La Presidenta aseguró que "instruí al Canciller (Héctor Timerman) a que formalmente señale ante el Consejo de Seguridad y la Asamblea de la ONU que la militarización del Atlántico Sur implica un grave riesgo para la seguridad internacional, en momentos en que vemos que en otros países se viven situaciones inmanejables". "Que nadie espere de nosotros gestos por fuera de la política y por fuera de la diplomacia, que no se hagan ninguna ilusión porque sufrimos mucho la violencia en nuestro país", agregó.
Tras firmar el decreto por el cual autorizó el "levantamiento del secreto político y militar" dispuesto por la última dictadura en 1982 sobre el informe del conflicto bélico y el cese a "la inaccesbilidad de los datos" contenidos, la primera mandataria consideró a continuación que "no se puede achacar al pueblo argentino la decisión de la dictadura de comenzar la guerra de Malvinas y usarlo como excusa para negarse a cumplir lo que ha ordenado Naciones Unidas, que es sentarse a negociar la soberanía".
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