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Timerman leyó un comunicado en la Casa Rosada, en el que denunció a la audiencia convocada por la CIDH como "una burda operación político-mediática para interferir en el proceso electoral argentino orquestada por sectores vinculados a la oposición y al Grupo Clarín".
Explicó que el Gobierno rechazó la convocatoria en consecuencia con sus "obligaciones internacionales y su compromiso con la democracia y los derechos humanos" y calificó a la reunión como "inaceptable, inadmisible e improcedente". "La Comisión tiene la obligación de evaluar la seriedad tanto de la denuncia como de los denunciantes y no simplemente, como ocurre en este caso, deslindar la responsabilidad de rechazar una causa a todas luces inexistente", añadió el funcionario.
Remarcó que hace más de un mes Nilda Garré, embajadora ante la OEA, se comunicó con el Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "para explicarle las implicancias negativas de que la OEA trate un tema que forma parte del debate electoral a 48 horas de las elecciones nacionales".
Y agregó que ante la negativa de la CIDH al pedido de postergación, envió una carta a la Comisión "anunciando que la Argentina no participaría de una audiencia con un claro objetivo de interferir en el proceso electoral".
"Es preocupante si los miembros de la Comisión no se han percatado de la clara direccionalidad política de las asociaciones peticionantes y sus objetivos político-mediáticos. Sería muy grave si la Comisión decidió a sabiendas igualmente participar de la operación mediática contra el gobierno argentino", expresó.
Timerman sostuvo que "todos los solicitantes de la referida audiencia actúan como voceros de operadores políticos con intereses concretos en la elección del domingo 25" y enumeró a las asociaciones involucradas: Poder Ciudadano, Asociación por los Derechos Civiles, Unidos por la Justicia, CIPPEC.
"A través de este accionar, los solicitantes han pretendido, infructuosamente y con argucias utilizar una herramienta que brinda el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para introducir un debate político durante la veda electoral que rige de acuerdo con la normativa del Estado argentino", insistió el Canciller. Consideró que con este accionar la OEA "habría interferido en un debate político interno, ostensiblemente alejada del mandato que los Estados de las Américas le han conferido".
Por último, apuntó al tema del financiamiento de la CIDH y cuestionó que el organismo acepte dinero de fuentes privadas o países no americanos"sin que los Estados miembros de la OEA tengan el derecho de decidir el destino del mismo". "Este sistema de financiamiento, criticado por nuestros países, convierte a la Comisión en instrumento de intereses políticos que nada tienen que ver con los Derechos Humanos y que sirven a los objetivos de países y grupos políticos que buscan interferir en los asuntos internos de nuestros países", concluyó.
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