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En diez d铆as, el 15 de noviembre, vence el plazo para adherir al procedimiento especial para la protecci贸n de la vivienda 煤nica. Desde ayer, el Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda Unica municipal implementa un operativo en los barrios para que los interesados puedan acercarse y consultar. En ese sentido, el concejal de Proyecto Sur, Alberto Cort茅s present贸 un proyecto de Resoluci贸n a trav茅s del cual solicita a la Legislatura provincial la pr贸rroga hasta el 31 de diciembre y adem谩s solicita al Ejecutivo que realice una efectiva publicidad en los medios sobre esta norma.
A fines de agosto, la Legislatura provincial dio sanci贸n definitiva a la Ley 13116 que establece un procedimiento especial de emergencia para que el juez competente en las subastas judiciales que fueran suspendidas por sucesivas leyes, practique la liquidaci贸n del total adeudado y establezca una forma de pago, a fin de cancelar la deuda sin la p茅rdida de la vivienda 煤nica, familiar y permanente del deudor o demandado.
"Se trata de una respuesta para quienes est谩n en situaci贸n de perder su vivienda 煤nica por deudas en tiempos de emergencia. Este instrumento es un paso adelante porque salvar una vivienda es un paso adelante. No le estamos quitando los derechos de los acreedores, muy por el contrario, le estamos dando un instrumento a la gente que qued贸 afectada por una emergencia", destac贸 el diputado Ra煤l Lamberto.
El procedimiento especial podr谩 iniciarse a pedido de parte hasta el 15 de noviembre, en cualquier etapa del proceso. Su inicio implica la suspensi贸n de los tr谩mites de ejecuci贸n de sentencia.
En todos los casos el juez debe intimar a las partes a que en el plazo m谩ximo e improrrogable de 15 d铆as de iniciado el procedimiento, acompa帽en liquidaci贸n detallada y actualizada de la deuda, con el objeto de que en una audiencia posterior presenten las observaciones pertinentes y arriben a acuerdos conciliatorios.
En un plazo que no puede superar los 10 d铆as de celebrada la audiencia, si no hubiera acuerdos, el Juez debe determinar la suma adeudada, considerando, entre otras cosas, los derechos constitucionales de propiedad y de acceso a una vivienda digna y la protecci贸n integral de la familia y la capacidad econ贸mica del grupo familiar conviviente.
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