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doctrina Chocobar

Piden la inconstitucionalidad del reglamento de uso de armas de Patricia Bullrich

El organismo planteó su "peligrosidad" ante el fuero en lo Contencioso Administrativo. Según el CELS, el reglamento otorga a las fuerzas de seguridad un gran margen de discrecionalidad para disparar balas de plomo. No cumple estándares internacionales y reedita la "doctrina Chocobar".

Sabina Frederic, contra el reglamento de Bullrich: "Hay que transmitir el mensaje de la ineficacia estas políticas"

La extitular del ministerio de Seguridad cuestionó la normativa y la calificó de peligrosa. Además, repasó los puntos conflictivos y planteó que hay que "construir un mensaje que se funde en datos": "Estas no son soluciones, pueden tranquilizar, pero la policía termina matando inocentes", declaró en AM750.

Bullrich y un nuevo capítulo de la doctrina Chocobar

La ministra presentó una resolución que ofrece un gran margen de discrecionalidad a los agentes para disparar balas de plomo ante lo que consideren un "peligro inminente". "No queremos más casos Chocobar en lo que se esté discutiendo si hizo las cosas mal o no", dijo. La crítica de organismos de derechos humanos.

Azul Tejada

Con licencia para matar: La restauración de la doctrina Chocobar

La ministra comenzó a instrumentar por medio de resoluciones lo que el Gobierno no logró reglar, en materia de seguridad, con la fallida Ley Ómnibus. El primer paso fue anunciar que la Prefectura Naval podrá utilizar "todo tipo de armas de fuego", algo que en realidad esa fuerza ya hace.

Irina Hauser
La norma prevé penas de de 2 a 5 años para quienes "dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación".

Ley "ómnibus": límites al derecho de reunión, criminalización de la protesta y vía libre al gatillo fácil

El capítulo dedicado al control de las calles del megaproyecto presidencial propone reformar el Código Penal con aumento de las penas contra manifestantes, al punto de volverlas no excarcelables. Incluye el absurdo de que si se juntan tres personas o más en el espacio público, deberán pedirle permiso al Ministerio de Seguridad. Además, amplía el abanico de pretextos de los policías para disparar sin preguntar. Las organizaciones sociales, blanco de la persecución. 

Irina Hauser