El Gobierno anunciará retenciones del 20 por ciento a las exportaciones de gas natural. Esto corrige una ostensible corruptela duhaldista, que con un decreto reglamentario modificó la ley de emergencia económica que las imponía. Las empresas pueden absorberlas, ya que sus costos cayeron a un tercio y el petróleo y el gas están en su precio máximo histórico. Pero el complejo energético sigue en manos de un oligopolio capaz de imponer condiciones al Estado.
Por Horacio Verbitsky
El gobierno nacional anunciará esta semana el establecimiento de retenciones del 20 por ciento a las exportaciones de gas natural, que hasta ahora estaban a salvo del fisco. Corregirá así una de las mayores aberraciones de la política energética, que se arrastra desde la devaluación de enero de 2002. Las retenciones a los demás hidrocarburos anunciadas la semana pasada implicarán un ingreso fiscal de 226 millones de dólares, las que se anunciarán ahora al gas natural, de 70 millones de dólares. Esa recaudación adicional permitiría subsidiar el 100 por ciento del precio de la garrafa de gas licuado de petróleo para la totalidad de los consumidores argentinos, que casi sin excepciones son pobres o indigentes. Aunque no se espera que ése sea el destino de los recursos que se generarán, la comparación sirve para medir el regalo que el Estado nacional les viene haciendo a las compañías integrantes del oligopolio energético. La historia de esa omisión es uno de los actos corruptos menos disimulados del año y medio de gestión interina de Eduardo Duhalde, como saben los lectores de esta página. Vale la pena recordarlo ahora, en vísperas de la finalización de ese escándalo.
Prestidigitación
Las retenciones a la exportación de todo tipo de hidrocarburos fueron establecidas en el artículo 6 de la Ley 25.561, que estableció la devaluación y la emergencia económica. El Poder Ejecutivo la promulgó el 7 de enero de 2002. Durante más de un mes, las compañías ejercieron presiones para que el artículo 6 no se aplicara. A primera vista, fracasaron, porque el 13 de febrero Duhalde reglamentó la ley y determinó el porcentaje de las retenciones. Pero sólo a primera vista. En realidad el decreto 310/02 se refirió al petróleo crudo y los combustibles líquidos y omitió nada menos que al gas natural. Es decir, el rubro que mayor crecimiento tuvo en las exportaciones del lustro anterior y cuyos precios son los más elevados. Los escuetos considerandos del decreto apenas mencionaron el nivel de la retención que se aplicará “a ciertas operaciones” y el articulado fijó un derecho de exportación del 20 por ciento para el petróleo crudo y del 5 por ciento para los combustibles líquidos. Del gas, ni una palabra.
Para firmar el decreto Duhalde esperó que su primer ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, estuviera fuera del país. Mientras Remes jugaba a las visitas con el Fondo Monetario Internacional, el ex jefe de gabinete Jorge Capitanich y la ministra de Educación Graciela Giannettasio, a cargo de Economía, refrendaron la generosa decisión del senador a cargo del Poder Ejecutivo. En 1997 se exportó gas natural por un monto de 25 millones de dólares, lo que representaba menos del 2 por ciento de la producción total. En 2003, las exportaciones de gas ascendieron a 340 millones de dólares, correspondientes al 13 por ciento de la producción. El artífice del olvido no firmó el decreto, sólo porque la secretaría de Energía y Combustibles no tiene rango ministerial. Se llama Alieto Guadagni y es un consecuente operador del lobby energético. Lo único que aún se ignora de esta historia es cómo se distribuyó el retorno entre los compañeros.
