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La injusticia tributaria que mantiene los valores fiscales que definen el impuesto Inmobiliario Rural en valores absurdamente bajos no ocurre sólo en la provincia de Buenos Aires. El lobby de los empresarios del campo viene resistiendo el incremento del impuesto Inmobiliario Rural en las principales provincias productoras.
Sergio Urribarri, gobernador de Entre Ríos, presentó un proyecto a la Legislatura provincial para modificar el avalúo del gravamen rural y chocó con el rechazo de la Federación Agraria entrerriana, encabezada por Alfredo De Angeli. El dirigente tildó de “retenciones provinciales” al proyecto de Urribarri y amenazó con escraches a los legisladores que acompañaran la propuesta. El incremento propuesto por el Ejecutivo provincial atañe sólo al 6 por ciento de los campos entrerrianos: los más grandes.
En Córdoba existen juries de evaluación, conformados por representantes del Estado provincial y del sector privado, que están a cargo de la actualización del valor de la tierra para el cobro del impuesto inmobiliario. Por resistencia de los representantes del agro, los juries no se reúnen desde hace una década.
En Santa Fe, con el asesoramiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se establecieron los tributos en función de las zonas geográficas y de la calidad de los suelos. Pero el atraso es peor: el último revalúo rural fue en 1992. El valor fiscal promedio de las tierras santafecinas, zona núcleo de la Pampa Húmeda, es de 533 pesos. El valor promedio real es de 27.500 pesos. Binner propuso el año pasado llevarlo a 2332 pesos, pero la Legislatura provincial lo rechazó. La concentración de la tierra en Santa Fe es la mayor de todas las provincias. De 130 mil propietarios de campos, 17 mil tienen el 50 por ciento de la tierra. Aunque en todas las provincias que conforman la zona pampeana los valores fiscales están atrasados, según un informe del INTA, “existen grandes diferencias en los valores en zonas de similar productividad”. A igual nivel de rinde, una hectárea en Pergamino, Buenos Aires, tributa 82 pesos anuales, una hectárea en Uranga, Córdoba, paga 61 pesos y una hectárea en Venado Tuerto, Santa Fe, 27 pesos.
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