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Desde Santa Fe.
El fiscal de Estado, Jorge Barraguirre ratificó la decisión del gobernador Hermes Binner de convocar a audiencias públicas en casos de controversias o cuando están en juego los derechos colectivos o de grupos. El procedimiento se inauguró el 11 de marzo último, cuando Barraguirre escuchó a dos fracciones en pugna en la Federación de Cooperadoras Escolares de Rosario que ahora -y después de aquel debate- avanzan en la solución del conflicto interno. La segunda audiencia ya tiene fecha: el 29 de mayo, a las 10, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Santa Fe, donde se discutirá una norma de la Ley Provincial de Discapacidad que obliga al Estado santafesino a emplear a trabajadores discapacitados "en proporción no inferior al 4 por ciento de la totalidad del personal", pero que se ha convertido en letra muerta y semillero de recursos de amparo contra la provincia. Y la tercera, se podría citar el mes que viene para escuchar a los familiares de las víctimas de la masacre en la cárcel de Coronda, el 11 de abril de 2005, que le costó la vida a catorce internos de Rosario. "Vamos a seguir actuando de esta manera: litigar lo que haya que litigar y conciliar las posiciones encontradas cuando se pueden conciliar", afirmó Barraguirre.
Binner ya firmó el decreto que convocó a la audiencia del 29 de mayo, con un propósito: "tratar la aplicación del artículo 8 de la ley 9.325 que regula las vacantes para los discapacitados" en la esfera pública, dijo Barraguirre. La norma obliga a la provincia, organismos descentralizados o autárquicos, entes públicos no estatales y empresas del Estado "a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en proporción preferentemente no inferior al 4 por ciento de la totalidad de su personal". Y convierte al Ministerio de Salud en el órgano de aplicación de la ley.
"Hemos visto -explicó Barraguirre- que hay demandas contra el Estado, básicamente a través de recursos de amparo" en procura de los derechos que reconoce la Ley Provincial de Discapacidad. "Pero creemos que el amparo no es el procedimiento adecuado para resolver este tipo de derechos que están en juego, que son los derechos colectivos o de grupos".
"Entendemos que en estos casos, las pretenciones de los reclamantes no se pueden atender en forma individual. Entonces, vamos a diseñar un procedimiento administrativo adecuado y empezaremos con esta audiencia del 29 de mayo para escuchar a algunos de los afectados directos", agregó.
Aunque la audiencia tendrá otra particularidad. "Vamos a escuchar también a 'amicus curie', es decir amigos de la Corte, una especie de terceros coadyuvantes en la terminología clásica del proceso civil para que también ilustren a la Fiscalía de Estado acerca de los argumentos que los afectados brinden y cuáles pueden ser las vías de solución. Y lo vamos a hacer sobre la base del reglamento de 'amicus curie' que elaboró la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así que estamos poniendo en línea la litigación administrativa de la provincia con lo que viene marcando la Corte nacional".
-La intervención de amigos de la justicia en un proceso administrativo es otra novedad en la provincia -planteó Rosario/12.
-Si, nunca se utilizó este procedimiento. La Corte nacional lo inauguró hace muy poco. Sabemos cómo funciona en el derecho comparado, así que creemos que estamos en condiciones de ir explorando la compatibilidad que tiene esta figura con las instituciones legales administrativas clásicas en el derecho público de Santa Fe y ponerlo en práctica en la provincia.
La ley 9.325 instaura un "sistema de protección integral de las personas discapacitadas" y les garantiza sus derechos a la "atención médica" y a la "educación" y a un "estímulo que permita en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les de oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales", dice el artículo 1º.
-Hay otros grupo que demanda por sus derechos: las víctimas de la catástrofe del río Salado. Ya hay 4.000 juicios contra la provincia y el abogado que los patrocina, Iván Cullen, anunció en público que pedirá una acción de clase para que el litigio se resuelva en un caso líder y no se obligue a los demás a litigar. ¿Cuál será la respuesta del gobierno? -preguntó Rosario/12.
-Tenía conocimiento de que el doctor Cullen iba a plantear una especie de acción de clase. Estudiaremos el caso y lo someteremos a la consideración de todos los estamentos del gobierno que están tratando de resolver el tema de inundados. Hubo reuniones en los últimos días, donde se está dialogando y ofreciendo algún tipo de asistencia. Por lo tanto, no quiero que ningún tipo de estrategia judicial que haga la provincia pueda socavar o minar los acuerdos que se están intentando en otros departamentos del gobierno.
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