Pese a que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires se habían comprometido en la justicia a no avanzar con el nuevo Sistema de Estacionamiento medido, que extiende el cobro a 14 de las 15 comunas de la ciudad, hasta que haya una sentencia firme en la causa que impugnó la aprobación de la concesión en la Legislatura porque violó la Constitución de la Ciudad, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó, tras lamentar el freno judicial, que en agosto comenzaría a implementarse. El presidente del Observatorio de la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, organización que presentó el amparo el año pasado, explicó que “eso rompería el acuerdo, que no habla de sentencia de primera instancia sino definitiva”. Además, advirtió que “el gobierno pidió a la justicia que  dicte sentencia y, en paralelo, presentó un proyecto para modificar la ley, con lo cual están reconociendo que se aprobó mal. El juez les pidió que aclaren esta contradicción. Quieren evitar abrir la discusión a la ciudadanía porque hay mucha resistencia al tarifado del estacionamiento”, afirmó.

Ayer por la mañana, en un programa de televisión, el jefe de Gobierno porteño aseguró que en el segundo semestre se implementará el Sistema de Estacionamiento Regulado, “que va a ser un beneficio para los vecinos de la ciudad, ya que los residentes que vivan a dos cuadras a la redonda del lugar donde estacionaron no pagarán” y de esta forma tendrán prioridad para estacionar en sus barrios.

El sistema que amplía el estacionamiento pago a unas 10.000 de las 24.400 cuadras con las que cuenta la Ciudad, fue aprobado el 1º de diciembre de 2016 por la Legislatura porteña (Ley 5.728) y autoriza la concesión del Sistema de Estacionamiento Regulado por un plazo de 10 años.

La ley fue aprobada por 33 votos afirmativos del PRO y radicales y 21 negativos de la oposición. Es decir, fue aprobada por mayoría y en simple lectura, cuando requería de mayoría especial: dos tercios del total de los miembros de la Legislatura (40 votos) y un proceso de doble lectura, con su correspondiente audiencia pública.

Baldiviezo, en diálogo con PáginaI12, recordó que “el año pasado presentamos el amparo porque la aprobación no cumplió con el procedimiento estipulado por la Constitución de la Ciudad. Y el juez dictó una cautelar por un plazo de tres meses. Vencida esa medida no dictó otra porque el gobierno, en audiencia, se comprometió a no adjudicar la licitación hasta que hubiera sentencia firme. Pero, por otro lado, nos enteramos que a fines de diciembre presentaron en la Legislatura un proyecto para modificar todos aquellos artículos que criticamos de la ley, aquellos que obligan al procedimiento de doble lectura, audiencia pública y mayoría agravada de dos tercios para la aprobación”. “Con esto lo que están reconociendo es que se aprobó mal la ley”, señaló el abogado, y advirtió que “subsanar una ley nula por inconstitucional no la vuelve constitucional”. 

Para el referente de la ONG, “lo que hay que hacer es lo que no quieren hacer. Debatir nuevamente la ley. Esto implica convocar a audiencia pública y, como saben que hay mucha resistencia al tarifado del estacionamiento, no quieren abrir la discusión a la ciudadanía”.

La ley estipula que cuando se otorgan derechos a concesionarios sobre inmuebles de dominio público de la Ciudad, como lo hace la ley aprobada, se requiere del procedimiento que la Legislatura obvió al aprobar la norma. 

“Con la modificación que quieren introducir dicen que los inmuebles no forman parte de la concesión, que sólo autorizan el uso de los espacios y con esto pretenden dejar de lado las audiencia públicas. Además, limitan la discusión a la cuestión del acarreo y no de todo el sistema del servicio regulado. Esto mismo pasó con la concesión del subte”, recordó. 

Esta semana, el juez que interviene en la causa, Francisco Ferrer, le pidió al gobierno que aclarara la situación, dada la estrategia contradictoria que asumió al, por un lado, solicitarle que dicte sentencia y, por la otra, presentar el proyecto de modificación en la Legislatura.

El abogado del Estado, al tiempo que le pide al magistrado que “pase las actuaciones para dictar sentencia”, ratifica el acuerdo asumido por el gobierno en la audiencia del 2 de febrero de este año de “no avanzar en el dictado de un acto definitivo en el proceso licitatorio hasta que exista sentencia definitiva y firme en autos”.

“Por eso llama la atención las palabras del jefe de Gobierno”, dijo Baldiviezo, y remarcó que el acuerdo “no dice sentencia de primera o segunda instancia, sino hasta que se cierre el definitivamente el expediente. Están desesperados para que la concesión funcione y por eso hicieron este mamarracho de acordar con el juez, presentar un proyecto y presionar diciendo que las licitaciones van a estar operativas. Pero si avanzan, pediremos la nulidad por violar un compromiso judicial”, avisó el abogado.