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La reubicación de los niños fue dispuesta por la jueza civil Myriam Rustán de Estrada, en base a un informe del defensor de menores, Marcelo Jalil, en el que se advirtió que había abusos de niños por parte de otros internos, que faltaba atención médica y que la infraestructura edilicia resultaba insuficiente.
Los jueces Mario Filozof y Mirta López González coincidieron en que los niños alojados en el hogar "no se encuentran privados de su libertad, sólo son menores que habitan un internado por no poseer familia que los contenga. Insistir con medidas sobre los menores tendería una vez más a victimizarlos".
"Toda esta situación ha generado en ellos una vivencia que sin lugar a dudas controvierte los postulados que prevé la convención, en contra de su interés superior, no sea cuestión entonces que bajo dichos principios estemos violando su integridad al someterlos a diferentes diligencias probatorios que en lugar de favorecerlos los perjudica", sostuvieron.
González y Filozof desestimaron el planteo al considerar que "no se dan en la especie ninguna de las hipótesis previstas por la ley 23.098" de habeas corpus.
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