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La iniciativa contó con 30 votos a favor, mayoritariamente de los bloques justicialistas, y 12 en contra, mientras que siete legisladores se ausentaron. Con la emergencia, los legisladores pretenden "la implementación de programas de contención social, para los individuos y sus familias". La ley propone agilizar la recepción y resolución de denuncias de delitos civiles, conflictos entre vecinos o familiares a través de juzgados comunales y registro civil.
El proyecto, que había ingresado al Palacio Legislativo en agosto pasado y obtuvo rápida aprobación en el Senado, autoriza al Ejecutivo a redireccionar partidas presupuestarias y a apartar a jefes policiales investigados, entre otras acciones.
La incógnita ahora se centra en la actitud que tomará el gobernador Antonio Bonfatti acerca de la herramienta que le entrega la Legislatura, teniendo en cuenta que los parlamentarios del Frente Progresista se opusieron a la sanción de la norma.
La Emergencia en Seguridad designa al Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación y pretende que desde allí se avance en una depuración de agentes policiales sospechados e investigados, ya sea en sede administrativa o judicial. En ese sentido, la medida exhorta a accionar contra todos los que han cometido faltas.
Además, facilita la incorporación de efectivos policiales capacitados intensivamente en un semestre y supervisados por las fuerzas especiales de la repartición.
El texto también permite que se concreten reparaciones edilicias en dependencias policiales, o en su caso ejercer la acción expropiatoria necesaria a los fines de la adquisición de los inmuebles funcionales para la implementación de la ley.
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