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Si, por un instante, se dejan de lado visiones ideológicas o valorativas, debe aceptarse que lo que el Gobierno debía decidir sobre Aguas Argentinas aquí y ahora era si subsidiaba a la empresa o si, dado que pagaba la factura, se hacía cargo del servicio. El atraso de las obras, su actual costo, su acuciante necesidad tornaban imposible la hipótesis de aumentar las tarifas de modo tal que permitieran a los concesionarios honrar sus exorbitantes deudas financieras, actualizar el servicio y comprometerse a dotar de agua y cloacas a los millones de ciudadanos privados de algo tan básico. Así las cosas, ante un concesionario incumplidor como pocos, el rumbo elegido es el más sensato.
A su modo, la empresa francesa propició el desenlace. “Desde el fin de la convertibilidad se dedicaron a preparar su salida y el juicio ante el Ciadi”, estigmatiza un funcionario protagónico en la reestatización, y no parece pifiarla mucho. De modo quizás involuntario, la concesionaria terminó de cavar su propia fosa en la opinión pública. Una porción de su discurso –la que pregonaba su propia quiebra, su imposibilidad de mejorar el servicio, su impotencia financiera– fue creíble. En cambio, ningún usuario podía creerle que la provisión de agua fuera un servicio de excelencia. Y los ciudadanos carentes de agua corriente o de cloacas no se sentían muy contenidos al saber que Aguas Argentinas tenía estimado resolver esas cuitas dentro de un par de décadas. Las gentes de Suez no registraron la existencia de un cambio de imaginario colectivo, amén de uno de gobierno.
El Gobierno, de cualquier modo, tomó la decisión apresuradamente, a su manera. Llegó a ese punto tras haber explorado sin éxito otras opciones, privadas o públicas. Aguas de Barcelona no quiso. Fue el tiempo de Eduardo Eurnekian “no tanto porque sea bueno sino porque es argentino”, explican en una oficina high de Infraestructura para luego aclarar que no se trata de chauvinismo sino que “está a la vuelta de la esquina y si mete la pata lo podemos agarrar”. Algo se avanzó con un posible socio dotado de tan endebles credenciales, incluida su promesa de no tocar tarifas residenciales por dos años, pero la operatoria cayó, desconociéndose las razones precisas y, aun, si el corte es definitivo.
También se exploró la hipótesis de un ente mixto entre Nación, Provincia de Buenos Aires y Capital. Pero Felipe Solá concluyó que su provincia no tiene cuadros técnicos aptos para garantizar un nuevo emprendimiento de ese nivel, amén de que era muy dudoso que la legislación y la Constitución bonaerense lo permitieran.
Todo se venía pudriendo y, como es norma, en algún momento Néstor Kirchner decidió cortar la crisis de raíz. Tan de atropellada se hizo que Julio De Vido decidió retocar sobre la marcha la respectiva, sencilla, urdimbre legal. Se emitieron dos decretos. Uno ordinario decidiendo la resolución del contrato. Otro de necesidad y urgencia, creando la empresa Aysa y regulando su estatuto. Sólo al segundo le cabía la aprobación parlamentaria ulterior. Pero el ministro de Infraestructura, a pocas horas del anuncio de la reestatización, envió el decreto de ruptura al Congreso y les encomendó a las autoridades del Frente para la Victoria que instaran su aprobación a todo lo que da. Manifiestamente el cambio buscó dotar a la decisión de algún chasis legal descuidado de entrada.
El miércoles el Congreso ratificará los decretos, si la bancada oficial colma los deseos de De Vido. Para favorecer el portento, el ministro pidió que se incluyera para gestionarlo a Edgardo de Petris, uno de los diputados que le reportan de modo incondicional.
Los muchachos
son buenos...
El Gobierno porfía que la reestatización versa sobre un caso especial por la magnitud de los incumplimientos y que no se propagará a otros casos. El tiempo dirá si es así. Entre tanto, aun entre quienes entienden que la movida era sensata, factible o el mal menor, cunden las dudas acerca de los primeros protagonistas que encabezarán una experiencia piloto en la que el oficialismo arriesga mucho. José Luis Lingeri, un converso de los tantos que tiene el movimiento obrero argentino, fue una de las estrellas de la revisión de lo que él mismo facilitó hace poquitos años. El hecho da cuenta del peso real que viene adquiriendo la cúpula cegetista en el esquema de poder del Gobierno. Hugo Moyano compartió estrado hace dos semanas en un pimpante anuncio oficial, Lingeri tuvo cartel francés en un hecho histórico. En riguroso off the record, funcionarios muy cercanos a Kirchner matizan la influencia, que explican a la luz de la necesidad. “La empresa tiene 28 directores y más de 300 cuadros gerenciales, es imposible tomarla y no contar con el apoyo del sindicato”, resumen. No se trata, se empacan, de darle un cheque en blanco a Lingieri o al presidente de Aysa, Carlos Ben. Rememorando la clásica frase del General acerca de la bondad de los hombres y del modo en que incide en ella cuánto se los vigila, explican que Ben debe reportarse paso a paso con el secretario de Obras Públicas José Francisco López. Y añaden que su figura no será la media sino más bien un islote dentro del directorio que aún está por integrarse. “No se engañe –le insiste a Página/12, que persevera en sus dudas, alguien que será eje de la gestión futura de Aysa–, el presidente de Aysa es Kirchner. Para Kirchner es cuestión de Estado que haya cloacas y agua para los seis millones que carecen de ella. Y cuando Kirchner conduce ya se sabe qué le pasa al que se hace el distraído.” Bueno.
El jueves se anunciarán inversiones millonarias. Y, comentan en Palacio, tal vez las nuevas aguas rieguen un nuevo trato con Jorge Telerman. Ocurre que en Gobierno piensan que Capital se ha sobrebeneficiado con el actual servicio y que quizá sea hora de un “gesto solidario” de los porteños para facilitar que en el conurbano tengan más pronto agua potable. “De Vido ya habló con Jorge, quien debería recoger el guante.” De momento, no se sabe en qué consiste el guante... pero, si existe, dará que hablar.
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