El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se negó ayer a responder al reclamo del gobernador bonaerense, Felipe Solá, que había pedido un fondo especial para fortalecer su estructura de seguridad. “Hay que ver exactamente de qué se trata. Todavía no sé en qué consiste el fondo del que está hablando. Todo lo que conocemos es por los medios”, sostuvo Fernández. El asesinato de Axel Blumberg y la masiva movilización liderada por su padre alimentaron la tensión entre la Casa Rosada y Solá que, a pesar de coincidir en muchas cosas, nunca estuvieron de acuerdo en cómo manejar la crisis de seguridad: mientras que Néstor Kirchner reclamaba una postura más activa en relación con la Policía Bonaerense, el gobernador se mantuvo en un confuso lugar intermedio. El miércoles pasado, el gobierno nacional aplaudió la decisión de Solá de designar a Arslanian como nuevo ministro de Seguridad. Pero los acuerdos llegan hasta allí. Ayer, el jefe de Gabinete no dio una respuesta precisa al reclamo de Solá, que el domingo pasado había pedido 900 millones de pesos para reforzar las fuerzas de seguridad bonaerense. A continuación, planteó los problemas del gobierno nacional para colaborar con la provincia en la mejora de las condiciones de seguridad. “Hay que entender las dificultades que existen en términos legales para que la Nación pueda participar activamente en decisiones políticas de la provincia. A la Ciudad la separan de Buenos Aires una avenida que se llama General Paz y una pila de razones jurídicas que le impiden hacer cosas en la provincia. Lo que nosotros podemos hacer es acompañar a quien decide. Todos aquellos que podamos ayudar a que le vaya bien, estemos cerca para ayudarlo, porque la suerte de Arslanian es la suerte de la seguridad de muchos bonaerenses”, concluyó. En la misma línea se manifestó el ministro del Interior, Aníbal Fernández. “Se va a discutir políticamente entre el gobernador y el Presidente, en el marco que corresponda, pero nunca en los medios”, aseguró el funcionario, que se negó a polemizar directamente con Solá por los 900 millones. “Yo no soy quién para llamarle la atención al gobernador”, dijo el ministro cuando le preguntaron si le molestaban los reclamos. Sin embargo, a continuación agregó: “Tiene que haber sintonía entre los gobiernos, porque en el medio está la gente. Si no, parecería que fuera un problema entre dirigentes”.
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