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La Política Energética Nacional emerge a través del Plan Energético Nacional de 1949, orientado a la búsqueda del autoabastecimiento, la utilización ordenada de todos los recursos, el paulatino reemplazo de las fuentes perecederas por las que no son; aprovechamiento del potencial hidroeléctrico, racionalización de combustibles sólidos y líquidos; racionalización del consumo y la nacionalización en manos del Estado Nacional de todo aquello referido a lo energético.
El golpe militar del ‘55, autodenominado Revolución Libertadora, promovido por grupos concentrados de grandes capitales agropecuarios, industriales y financieros, con el apoyo de la clase media y el imperialismo inglés, el Gobierno Provisional desalentando el intervencionismo estatal, las nacionalizaciones y estatizaciones, llevaron adelante políticas liberales interrumpiendo el Plan de Desarrollo Energético del ‘49. A su vez la dictadura militar del ‘76 y los gobiernos democráticos de la década de los ‘90 llevaron adelante una política neoliberal de entrega de recursos siguiendo el Consenso de Washington, desmantelando los recursos energéticos nacionales. Las reformas estructurales de los noventa, la desregulación y la privatización de la industria energética se hicieron realidad. El modelo de gestión privada de la energía se abrió paso desplazando al modelo de gestión pública.
La inestabilidad política, institucional, económica y social de 2001 generada en el país tuvo como uno de los factores el retroceso en inversión energética. A partir de 2003, con el objetivo de reindustrializar al país, el Estado retomó como política la planificación energética nacional y paulatinamente la regulación y participación en la gestión del mercado energético, ponderando a la energía como factor central para el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo del país.
El gobierno identificó la extraordinaria oportunidad para el desarrollo de biocombustibles y otras energías renovables. Argentina adoptó por primera vez una meta de transformación de su matriz eléctrica. En 2006 se sancionaron la Ley de Biocombustibles (Nº 26.093), que estableció que a partir de 2010 todos los combustibles líquidos comercializados en Argentina deberán ser mezclados con un mínimo de 5 por ciento de biocombustibles, y el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía (Ley Nº 26.190), que estipuló que para 2016 el 8 por ciento de la electricidad deberá generarse a partir de diversas fuentes renovables. Para el 2020, se propone alcanzar el 20-25 por ciento de renovables, la eliminación de la generación nuclear y la reducción del uso de carbón. De este modo se ingresara en un período de clara transición hacia un futuro energético renovable y en el largo plazo, hacia 2050, la matriz de generación eléctrica debe basarse en casi un ciento por ciento en fuentes renovables.
Con la nueva legislación, Argentina se incorporó al grupo de países pioneros en materia de una mayor institucionalización del sector, a través del estímulo de la producción doméstica y la creación simultánea de un fuerte mercado interno de energías renovables, logrando una posición privilegiada, contando con los recursos, las capacidades y el potencial para abastecer la creciente demanda mundial en materia energética.
En definitiva, una política de Estado, con objetivos precisos y metas concretas, procurara garantizar seguridad de suministro y producción de alta integración nacional. La energía tiene un papel protagónico en todo proceso productivo, en la economía y en la política. El crecimiento y el desarrollo de un país dependen de la disponibilidad de energía y el costo económico de la misma. A su vez, el sector es un componente importante en la economía nacional por el costo que representa sostener la propia producción y distribución de la energía
* Licenciado en Administración Pública, Posgrados Gestión y Control de Políticas Públicas, Desarrollo local y Economía Social (Flacso).
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