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La Justicia argentina no ha emitido ni una sola sentencia condenatoria por el delito de lavado de activos desde el 2000, cuando se promulg贸 la Ley 25.246 que regula ese il铆cito. Un estudio realizado por la asociaci贸n civil Unidos por la Justicia sobre una muestra de medio centenar de expedientes judiciales arroj贸 que el 33 por ciento de las maniobras investigadas se originaron en dep贸sitos injustificados en cuentas bancarias, mientras que el 29 por ciento radicaron en otras operaciones financieras sin sustento econ贸mico.
Las transferencias de divisas desde el exterior y el aumento inusual del patrimonio en sociedades fueron la principal cuesti贸n del 10 por ciento de las causas penales que, en su mayor铆a, se tramitaron en fueros federales de la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, sobre un total de 99 personas imputadas, s贸lo se llam贸 a prestar declaraci贸n indagatoria en tres expedientes y nada m谩s que uno se elev贸 a juicio oral. Adem谩s, 19 causas se archivaron y otras tres fueron desestimadas por inexistencia de delito.
Algo m谩s de la mitad de las operaciones analizadas en la Justicia involucraron montos que van desde un mill贸n a 10 millones de pesos, en tanto que el 19 por ciento excedi贸 ese umbral. La Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF) intervino administrativamente en el 62 por ciento de los casos denunciados y el Banco Central en el 20 por ciento. En este sentido, desde que comenz贸 a funcionar la UIF, en 2002, gestion贸 m谩s de 3100 reportes de operaciones sospechosas, de los cuales unos 2700 se encuentran bajo an谩lisis y 264 se remitieron a la Justicia. La mayor铆a de los reportes fue originado por los bancos y las casas de cambio, que denunciaron m谩s de 2400 operaciones.
En este sentido, la normas emitidas por el Banco Central disponen que las entidades recopilen los antecedentes que permitan establecer la situaci贸n patrimonial y financiera de un cliente cuando se considere que sus operaciones no tienen justificaci贸n econ贸mica o jur铆dica. En el caso particular de las operaciones de cambio, adem谩s, ese requisito debe cumplirse en todos los casos de clientes que operen m谩s de 30 mil pesos en un mes calendario y, para las personas f铆sicas, la exigencia incluye la obligaci贸n de presentar las declaraciones juradas impositivas o alguna otra constancia formal que respalde el origen l铆cito de los fondos.
Entre los riesgos inherentes al lavado de dinero para una econom铆a, los especialistas destacan dos: el uso de un banco para la liquidaci贸n de negocios ilegales genera una desconfianza en el p煤blico que, incluso, puede acarrear problemas de liquidez y, por otro lado, la distorsi贸n generada por el aumento indiscriminado en el flujo de fondos sucios puede afectar a la moneda y a la tasa de inter茅s vigente.
Si se tipificara el delito de lavado separado de las formas del 鈥渆ncubrimiento鈥 ser铆a posible la persecuci贸n penal por el blanqueo de activos tambi茅n a los autores del delito subyacente, tal como ha resultado en la jurisprudencia espa帽ola o colombiana, que por ese motivo ostentan condenas por lavado. Adem谩s, ese nuevo tipo penal permitir铆a dejar en claro que el bien jur铆dico protegido es el orden socioecon贸mico y el correcto funcionamiento de los mercados, especialmente el financiero. Es un delito econ贸mico, no s贸lo el encubrimiento de otros il铆citos.
El Grupo de Acci贸n Financiera Internacional, creado en el 谩mbito del G-8, deber谩 evaluar a fin de a帽o el nivel de cumplimiento de la Argentina de los est谩ndares internacionales de lucha contra el lavado que promulga ese organismo. En 2007, el Gobierno logr贸 sancionar en el Congreso una ley que tipific贸 el delito de financiamiento del terrorismo, pero a煤n quedan temas pendientes, como regular los fideicomisos financieros e inmobiliarios, los juegos de azar y las cooperativas y mutuales.
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