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Para eliminar las dificultades y dilaciones que sufren las mujeres para acceder a su derecho a un aborto no punible, la diputada provincial del Partido Socialista Lucrecia Aranda volvi贸 a presentar su proyecto de reglamentaci贸n de los casos previstos en el art铆culo 86 del C贸digo Penal. La iniciativa "establece un procedimiento para estos abortos en todos los centros de salud provinciales. Uno de los motivos centrales del proyecto es indicar claramente que no debe pedirse autorizaci贸n judicial", puntualiz贸 Aranda, autora de una iniciativa anterior en el mismo sentido, que hab铆a perdido estado parlamentario. En este caso, perfeccion贸 algunos aspectos, como el referido al registro de Objetores de Conciencia, y la obligaci贸n del Estado de garantizar la pr谩ctica. "No debiera hacer falta una ley para cumplir con algo que es legal, pero en funci贸n de las dificultades, dilaciones y resistencias, nos vemos obligados a establecer claramente un procedimiento", puntualiz贸 Aranda.
Las situaciones previstos en el C贸digo Penal son dos: riesgo para la salud o la vida de la mujer, que no pueda evitarse por otros medios, as铆 como la violaci贸n o atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente. En este segundo caso, la legisladora provincial -basada en abundante jurisprudencia- adhiere a la interpretaci贸n m谩s amplia. Es decir, que cualquier embarazo producto de violaci贸n est谩 incluido en esta normativa. "Si la mujer hubiera sido v铆ctima de violaci贸n debe declararlo ante el o la profesional de la salud interviniente, quien est谩 obligado a informarla sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo, exponiendo la informaci贸n en lenguaje claro, accesible y adecuado a la comprensi贸n de la consultante", indica el articulado del proyecto de Aranda, que tambi茅n desestima la obligaci贸n del tr谩mite policial. "Los/as profesionales intervinientes, por tratarse de un delito de acci贸n privada, no deben requerir constancia de denuncia policial o judicial, ni ning煤n otro documento", dice el texto.
La perspectiva del proyecto se basa en el derecho a la salud de las mujeres. "Ser铆a realmente perverso exigirle a una mujer que haga la denuncia de un hecho que no est谩 obligada a denunciar para poder atender a su salud, despu茅s de haber sufrido una violencia de la cual el Estado no pudo defenderla. Eso ser铆a denegar nuevamente el derecho a la Salud, a la reparaci贸n de la violencia de la cual fue objeto", consider贸 Aranda en di谩logo con Rosario/12.
La situaci贸n est谩 expresada con toda claridad en el proyecto: Cuando una mujer cursa un embarazo que pone en riesgo su salud o su vida, o que es producto de violaci贸n, los profesionales que la atienden deben hacerle saber que tiene derecho a interrumpirlo. Con esa informaci贸n, brindada de manera clara y accesible, la mujer podr谩 decidir. "El objetivo central del proyecto es que no haya demoras o dilaciones", indic贸 la legisladora. De hecho, la iniciativa establece un plazo no mayor a siete d铆as para efectuar la pr谩ctica. El art铆culo siete tambi茅n indica que "los abortos no punibles regulados por la presente ley deben ser realizados sin cargo en los establecimientos del sistema p煤blico de salud".
Como el Estado debe garantizar tanto el derecho a la salud de las mujeres como el derecho de los profesionales a no actuar contra sus convicciones, la iniciativa indica que todo integrante del equipo de salud "tiene derecho a ejercer objeci贸n de conciencia, la cual deber谩 estar debida y previamente notificada al servicio de salud en cual desempe帽a sus funciones". Aclara sin embargo que esa elecci贸n m茅dica "no puede obstaculizar el derecho de la mujer a recibir en forma oportuna atenci贸n a su salud, especialmente cuando corra riesgo inminente su vida".
La extensa fundamentaci贸n del proyecto indica adem谩s: "el C贸digo Penal Argentino nos indica los l铆mites exactos de la conducta punible y refuerza los casos espec铆ficos donde no existe conducta il铆cita, donde no puede haber intervenci贸n judicial ni administrativa, donde no interesan las voces p煤blicas ni las de los Comit茅 de Bio茅tica, donde s贸lo las mujeres decidimos".
Como las autoridades de salud de la provincia, tanto el ministro Miguel Angel Cappiello como la secretaria de Salud, D茅bora Ferrandini, manifestaron la necesidad de contar con un procedimiento claro para garantizar el derecho de las mujeres que padecen esta situaci贸n -y que sufri贸 una flagrante violaci贸n en Mendoza, en septiembre pasado-, Aranda consider贸 que el proyecto brindar谩 una herramienta "a esta gesti贸n y las que vienen". La iniciativa fue acompa帽ada por Alicia Guti茅rrez, del SI, y por todos los legisladores del Partido Socialista, as铆 como algunos de la UCR, el ARI y el Frente para la Victoria.
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