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"Para impulsar la investigación y pedir medidas de pruebas", explicó el ex titular de la Cámara Federal y ex ministro de seguridad bonaerense, luego de la presentación hecha en la secretaría electoral al cierre de la jornada judicial, cerca de las 13.30.
Lijo, subrogante de la juez con competencia electoral María Servini de Cubría, deberá decidir si acepta que Filmus sea "parte" en la causa iniciada por denuncia del vicepresidente del Partido Justicialista, distrito Capital Federal, Juan Manuel Olmos.
El magistrado, quien días atrás allanó los domicilios de tres empresas que vinculadas a la presunta "campaña sucia", ordenó realizar pericias sobre el material informático secuestrado en esos operativos.
El estudio fue encomendado a peritos de Gendarmería Nacional, la misma fuerza que participó en los procedimientos realizados en las firmas TAG Continental, Connectic SRL y NSS, con domicilios en Libertad 1240, Talcahuano 446 y Virrey Ceballos 422, respectivamente. Según el análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos, se realizaban unas 300 llamadas por hora.
Entre los puntos de pericia requeridos a los expertos de Gendarmería figura la cantidad de llamadas efectuadas en el marco de una encuesta que, según se denunció, buscaría difamar a Filmus, al vincular al padre del postulante con el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender.
En la encuesta se le preguntaba a la gente "¿Sabía usted que el padre de Filmus es arquitecto y trabajaba en el proyecto de viviendas por el que Sergio Schoklender se encuentra investigado?", y luego "Ahora que usted sabe esto, ¿lo votaría?"
Los llamados se hacían a través de grabaciones telefónicas que, tras partir de Buenos Aires, triangulaban en Miami y volvían a los clientes de aquellas compañías en la Ciudad. En la causa consta el IP del servidor del que partía el audio que se usaba para realizar los llamados por internet, indicaron las fuentes consultadas.
La justicia investiga un eventual "delito electoral" contemplado en el artículo 140 del Código Nacional Electoral, que reprime a quien indujere falsamente el sentido del voto con penas de hasta dos años de cárcel.
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