Precio y costo
La semana pasada el Gobierno anunció que las retenciones a las exportaciones de petróleo se incrementarían del 20 al 25 por ciento, lo cual implicaría un ingreso adicional por año de 113 millones de dólares; que se impondrían retenciones del 5 por ciento a las naftas, por un valor estimado en 41 millones de dólares al año y que se llevarían de 5 a 20 por ciento las retenciones al gas licuado de petróleo (14 millones de dólares al año) y al propano y el butano (58 millones de dólares). En ese contexto era inexplicable que volviera a omitirse el gas natural, que es el producto de crecimiento más dinámico. En los últimos años las ventas de gas natural al exterior se multiplicaron por 10 en volumen y por 13 en valor. El momento para esta decisión es óptimo, ya que el precio internacional del petróleo, bien por encima de los 40 dólares el barril, es el más alto de la historia, por lo cual las empresas registran las ganancias más elevadas. El barril costaba menos de 20 dólares al momento de sancionarse la ley de emergencia en enero de 2002, es decir menos de la mitad que ahora. El precio del gas evoluciona a la par de la cotización del petróleo. Además, según la información entregada por Repsol a sus accionistas, luego de la devaluación sus costos de producción en la Argentina se redujeron a un tercio, ya que sus componentes importados son mínimos. Al fundamentar el incremento en las retenciones a las exportaciones de petróleo el gobierno sostuvo que buscaba captar una parte de las ganancias extraordinarias producidas por el aumento de precios, para volcarlas al proceso de nueva inversión energética, es decir recapturar una porción aunque fuera mínima de la renta despilfarrada durante la francachela menemista. Otro efecto que cumplen las retenciones, al reducir en una cuarta parte el monto percibido por cada barril exportado, es disuadir el incremento del precio interno, que se nivela con el internacional. También introducen algún elemento de racionalidad en la explotación de un recurso natural estratégico y no renovable, que representa la mitad de la matriz energética argentina y que las compañías están manejando en forma predatoria (por falta de inversiones en exploración, el horizonte de reservas gasíferas cayó de 30 a 13 años desde la privatización. El año pasado no se perforó ni un solo pozo). Aun así, la escalada en los precios internacionales producida por la política exterior de Estados Unidos, hace previsible un incremento de la inflación, por el traslado del incremento en el precio de los insumos energéticos a los precios de los bienes producidos con ellos. No es el único elemento conflictivo que plantea la situación energética. En las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la Argentina asumió el compromiso de reducir a partir del año próximo las retenciones a las exportaciones, es decir lo contrario de aquello que la realidad le impone hacer. Se verá si la floja negociación con Aguas Argentinas (se suspenden las multas, pero no la demanda de la empresa ante el CIADI) se refleja en una posición europea más indulgente, como sostuvo en su última visita el ex canciller francés Dominique de Villepin.
Oligopolio energético
Las retenciones a la exportación de gas natural terminarán con una corruptela intolerable e intentarán paliar una situación de crisis energética que tomó desprevenido al gobierno. Apuntan en la dirección opuesta a la que reclama el oligopolio energético, de mayores precios como condición para la inversión. Pero distan de constituir una solución de fondo al gravísimo cuadro resultante de la privatización de Gas del Estado e YPF, realizada hace una década sin asumir los mínimos recaudos que impidieran la conformación de un oligopolio energético con fuerza suficiente como para enfrentar al Estado nacional. En el caso del gas natural, los dos cuadros muestran la concentración económica de la producción y de las exportaciones. Según las cifras oficiales, las ocho mayores firmas concentran casi el 92 por ciento de la producción y el 85 por ciento de las exportaciones y varias de ellas son las mismas. En 2003 las ocho primeras productoras fueron Repsol, Total Austral, Pan American, Pluspetrol, Petrobras, Tecpetrol, Chevron San Jorge y Pecom, y las ocho principales exportadoras Repsol, Pan American Energy, Total Austral, Wintershall, Mobil, Pluspetrol, Sipetrol y Pecom. Así, apenas tres empresas (Repsol, Total y Pan American) concentran más del 60 por ciento de la producción y la exportación de gas.
La privatización de Gas del Estado desintegró la cadena gasífera en dos sociedades transportistas y nueve unidades de distribución monopólicas, con jurisdicción sobre distintas regiones del país. La hipótesis no verificada era que esa difusión del poder de mercado impediría prácticas abusivas. Además, la ley 24.076 estableció limitaciones basadas en la propiedad del capital de las empresas: los productores no podrían controlar el capital de una firma transportista; productores y transportistas no podrían controlar una distribuidora; se vedaría a los grandes usuarios una participación controlante sobre una distribuidora en su propia área de consumo. Pero ya el decreto reglamentario, 1.738/92, ablandó esas restricciones legales. Tal como volvería a ocurrir con la dolarización de tarifas y con las retenciones, un instrumento de menor jerarquía enmendaría lo resuelto por el Congreso, como testimonio de la degradación institucional que vive el país.
