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En junio se vence el plazo para el cómputo de las líneas de crédito para inversión que orienta el Banco Central de la cartera de las entidades. Por esta línea oficial, dirigidas especialmente a las micro, pequeña y mediana empresas, los bancos adjudicaron el año pasado unos 52 mil millones de pesos y la intención oficial es duplicar ese monto en el actual ejercicio. Un relevamiento entre las asociaciones empresarias coincide en que esos préstamos no están llegando a las firmas más pequeñas. El límite de 5 por ciento de participación de estas líneas en la cartera de crédito se alcanza con las de mayor tamaño dentro de las consideradas pyme, una clasificación que incluye a toda firma que facture hasta 183 millones de pesos por año. Desde el Banco Central sostienen que es un problema vinculado con la clasificación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme).
La actual edición es a una tasa de 17,5 por ciento, dos puntos y medio más que las anteriores. La mitad continuará teniendo como destino pequeñas y medianas empresas. Permite a los bancos también computar créditos hipotecarios a más de diez años y hay menores requisitos de capital (encajes) para aquellas entidades que presten a plazos desde cinco años. Es una regulación resistida por los bancos, dado el bajo o nulo margen que les reporta, pese a que los balances de las entidades sigan abultándose cada año con ganancias record. Es un negocio de todas maneras para los bancos porque pueden ofrecerles a las empresas otros servicios comerciales de las entidades, a partir de la apertura de la cuenta para el crédito a la inversión productiva, explicaba el entonces presidente del Banco Nación y actual del Central, Juan Carlos Fábrega, en una entrevista a este diario.
En los bancos privados quieren así maximizar el resultado dentro de los márgenes de la Línea de Crédito para Inversión Productiva (LCIP). En esta nueva prórroga, las entidades todavía se encuentran lejos del piso de participación para esta etapa, aunque tienen plazo hasta junio para alcanzarlo. Entre los mejor posicionados para cumplir la normativa, se exhibe un fenómeno de focalización de los créditos en las medianas empresas, donde la facturación genera interés para los bancos que buscan sumar la nómina de trabajadores de la firma u ofrecerles sus productos, propuesta que no están extendiendo a las micros y pequeñas. La mayoría de los créditos a este último segmento se focaliza en el descuento de documentos al 17,5 por ciento, que se incluyó en la LCIP.
Las asociaciones pymes hicieron llegar el reclamo a Fábrega, aunque aún no hubo una reunión formal para tratar el tema. Los bancos argumentan que se registró un crecimiento en la mora crediticia. A comienzo de año, la irregularidad del crédito al sector privado se mantuvo en valores históricamente bajos, 1,1 por ciento para préstamos a empresas, mientras que la cobertura de la cartera irregular se ubica en el 144 por ciento a nivel agregado. Un colaborador de Fábrega señaló que se trata de un tema de la Sepyme, por los montos establecidos de facturación, y que no está previsto un mecanismo para redireccionar los préstamos dentro de la LCIP. No obstante, advierten que habrá que ver los resultados de junio. La Comunicación “A” 5529 adecua la normativa al considerar micro, pequeñas y medianas empresas a las que registren ventas anuales hasta 54 millones de pesos para el Sector Agropecuario, 183 millones para Industria y Minería, 250 millones para Comercio, 63 millones para Servicios y 84 millones para Construcción.
“La participación de las empresas de menor tamaño en el crédito al sector privado aumenta cuando predominan los bancos públicos, la banca privada es de capital nacional, existen instituciones más chicas y con mayor flexibilidad y se dispone de un banco nacional de desarrollo”, según una compilación a nivel regional de la Cepal. Este segmento cuenta en el país con instrumentos de financiación directos del Gobierno. De no contarse con líneas de crédito oficiales, el éxito de la micro y pequeña empresa hubiese seguido atado al juego especulativo de los bancos privados, pese a las reglamentaciones
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