La Auditoría General de la Nación (AGN) formó el equipo que trabajará en investigar el desempeño del Ministerio de Comunicación, que conduce Oscar Aguad, en la negociación de la deuda con el Estado que tiene el Grupo Macri. Como le solicitó la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, la AGN también hará su propio cálculo de a cuánto asciende la deuda que tiene el holding de la familia del presidente Mauricio Macri. Habrá una segunda auditoría, más a largo plazo, sobre el rol que jugó el Estado desde el comienzo de la deuda, en 2001. Sobre el período previo, hay informes de la AGN que recomendaban rescindir la concesión con la empresa de los Macri. 

La AGN, que conduce el peronista Oscar Lamberto, formó finalmente el grupo de auditores que se ocuparán del caso del Correo, luego de que la comisión mixta le permitiera unificar dos de las investigaciones que le había encargado. A partir de la conformación, correrán los 90 días de plazo para presentar un informe sobre dos puntos: el concurso de acreedores y el desempeño del ministro Aguad, por un lado, y el cálculo actualizado de la deuda por el otro. Según indicaron fuentes de la AGN, se destinaron a “los dos gerentes con más experiencia” para esta tarea: se trata de Oscar Figueroa y Marcelo Palacio, que coordinarán a los siete miembros. El Colegio de Auditores Generales actuará como una comisión de supervisión. El equipo de ocupará específicamente de “verificar el origen de los créditos concursales y post-concursales, la revisión de las metodologías de cálculo aplicadas y reproceso matemático, el análisis de las instancias intervinientes, la revisión de los mecanismos de actualización y de costos judiciales estimados y el análisis de recuperabilidad”. En la Auditoría, calculan que se puede llegar en el plazo previsto (90 días, con la posibilidad de prorrogarlo por 30 más), si no hay contratiempos en el acceso a la información y en la colaboración del Poder Judicial.

El único obstáculo que podría generarse es si las camaristas del fuero comercial advierten que la AGN no puede intervenir en un concurso privado (la AGN tiene solo facultades para auditar al Ejecutivo). Eso quedará a criterio de las juezas.

Hay un tercer punto que tomará más tiempo: analizar cómo se defendieron los intereses del Estado desde el comienzo de la deuda, en 2001, hasta el presente. Esta es la parte que más le interesaba al Gobierno, dado que incluía la auditoría de los 12 años del kirchnerismo, pero se tratará de una revisión mucho más larga y compleja, dado que incluye requerir información a distintos ministerios y analizar un volumen importante de material del Ministerio de Comunicaciones, la ex Secretaría de Comunicaciones y a la ex Comisión Nacional de Comunicaciones. Además, incluye “un relevamiento de los reclamos administrativos y judiciales entre el Estado Nacional y el Correo Argentino S.A. y de su continuadora Correo Oficial de la República Argentina, así como de sus controlantes desde la presentación del concurso preventivo”.

El ministro Aguad había llegado a un acuerdo con el Grupo Macri, que luego fue retirado a partir del dictamen de la fiscal Gabriela Boquin, quien advirtió que implicaba una quita del 98,87 por ciento. En el medio del escándalo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, pidió un “veredicto técnico” de la AGN, a lo que Lamberto salió a responder que eso era “un invento”. También advirtió que el Ejecutivo no podía darle órdenes a la AGN, por lo que los pedidos luego se canalizaron por la vía del Congreso.

Los nuevos informes de la Auditoría se sumarán a los dos que ya hizo en su momento, en 2001 y 2002, sobre el Correo concesionado al Grupo Macri. Uno de ellos fue firmando por Leandro Despouy: tras enumerar una extensa serie de irregularidades, recomendaba entre las opciones rescindir el contrato y perseguir el cobro de la deuda del Grupo Macri. Entre otras cosas, esa auditorías habían señalado que se incumplió el contrato cuando la empresa –de la que Mauricio Macri fue accionista hasta 2009– dejó de pagar el canon después del primer año, que el menemismo les condonó aportes patronales y les permitió computar como “inversiones” las indemnizaciones por los más de cinco mil despidos de trabajadores que ejecutaron.