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El texto incorpora como principio básico la obligación del Estado, las regiones y los municipios de garantizar la estabilidad presupuestaria y deja para una futura ley orgánica la fijación de un límite máximo al déficit público de un 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto, que entrará en vigor en 2020. El proyecto de reforma será sometido el próximo miércoles a la votación del Senado, donde su aprobación también está garantizada.
Los diputados de los partidos minoritarios de izquierda rechazaron la reforma y se ausentaron durante la votación, mientras que los nacionalistas catalanes de Convergencia y Unión (CiU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se quedaron pero no votaron. Estos dos partidos ven en la reforma un instrumento de intervención en la autonomía de sus regiones. Por su parte, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido la tramitación por la vía rápida de la reforma, casi sin debate y descartando de antemano la celebración de un referéndum, con el argumento de que el cambio de la Constitución era urgentemente necesario para evitar un nuevo acoso de los mercados a España.
El PSOE y el PP utilizaron su mayoría parlamentaria para que la reforma fuese tramitada por vía de urgencia y esté lista antes de que las dos cámaras del Parlamento se disuelvan el 27 de septiembre de cara a las elecciones generales anticipadas del 20 de noviembre.
La sesión en la que se votó la reforma constitucional se celebró mientras en las inmediaciones del Congreso se manifestaban decenas de "indignados", que rechazan la medida y exigen la celebración de un referéndum sobre ella.
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