E. L.: –En estos cuatro años la Defensoría del Público trabajó con todos los sectores del campo de la comunicación audiovisual. Al ser un organismo nuevo y tener entre sus tareas la difusión de la ley de comunicación audiovisual, la normativa y los valores allí planteados, una buena parte de las acciones fueron de carácter pedagógico. Trabajamos con medios comerciales, públicos y sin fines de lucro. Logramos interesantes espacios de reflexión con productores y directivos de medios privados que en general han tenido buena predisposición para recibirnos y cumplir con las recomendaciones. Desde la creación de la Defensoría se adoptó la decisión de trabajar especialmente con los sectores que durante años lucharon por una ley de servicios de comunicación de la democracia, muchos de los cuales estaban imposibilitados de ejercer el derecho humano a la comunicación con la ley de radiodifusión de la dictadura. La mayoría de esos sectores fundaron la Coalición por una Radiodifusión Democrática que en 2004 presentó los 21 puntos por el derecho humano a la comunicación, que fue la base sobre la que se redactó el proyecto de ley luego aprobado en el Congreso. Más allá de la posibilidad de presentación de reclamos por parte de toda la ciudadanía, la interacción con sindicatos, unidades educativas de todos los niveles, medios comunitarios y de pueblos originarios, organizaciones que desde su práctica cotidiana reclamaban un lugar en los medios audiovisuales (como por ejemplo las asociaciones de personas sordas de todo el país, que reclamaban por la accesibilidad planteada en la ley) fue prioritaria y permitió a la Defensoría llegar a todos los sectores y a todas las provincias del país.

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

“La acefalía limita el funcionamiento”