Cuando en Córdoba se sigue discutiendo sobre la efectividad Tolerancia O, el Colegio de Abogados de Córdoba solicitó ayer a través de un dictamen que el Instituto Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) investigue por discriminación a Carlos Medina, director ejecutivo del Manhattan Institute, quien la semana pasada había declarado a Radio Universidad que limpiavidrios, prostitutas y vendedores ambulantes eran “terroristas urbanos que debilitaban el estado de derecho”.
Llegado para firmar el convenio con el gobierno delasotista y la Fundación Axel Blumberg (ver nota principal), Medina dijo que “si uno no trata los delitos menores, al tiempo realmente se convierten en delitos mayores. Con eso estoy hablando de temas como la eliminación de las calles de la prostitución, el microtráfico, ruidos, limpiaparabrisas; ésos son elementos que realmente contribuyen a un sentido de inseguridad del cual el delincuente toma ventaja. Es como asegurar y fortalecer el estado de derecho y nosotros pensamos que lo que está ocurriendo en Latinoamérica y lo que ocurre en otras partes de Argentina es que el estado de derecho está muy débil y las personas están actuando más como terroristas urbanos que delincuentes...” Palabras textuales de Medina, quien luego intentó defenderse con el clásico “yo no quise decir eso”.
En el dictamen girado al Inadi, los abogados cordobeses aseguran que “aparece manifiesta la discriminación por razones ideológicas y económico-sociales y tipificado el hostigamiento mediante una agresión verbal insultante y descalificante hacia niños y adolescentes limpiavidrios, vendedores ambulantes (“microtráfico”) y trabajadoras sexuales de nuestra ciudad, englobando en una misma conceptualización a la delincuencia con otras actividades que entre sí tienen en común la pobreza, la marginación social y aun la exclusión, pero que en modo alguno configuran ilícitos penales”.
En otro de los nueve puntos que integran el pedido de investigación, los letrados advierten que “la discriminación por motivos ideológicos y económico-sociales no sólo viola de forma manifiesta los tratados de derechos humanos, en particular la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, sino que se corresponde con un pensamiento antidemocrático propio del más oscuro período de nuestra historia reciente, cuya reiteración la sociedad argentina ha dado muestras de no estar dispuesta a tolerar”.
“La declaración tiene un alto contenido de violencia, que además resulta una invitación a la ciudadanía al odio, la discriminación y la eliminación de la vía pública de personas que él identifica como terroristas urbanos.”
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