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El país|Domingo, 16 de diciembre de 2007
COMO SIGUE EL PROCESO SOBRE LA VALIJA EN ESTADOS UNIDOS

Un país que siempre ofrece la opción de darse vuelta

Mañana, dos acusados de ser agentes encubiertos de Venezuela se presentarán en la audiencia de cargos. Allí pueden declararse culpables o colaborar por protección o cargos menores. Otros dos ya alegaron su inocencia.

Por Irina Hauser
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El FBI y los fiscales acusaron a los socios de Guido Antonini de ser agentes venezolanos.

Desde Miami

En la ciudad donde los edificios parecen frágiles objetos de utilería y las palmeras amagan con volarse en el viento, las investigaciones penales pueden cambiar de cara o de rumbo repentinamente. Nadie sabe qué puede pasar si mañana, cuando dos de los acusados de ser agentes encubiertos del gobierno de Venezuela se presenten en la llamada audiencia de cargos, deciden –por ejemplo– hacer uso de una posibilidad que les da el sistema local: declararse culpables o colaborar con el FBI y los fiscales, siguiendo los aparentes pasos de Guido Antonini Wilson, a cambio de protección o de tener una imputación suavizada. Al venezolano Moisés Maiónica y el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello, dos de los socios del hombre de la valija detenidos la semana pasada, les toca presentarse ante el juez Rubert Dube en una sesión que será pública. Otros dos socios, Franklin Durán y Carlos Kauffmann, ya alegaron su inocencia, aunque están habilitados a cambiar de parecer cuando quieran. Así funcionan las cosas aquí, donde los micrófonos y las camaritas del bureau de inteligencia pueden posarse en el lugar menos pensado.

El caso de Antonini Wilson pinta bien la lógica del sistema norteamericano: el hombre pasó de ser un sospechoso de lavado, contrabando o evasión, atrapado con una valija de 800 mil dólares al intentar entrar a Argentina, a convertirse –para el Departamento de Justicia de Estados Unidos– en una víctima perseguida por agentes encubiertos venezolanos que son, nada menos, que sus viejos amigos y socios en negocios diversos por años. Todavía es un misterio si Antonini es ahora un testigo protegido, un colaborador del FBI o la CIA y desde cuándo. La realidad es que él está libre y sus amigos presos.

La acusación impulsada por el FBI fue dada a conocer la semana pasada oficialmente por el fiscal Tom Mulvihill, quien dijo que los viejos compinches de Antonini intentaron “manipularlo” para ocultar el origen y destino de los billetes que llevaba en la valija. De algunas grabaciones obtenidas, afirmó, surgía que era dinero para apoyar la campaña presidencial de un candidato. En una de las conversaciones, precisó, se nombra como destinataria a Cristina Fernández de Kirchner.

Cuando el escándalo estalló en Argentina, después del 4 de agosto, el FBI puso el ojo en su “ciudadano” Antonini Wilson, como lo describió un comunicado oficial. Puede hacerlo bajo el paraguas de las leyes de seguridad nacional. El organismo está facultado para iniciar investigaciones de oficio, explicó a Página/12 Judy Orihuela, portavoz del FBI en Miami. Luego, agregó, se suma la fiscalía “en representación del Gobierno” para la formulación de cargos propiamente dichos. Orihuela dijo que no está habilitada para especificar que herramientas se utilizan en las pesquisas. Pero en estas tierras nadie se sorprende de las escuchas subrepticias, ni de los interrogatorios apremiantes a familiares de los implicados. Recién por estos días está dejando de ser percibido como natural el uso de la tortura para la obtención de información, cuyos límites comenzó a señalar el Parlamento.

Los fiscales norteamericanos son elegidos por el Poder Ejecutivo, del que dependen, y pueden ser removidos por él. Esto, en cierto modo, relativiza la teoría que pretende separar el plano legal del político en este asunto. Los fiscales, además, tienen un enorme margen de acción en las investigaciones, mucho antes de que llegue el momento de la intervención de un juez, y cuentan con un gran poder de negociación con las partes, sobre todo con los imputados, que pueden declararse culpables para llegar a algún acuerdo, algo que ocurre en el 95 por ciento de los casos en algún momento de cada proceso, según estadísticas del propio Poder Judicial. Por lo general, los expedientes reservados para el show del gran jurado son los de mayor impacto político.

Duran y Kauffmann por ahora se dicen inocentes, pero esto puede no ser definitivo. Pidieron la excarcelación bajo fianza, que les fue rechazada. Maionica y Wanseele deben presentarse en la Corte mañana. Los cuatro están acusados de haber actuado como agentes ilegales de un gobierno extranjero, sin autorización del secretario de Justicia, y de haber participado como parte de esa tarea en diversas reuniones con Antonini Wilson donde lo presionaron para que dijera que los 800 mil dolares le pertenecían. Hasta le advirtieron, según el FBI, en una cena en el restaurante Las Olas de Miami, que sus hijas estaban “en peligro”.

Maionica, Duran y un tercero fueron detenidos el 11 de diciembre en el majestuoso restaurante Jackson Steakhouse de Ft. Lauderdale, mientras comían con Antonini y, dice el FBI, arreglaban la confección de documentos falsos para el encubrimiento. Aun a los espectadores de camisa hawaiana más desprevenidos de Miami les llamó la atención la puntería con la fecha: un día después de la asunción de Cristina Fernández y a unos días más del referéndum en Venezuela.

Después de la audiencia pendiente, en los tribunales ubicados en el Downtown, la fiscalía de Miami tendrá tiempo hasta el 28 de diciembre para presentar la historia al jurado, un cuerpo que componen entre 16 y 23 personas elegidos al azar, donde comenzará a sustanciarse el juicio propiamente dicho. Otra vez, los acusados podrán, si quieren, declararse o no culpables. A la fiscalía le tocara desplegar toda la artillería de las pruebas recopiladas. Hasta ahora, de hecho, no mostró todo lo que tiene. Los cuatro hombres detenidos seguramente seguirán en esa situación y hay un quinto que está prófugo, Antonio Jose Canchica Gómez. Podría haber juicio en marzo, aunque siempre hay margen para postergaciones. Eso no es patrimonio exclusivo argentino.

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