La presión del gobierno y de los banqueros para que los depositantes cuyos ahorros han sido confiscados no puedan invocar la protección de las leyes, se dirigió la semana pasada contra el juzgado federal de Resistencia, la capital chaqueña. Los trascendidos que induce el gobierno nacional afirman que su titular, Carlos Skidelsky, un ex convencional constituyente justicialista a quien sus comprovincianos llaman Pichón, seespecializa en conceder amparos a depositantes de otras provincias. Alentado, un colega de Azul lo denunció ante el Consejo de la Magistratura. El caso no se sostiene y ejemplifica la degradación institucional por la que el gobierno se desliza debido a su incapacidad para resolver, por medios políticos y económicos, el primer punto del pliego de condiciones en el que coinciden la sociedad argentina y el FMI: terminar con el corralito.
El titular de un depósito acorralado recurrió al juez federal de Azul en defensa de sus ahorros. El juez dictó una medida cautelar no desprovista de cierto humor, acaso involuntario. Al ciudadano le dijo que reconocía sus derechos como titular del depósito. Al banco le anunció que cuando concluyera el juicio debería devolver el dinero. El ahorrista se acogió entonces a la reglamentación que permitía comprar bienes inmuebles con el dinero acorralado. Con intervención de un escribano adquirió una propiedad en Resistencia. Luego solicitó la intervención de Skidelsky para que el banco liberara los fondos. La ley de amparo 16.986 no deja lugar a dudas acerca de la competencia del juez del lugar de la operación. El juez ordenó que la sucursal Resistencia del Banco pidiera la remisión del dinero a la sucursal Azul y pagara los 125.000 dólares al ahorrista. La decisión se cumplió, sin que el banco ni el ahorrista informaran nunca al juez de la existencia de un amparo previo en Azul. Skidelsky tiene dos causas de trascendencia nacional en su juzgado: la denuncia contra el jefe del Ejército Ricardo Brinzoni por la masacre de Margarita Belén y la causa por subversión económica en el Banco del Chaco, donde uno de los probables involucrados será el ex presidente del Banco Central, Pedro Pou. Un magistrado que pidió reserva de su nombre dice: “Los jueces no podemos discutir con ministros, legisladores ni banqueros y este silencio termina jugando en nuestra contra y a favor de los declamadores que, al no contar con oponentes, se consolidan como la única campana de la discusión. El mensaje es claro: señor ahorrista, recurra a la justicia y será investigado; señor abogado, atienda a sus clientes y sus cuentas serán revisadas; señor juez, falle de acuerdo con su libre convicción y verá lo que le pasa”.
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