El país|Domingo, 31 de marzo de 2002

Por Martín Granovsky

El Gobierno aún no tomó ninguna iniciativa ante una movida por la cual el Estado pierde una recaudación que podría superar los 200 millones de dólares e incluso alcanzar los 400 millones. Hasta ahora, y gracias a una declaración jurada, una oficina y un teléfono, ese monto irá a los bolsillos de un puñado de grandes comercializadores de granos. El Estado podría hacerse de esas divisas que el país tanto necesita mediante una simple decisión política. O también perderlas, por simple desidia.

Tal como informó en exclusiva Página/12 el 15 de marzo último, la llave de los dólares es el mecanismo para declarar cuánto y qué se exportará. Si un exportador de granos suministra con anticipación ambas cosas al fisco, por una disposición legal más que dudosa ideada por la dictadura el fisco tendrá que respetar sus ganancias. El sistema tiene su miga, porque el Gobierno planifica instaurar un mecanismo de retenciones por el cual cada exportador pagará un porcentaje de sus exportaciones al Estado. Y si queda exceptuado del pago en sus operaciones futuras sólo porque antes las declaró, significa que se embolsará entre el 10 y el 20 por ciento de las exportaciones.

El sistema que permite a un sector hacer una fortuna extraordinaria mientras el país pena miseria se basa en una ley de la dictadura, la 21.453.

Es esa ley la que establece que la sola presentación de una declaración jurada por cada venta al exterior deja fijo el tratamiento impositivo y arancelario que tendrá esa venta declarada. Cualquier modificación posterior, para el que ya declaró, alpiste. No existe.

La declaración no es en absoluto complicada. Figuran el producto (trigo, maíz, aceite de lino o de soja), la cantidad (10 o 50 toneladas, lo que sea), el precio de venta (estipulado en dólares por tonelada) y el período de embarque. No se acompaña ninguna documentación adicional. Y ni siquiera hace falta señalar quién es el comprador. Basta con la palabra.

¿Cuánto antes puede presentarse una declaración así? Depende del período de embarque. Pero un sutil mecanismo de plazos, prórrogas sin causa y prórrogas con causa lleva el plazo a 180 días. Seis meses. Medio año. En otras palabras: al menos en teoría la mitad de las exportaciones argentinas de todo el año podría llegar a quedar exceptuada del pago de las futuras retenciones.

Antes, los exportadores podían presentar las declaraciones en un horario restringido y bajo condiciones de gran control. Eso era cuando existía la Junta Nacional de Granos. Cuando este organismo desapareció, barrido por la furia desreguladora de Carlos Menem y Domingo Cavallo, el único ente que quedó habilitado para recibir las declaraciones fue la Aduana. El control desapareció. También las restricciones. Y además no hay ningún problema en presentar una declaración de venta en cualquier Aduana del país. Puede ser en la de Buenos Aires, que en los papeles parece controlable. O en la de Misiones. Alcanza con entregar el papelito.

Funcionarios intermedios del Gobierno revelaron a este diario que sólo en la Aduana de Buenos Aires se registraron en los últimos días declaraciones por estos volúmenes:

-Un millón de toneladas de porotos de soja. A un promedio de 165 dólares por tonelada, serían 330 millones de dólares.

- Un millón de aceite de soja a 310, 310 millones. Este es sólo de Bunge Ceval (brasileña).

- Un millón de toneladas de harina de soja. A 145 dólares, 145 millones.

- 1.300.000 toneladas de pellets de soja. A 135, 175 millones.

- 3,8 millones de toneladas de maíz. A 80, 300 millones.

- 6,3 millones de toneladas de trigo. Alrededor de 700 millones. El total oscila llega casi a los dos mil millones. Exactamente, 1960. La cifra es verdaderamente espectacular: se trataría de la cuarta parte de la exportación anual de granos.

Para redondear el análisis de esta situación tan grave, que todavía puede revertirse, el Estado debería recabar la información Aduana por Aduana y hacerla pública. El resultado podría ser mayor, y también menor, pero en ningún caso dejaría de entrañar sumas varias veces millonarias en dólares. Y el perjuicio para el fisco debería medirse de acuerdo al nivel de retención futura. Si se establece en el 10 por ciento y nada cambia, los exportadores se habrán embolsado el 10 por ciento de sus operaciones. Si queda en el 20, habrán ganado un 20 por ciento adicional a las naturales y legítimas ganancias por la venta de sus productos.

Conviene aclarar que no se trata de chacareros. Los exportadores que compran el grano a los productores son, por ejemplo, Aceitera General Deheza, Bunge, Cargill, Nidera y Dreyfus.

El Gobierno dio indicios de que tiene conciencia del problema. Una resolución de la Secretaría de Agricultura suspendió el miércoles el registro de declaraciones de venta. De ahora en adelante, el sistema no rige hasta nuevo aviso. ¿Y hacia atrás? En ese punto, la conciencia cojea. Cualquiera podría pensar mal: un negocio de tantos cientos de millones de dólares podría dejar en manos expertas una retención informal –y personal– que suplante a las retenciones formales. Pero, ¿y si el Gobierno no anula las declaraciones anteriores porque teme hacerlo? ¿Si no lo hace por miedo al juicio?

En la entrevista que acompaña esta nota Alberto Ferrari Etcheberry, ex presidente de la Junta Nacional de Granos, explica de qué manera el Estado podría volver atrás y apretar rewind para no perjudicarse con la picardía de los exportadores, que a su juicio no representan, hoy, “nada”. “Es ilegal que los bancos pretendan cobrarles a los chacareros sus créditos pesificados en dólares violando la ley de la pesificación general con documentación trucha, ¿no?”, se preguntó Ferrari. “La documentación que les fabricaron como si fueran prefinanciaciones de exportación. Pero el banco algo entregó. Prestó pesos. Acá, en cambio, no hay nada. Carlos Menem, María Julia Alsogaray y Víctor Alderete al menos corrieron algún riesgo. Estos no. Después vendrán los muchachos del CEMA o de FIEL o de la Mediterránea, sosteniendo que esto es el capitalismo y que el capitalismo exige el respeto a los contratos y a la seguridad jurídica. Pero estamos frente a Al Capone defendido por los consiglieri.”

En estas horas, el Presidente cavila sobre sus próximas medidas económicas. Ponga o no retenciones, y sean del 10 o del 20 por ciento, algo es seguro: sería absurdo que no revisara este fruto de la picaresca exportadora cuando cada divisa que no entra es un paso más hacia el dólar recontraalto y la inflación ídem. Cuando cada peso que se pierde es menos comida y menos empleo.

De grano somos, está bien. Pero además, ¿molido?

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