri no se privó nunca de marcar su empatía con la oposición venezolana, no podrá decir que ignora la gravedad del cuadro. El análisis sobre la situación que recibió de sus funcionarios incluye estos puntos:
- Faltan liderazgos fuertes que se hagan cargo de la gravedad de la situación.
- La oposición no tiene proyecto común y solo está unida por el espanto a Maduro.
- Ni el Gobierno ni la oposición parecen tener conciencia de que la guerra civil es una perspectiva.
- La región debe evitar a toda costa una guerra civil porque tendría consecuencias devastadoras sobre la propia Venezuela y sobre el resto de los países.
- Una profundización de la crisis impactaría negativamente en el Caribe y daría pie al avance del narcotráfico gracias al desorden.
- El escenario sería grave si el Ejército se mantiene unido en defensa de Maduro y no hay diálogo previo entre gobierno y oposición y también si el Ejército se fracciona.
- Hay gran cantidad de armas en manos de civiles.
- El efecto sobre Colombia se mediría en términos de cientos de miles de migrantes, que se sumarían a los millones de desplazados por las guerras y el paramilitarismo colombiano de los últimos 60 años.
- No es un misterio que fue Hugo Chávez quien presionó a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para que se sentara a la mesa de negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana. Una crisis quitaría presión a las FARC cuando los acuerdos de paz avanzaron mucho.
- El papel de los cubanos en una salida pacífica para la crisis es clave.
- Los cubanos, siguiendo su estilo, actúan discretamente.
- También es importantísimo el trabajo del Vaticano, donde el secretario de Estado Pietro Parolin, con 30 años de experiencia en la diplomacia pontificia y un triunfo reciente por el acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba, tiene en su curriculum vitae el haber sido nuncio apostólico en Caracas.
- “No estaría nada mal que el Vaticano funcione como un paraguas confiable para las partes”, es una de las reflexiones que escuchó Macri.
El jueves último, en una ronda con periodistas organizada en la Cancillería por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, la canciller Susana Malcorra dijo que no puede descartarse la aplicación de la Carta Democrática, una cláusula de la OEA que puede llegar a suspender a Venezuela en el organismo y que fue propuesta por el secretario general, el militante uruguayo antichavista Luis Almagro. Pero el voto debe reunir los dos tercios de los miembros, una perspectiva que en principio parece inalcanzable.
“A mí me parece que los que creen que con la Carta se soluciona todo y garantizamos el diálogo tienen una percepción como si se tratara de un milagro”, dijo Malcorra en alusión al fetichismo reglamentarista. “Imaginemos que se aplica la Carta y las partes no se sientan a negociar”, siguió. “¿Y entonces qué? Hablé largamente con Almagro. Le dije que nuestro criterio es el de ser cuidadosos. Si la OEA logra el diálogo, bien. Si lo consigue la Unasur, también estará bien. Yo sé que se puede arrastrar el caballo hasta el río pero no obligarlo a tomar agua. Al menos hagamos todo lo posible para que el gobierno y las fuerzas de oposición se sienten a hablar.”
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