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Varias cuestiones marcaron esta semana la agenda de la administración local y provincial, o mejor dicho, el horizonte de posibles conflictos en medio de tanta e innecesaria agitación política. Aquí en Rosario, el reconocimiento del intendente Lifschitz de que se recortarían horas extra al personal -sobre todo de los distritos municipales- puso en alerta al gremio que acababa de llegar a un acuerdo salarial del 20,4 por ciento. "Si esta va a ser la manera de pagar los nuevos incrementos salariales, es una barbaridad", se quejó el gremialista del sector Néstor Ferraza, abordado por la prensa apenas salía de la misa por el Día del Trabajo.
Al gremio no hay quien le saque de la cabeza que la medida obedece más a una "venganza" que a una necesidad real. Pero, fuentes del Palacio de Hacienda lo niegan con datos en la mano: "La proyección anual de este último aumento salarial es de 130 millones", calcularon y en ese marco que "cualquier ahorro que se pueda hacer será significativo".
Con todo, Rosario es la ciudad que aún está sola y espera. Amortiguadas las expectativas locales que depararía el manejo presupuestario provincial en manos del mismo partido que gobierna aquí desde hace años; las cosas parecen decantarse. Desde Santa Fe se esmeran en enviar señales políticas tranquilizadoras y desde Rosario las corresponden con ademanes pacientes. La llegada de dinero fresco para la ciudad no será tan fácil como muchos calcularon, pero se sabe que nadie abandonará a nadie en la encrucijada, más o menos así sería la situación.
Además Binner dio un paso adelante cuando anunció -en el mensaje a la Legislatura- que creará una comisión fiscal mixta que sugiera cambios en la coparticipación provincial, aunque supeditó estas posibilidades a un cambio también en la distribución nacional. Algo que parece cada vez más alejado teniendo en cuenta la relación, que se tensó un poco más estos días, entre el gobierno santafesino y la Rosada.
El otro tema que agitó el escenario político local -y que se verá amplificado en las próximas horas-, es el acuerdo al que arribó el intendente de Rosario con el presidente de Ñuls, Eduardo López. Ahí Lifschitz sabía que se exponía a un convenio con un presidente de dudosa legitimidad institucional (en el club del Parque no hay elecciones desde hace años), pero a la vez sopesó las ventajas de un convenio claramente beneficioso para la ciudad. Un acuerdo que deberá refrendar el Concejo y que -en principio- fue muy mal comunicado: Parecía que Ñuls cedía 10 o 12 parrilleros roñosos a cambio de dos nuevas tribunas. Cuando en realidad no sólo transfiere el sector de los parrilleros, sino -lo más importante- entrega el estadio cubierto y el sector de piletas a la Municipalidad. Es decir, al uso público.
Para muchos, Lifschitz estaría avalando con este acuerdo la política de "desmantelamiento de actividades sociales" que López desarrolla desde hace años en el club. Pero para otros, ese permiso se lo ha dado al eterno presidente rojinegro, nada menos que el socio votando o el socio incapaz de organizar una oposición coherente y sólida. La discusión recién comienza.
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