Se trata de un fondo que tenía en su poder deuda pública que entró en default en 2001 y que no ingresó a los canjes ofrecidos por varios gobiernos. Ahora está en búsqueda de activos de la Argentina para conseguir un embargo.
Los demandantes fundaban su reclamo en la supuesta manipulación de datos del INDEC, para evitar pagos a bonistas por los llamados "Cupones PBI". La demanda de cuatro fondos buitre era por casi 1.500 millones de dólares.
Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador, provincias hidrocarburíferas y académicos estadounidenses apoyan formalmente la apelación de la República
Los demandantes se encuentran limitados gracias a que Argentina no renunció a la inmunidad de ejecución que da el Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA).
Es en el caso de un grupo de fondos buitre que no aceptaron los canjes de deuda por los bonos defaulteados en 2001 y buscan ejecutar bienes del país.
El 10 de enero cesaba la suspensión de la ejecución de primera instancia que Loretta Preska había otorgado a Argentina en el caso YPF.
Enviaron una carta a Loreta Preska para aclarar el "alcance de las actividades de ejecución permitidas a partir del 10 de enero". Cuáles son las limitaciones
El Gobierno había pedido también extender el plazo para presentar garantías en el juicio que el fondo buitre Burford le hace a Argentina por 16.100 millones de dólares
Solicitan 30 días para ponerse al día con el caso y 90 para presentar las garantías necesarias para no sufrir embargos. Ponen como obstáculo el legal y la situación económica del país.
La jueza Loretta Preska hizo lugar al pedido de los abogados de la República y dio tiempo hasta el 10 de enero para depositar una garantía si se continúa con la apelación de la sentencia