Grupos
En todos los consorcios participaron los grandes grupos económicos que habían sido contratistas de Gas del Estado e YPF (como Astra, Macri, Pérez Companc, Soldati y Techint) y que además eran grandes usuarios industriales de gas natural. Muy pronto se produjo la reintegración vertical e, incluso, horizontal, de la cadena gasífera, de modo que los mismos actores son productores, transportisas y distribuidores. A los mencionados deben sumarse algunos grupos extranjeros como Camuzzi y Repsol. Todos ellos también participaron de la privatización de los sectores eléctrico y petrolero. Por ejemplo Repsol es gran usuario industrial de gas natural, que produce, transporta y distribuye. Además produce, transporta, distribuye, comercializa y refina petróleo y genera energía eléctrica. Petrobras posee yacimientos de petróleo y gas, destilerías, estaciones de servicio, gasoductos, oleoductos, líneas de transmisión eléctrica, generadoras de electricidad, parte de una distribuidora eléctrica y plantas petroquímicas. De este modo tienen una presencia decisiva en el sector energético como un todo y constituyen el oligopolio con el que debe lidiar el gobierno. Está dividido en dos subsistemas económicos muy integrados y concentrados y tiene capacidad para paralizar el país: Repsol y Petrobras controlan la subzona sur; Repsol, Techint y, en menor medida, Soldati, la zona norte. Merced a este diseño en la década pasada la rentabilidad de las empresas gasíferas fue del 17 por ciento en promedio (11 por ciento las distribuidoras, 38 por ciento las transportistas) mientras en el mismo lapso las restantes 200 empresas más grandes del país tuvieron un margen de utilidad sobre ventas promedio del 4 por ciento. El 80 por ciento de esos beneficios se distribuyeron entre los accionistas y salieron del país, mientras las inversiones se realizaron mediante endeudamiento, que las empresas intentaron después de la devaluación endosarle al Estado, hasta ahora en vano. Desde hace una década, además, las compañías energéticas están autorizadas a dejar fuera del país hasta el 70 por ciento de las divisas que perciben por sus exportaciones. El argumento del ministro de Economía Roberto Lavagna para mantenerles esa prerrogativa es que de otro modo la afluencia de divisas produciría una apreciación del peso que no se reflejaría en una disminución de los precios internos pero sí en una baja de competitividad de las exportaciones argentinas. Lavagna es también el autor del proyecto de recurrir per saltum a la Corte Suprema de Justicia para que anule las medidas cautelares de jueces de primera instancia contra aumentos tarifarios. Pero la oposición de la senadora Cristina Fernández y del secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, lo ha relegado al olvido. La pérdida de calidad institucional tendría un costo muy superior al beneficio económico que produciría, argumentan.
Enarsa y Enargas
La creación de una nueva Empresa Nacional de Energía, Enarsa, intenta recuperar algún margen de maniobra para el Estado en este contexto tan vulnerable. Su capitalización sólo podrá ser gradual y no actuará sola sino en UTES y joint ventures, nacionales e internacionales, mientras va acumulando conocimientos. Será presidida por el actual Secretario de Hidrocarburos de Chubut, Exequiel Espinoza, de quien dependía Petrominera, la primera empresa petrolífera fiscal desde la enajenación de YPF, creada por el gobernador Mario Das Neves. En el directorio se sentarán uno de los economistas argentinos más respetados, Aldo Ferrer, quien forma parte del grupo Fénix; el licenciado Jorge Haiek, quien fue uno de los ideólogos de la denominada “gran burguesía nacional” y el hombre que presentó a Carlos Grosso y Franco Macri; el agente de bolsa Luis Corsiglia, presidente de la Caja de Valores (lo cual sugiere que una posibilidad es la actuación como inversora), y como síndico el ex dirigente del Frepaso neuquino Oscar Massei. No deberían esperarse resultados espectaculares, sólo una mejor disposición para enfrentar un combate largo y duro.
También habrá cambios en el Ente Regulador, el Enargas, encargado hasta ahora de no controlar el cumplimiento de las normas vigentes por parte de las empresas. Su actual titular, Héctor Fórmica, pertenece al sector de la Unión Cívica Radical que en asuntos energéticos responde a Daniel Montamat, el hombre del lobby petrolero que gestionó la conformidad de su partido con la privatización de YPF, conducida por su primo, Luis Prol, durante el gobierno menemista. Como secretario de Energía y Combustibles de Fernando de la Rúa, Montamat fue autor del decreto que permitió a las compañías gasíferas indexar sus precios por los índices de inflación de los Estados Unidos. Es accionista de una empresa proveedora de la Cámara de Empresas de Gas Licuado y está muy activo en el lobby en contra de la regulación del precio de la garrafa. Es dudoso que apruebe las retenciones al gas natural, aunque tratará de manejarse con discreción. En lugar de Fórmica, el gobierno nacional designará al interventor en la Comisión Nacional de Comunicaciones, Fulvio Madaro. Kirchner tiene una opinión favorable de él a raíz de la investigación que realizó sobre la irregular concesión del control del espacio radioeléctrico a la empresa francesa Thales Spectrum, cuya caducidad fue decretada en febrero de este año.
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